El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los líderes del Congreso y de la Corte Suprema condenaron este domingo en una declaración conjunta “los actos terroristas” ocurridos el domingo en Brasilia, mientras el máximo tribunal apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, hasta que se aclaren los sucesos, y la Policía Federal anticipó que acusará a cerca de mil manifestantes que tomaron los edificios de los tres poderes.
“Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas sucedidos en Brasilia”, indicaron en una carta común que Lula publicó en su cuenta de Twitter.
La violenta revuelta popular terminó luego de cuatro horas de ocupación de los edificios de los tres poderes brasileños, donde los agresores causaron toda clase de destrozos aún no valuados desde el punto de vista edilicio y cultural.
En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal, Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos.
La medida fue adoptada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “sólo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva”, de las autoridades competentes por la seguridad pública y por la inteligencia.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Mientras continuaban los incidentes, Rocha anunció en redes sociales la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien se encuentra en Estados Unidos y fue ministro de Justicia en los dos últimos años del gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana al ahora expresidente.
Por su parte, la Fiscalía brasileña informó que se abrió una investigación “para aclarar la eventual omisión del alto comando de la Policía Militar del Distrito Federal que posibilitó o facilitó la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes en Brasilia”. La investigación puede que analice la conducta del comandante de la Policía Militar, el coronel Fábio Augusto Vieira, y del resto de autoridades involucradas.
En diversos videos del asalto del domingo, se puede apreciar cómo algunos agentes de la Policía Militar conversaban amistosamente con los manifestantes o incluso los escoltaban para llegar desde el campamento golpista hasta la plaza de los Tres Poderes, un camino de casi siete kilómetros que los manifestantes circularon sin interrupción.
El domingo, Lula decretó una intervención federal en el área de seguridad de Brasilia.
En tanto, la Policía Federal informó que va a acusar a cerca de mil personas que fueron detenidas mientras cometían actos ilícitos en flagrancia y serán llevadas al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, dijo que ya son aproximadamente 1.500 los detenidos. Entre ellos se encontraba parte de los acampantes frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, luego de que el juez De Moraes también ordenó a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.
Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1, del grupo O Globo, mostraban personas cargando carpas y bolsos, mientras dejaban el lugar, luego que De Moraes dio un plazo de 24 horas para cumplir la orden.
El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones.
Mientras tanto, la Policía de Brasil impidió este domingo que militantes bolsonaristas bloquearan el acceso a las refinerías en al menos cinco estados del país.
En calma
La capital brasileña se encontraba este domingo bajo control, pero aún se podían ver las huellas de la destrucción.
“La situación en Brasilia está controlada”, afirmó a través de Twitter el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli.
El bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años, quien colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia en la víspera de Navidad, dijo en un comunicado que el plan se montó en el lugar y contó con la participación de otros acampantes.
Además, un grupo de legisladores brasileños comenzó este lunes a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicancia de Bolsonaro en el ataque de este domingo.
