La angustia y el desasosiego impregnan el aire que se respira por estas horas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Desde el jueves último, la tensión y la inseguridad dominan la agenda política y social del devastado país caribeño a raíz de las masivas e iracundas manifestaciones antigubernamentales que tomaron las calles para exigir la renuncia del primer ministro haitiano, Ariel Henry, ante el encarecimiento del costo de la vida que se atribuye en gran medida a la fuerte suba del precio de los combustibles y de la energía.
En ese contexto de tirantez, la Policía haitiana prohibió desde ayer la portación de armas hasta nuevo aviso y advirtió que no tolerará los atentados contra la vida ni la violencia de cualquier manera.
La decisión de las autoridades policiales es en respuesta a los atracos y actos de pillaje a distintas instituciones, entre ellas Cáritas y el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Condenas
El jueves último se registraron saqueos de negocios y actos de vandalismo por todas partes en medio de las protestas generalizadas que incluyeron ataques a edificios públicos y a medios de comunicación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer “los numerosos ataques violentos contra periodistas y medios en Haití”.
La organización hemisférica de propietarios, de editores y de directores de diarios, periódicos y agencias informativas de la región deploró el reciente asalto de los exaltados a la sede de Radio Televisión Nacional de Haití (TNH), donde incendiaron tres vehículos, dañaron el edificio a piedrazos y robaron equipos de la estación pública.
Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para dispersar a los agresores y evitar “el saqueo completo de las instalaciones”, según la SIP.
El presidente de la organización, Jorge Canahuati, condenó ese y otros episodios violentos recientes, entre los que incluyó el asesinato de los periodistas Frantzsen Charles, Tayson Lartigue, John Wesley Amady y Wilguens Louissaiint. También, el del reportero gráfico Maxihen Lazarre.
Por su parte, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que “el periodismo haitiano vive este año una grave amenaza, marcada por asesinatos, intimidación, secuestro y ataques a medios”.
El también director periodístico de La Voz aseguró que en el país caribeño las trabajadoras y los trabajadores de prensa “son víctimas de manifestantes violentos, de las pandillas y grupos ilícitos: además, de la precariedad económica”.
En la escalada de violencia que no da tregua, la SIP recordó que 10 días atrás fueron agredidos tres movileros de Radio Tele Zenith: Yvenson Joinvil, Youly Destiné y Roberst Dimanche.
Cierres preventivos
Como consecuencia de la tensión extrema, Francia, España y Canadá cerraron sus embajadas en Haití hasta nuevo aviso. Lo propio hizo el Gobierno de República Dominicana, país que comparte con Haití la isla La Española.
Ambos países caribeños mantienen relaciones tirantes, en especial por el paso de haitianos por la frontera común en busca de mejores condiciones de vida.
Santo Domingo endureció su política de inmigración y construye un muro limítrofe entre los dos países.
Unos tres millones de haitianos viven en territorio dominicano, cuya población no llega a los 11 millones de habitantes, aunque el dato oficial los ubica en 500 mil. Unos siete mil dominicanos, en tanto, residen en Haití.
Las principales ciudades haitianas siguen paralizadas por las protestas permanentes en reacción a la suspensión de los subsidios al combustible, en un país con altos índices de pobreza.
El domingo pasado, alegando que el Estado carecía de fondos para continuar con los subsidios, el primer ministro, Ariel Henry, anunció un alza en los precios de los combustibles líquidos.
Inmediatamente se iniciaron movilizaciones que se intensificaron desde mediados de esta semana con bloqueos de rutas, transporte público detenido y negocios cerrados ante posibles ataques de manifestantes.
