En una reciente entrevista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió enérgicamente la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, calificándola como “una decisión muy valiente” de la que no se arrepiente. Según el exministro de Economía, la medida fue una respuesta ineludible a una “situación crítica para la Argentina”, marcada por un severo déficit energético.
Las razones detrás de una medida estratégica
Kicillof argumentó que bajo la gestión de la española Repsol, la producción de la petrolera había sufrido una caída drástica. “Había que recuperar YPF porque con Repsol, cayó 50 % la producción, más o menos 40 % de gas”, explicó, lo que obligaba al país a importar combustibles a precios considerablemente más altos para satisfacer la demanda interna.
Además, acusó a Repsol de una deliberada falta de inversión en el país, incluso en el yacimiento estratégico de Vaca Muerta. “Se negaban a invertir en exploración, en producción”, puntualizó Kicillof, asegurando que la empresa utilizaba los fondos generados por YPF para financiar proyectos en otras partes del mundo, como Guyana o el Mar del Norte, en detrimento del desarrollo petrolero argentino.
El marco legal y la ausencia de conflicto con Repsol
El gobernador subrayó que el procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la ley de expropiación argentina, una norma que fue avalada por 208 diputados en el Congreso. Para Kicillof, la potestad constitucional del Estado para recuperar activos estratégicos está por encima de cualquier estatuto de una empresa privada. “No hay ninguna posibilidad de que el estatuto de una empresa privada esté por encima de la Constitución o de la ley”, remarcó, comparando el proceso con las expropiaciones que se realizan para obras públicas como la construcción de rutas o autopistas.
Kicillof insistió en que, tras la expropiación, se pagó una indemnización a Repsol según lo estipulado por el Tribunal de Tasaciones, cerrando el capítulo con la compañía española sin dejar “un solo conflicto judicial con nadie”.
El juicio millonario en Nueva York
Sin embargo, la medida derivó en un complejo litigio internacional que hoy amenaza las finanzas del país. El conflicto no surgió con Repsol, sino con accionistas minoritarios que se sintieron perjudicados porque el acuerdo de compensación no los incluyó. Estos accionistas iniciaron una demanda y posteriormente vendieron los derechos del litigio al fondo Burford Capital, especializado en este tipo de juicios.
Años después, la jueza neoyorquina Loretta Preska falló a favor de Burford, ordenando a Argentina pagar una cifra superior a los U$S 16.000 millones o, en una medida posterior, entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados: las acciones de YPF se derrumbaron más de un 5%, mientras que las de Burford se dispararon por encima del 20%.
Kicillof cuestionó duramente la validez y jurisdicción de este fallo, señalando que se trata del mismo tribunal que históricamente ha fallado a favor de los fondos buitre en contra de Argentina. Calificó los fundamentos del pleito como “jurídicamente flojos” y el argumento como “absurdo”, y afirmó que “nunca se podría haber pagado la cifra del estatuto porque es ilegal para el derecho argentino”. Aunque el país apeló la decisión, el fallo de primera instancia representa un desafío mayúsculo para el Estado argentino.
