La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal este miércoles sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Para poder llevar a cabo el proceso, el CPI firmó un memorando de entendimiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el que se comprometen a cooperar para esclarecer los hechos.
“Le garantizo que para esta (nueva) etapa que vamos a vivir, dejamos los ruidos de lado y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento de este acuerdo, entre las partes, para que pueda encontrarse la verdad’', dijo Maduro en una ceremonia en el palacio de presidencial de Caracas, junto al fiscal de la CPI, Karim Khan, que concluyó una visita de tres días por el país.
Aun así, el gobernante venezolano señaló que tienen “criterios diferentes sobre el paso de iniciar la investigación” pero que respetarán “los criterios que usted a esgrimido y nos acogemos profundamente al espíritu y a la letra de este documento histórico”.
Esta es la primera vez que la CPI abre una investigación formal a un país latinoamericano, con lo que Venezuela se une a un puñado de naciones en su mayoría africanas donde el organismo está investigando crímenes.
En el documento, las partes resaltaron que hasta el momento “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad’' o “si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona’'.
El memorando de entendimiento fue suscrito más de dos meses después que la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó en un documento que existe una “base razonable’' para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones políticas”, manifestó Khan. En la Corte “no somos políticos, nos guía los principios de legalidad y el estado de derecho”.
Qué decía el documento
En 2018, los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la CPI la apertura de un proceso contra el gobierno de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2020, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.
En el documento de Bensouda, que fue desclasificado y publicado el 10 de agosto de este año, la ahora exfiscal general de la CPI concluyó que en el país se habrían ‘’cometido crímenes de la competencia de la Corte” al menos desde 2017.
Bensouda dejó el cargo en junio después de nueve años en funciones. La Fiscalía de la CPI también concluyó entonces que “las autoridades (venezolanas) no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”.
Desde el Gobierno de Venezuela rechazaron estas críticas argumentando que las afirmaciones sobre una falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como “gratuitas e inveraces’'. En el memorando de entendimiento se establece que el fiscal concluyó “el examen preliminar de la situación’' en Venezuela y “determinó que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma’'.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Venezuela ratificó su postura de que las denuncias deben “ser investigadas en el país por las institucionales nacionales’' e “impartir justicia hasta las últimas consecuencias”. El gobierno además destacó que “las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad’' sin prejuicio de los derechos que el estatuto de Roma confiere.
“Este es un punto de inflexión’', dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No solo brinda esperanza a las muchas víctimas del gobierno de Maduro, sino que también es una verificación de la realidad de que el propio Maduro podría ser responsabilizado por los crímenes cometidos por sus fuerzas de seguridad y otros con total impunidad en nombre de la revolución bolivariana’'.
Por su parte, el dirigente opositor Juan Guaidó expresó en Twitter que la apertura formal de la investigación ‘’reivindica el derecho de obtener justicia que fue denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares’'.
