La publicación hace unas semanas de los papeles de Pandora ha puesto nuevamente de relieve que la práctica de creación de sociedades off shore es una constante en determinados círculos sociales, políticos y económicos latinoamericanos.
Según estimaciones de Tax Justice Project, una asociación especializada en evasión fiscal, las agencias tributarias en esta área geográfica del planeta pueden dejar de ingresar en torno a 40 mil millones de dólares anuales por el uso abusivo (y no declarado) de estas personas jurídicas.
Cuatro de los primeros 10 países presentes en el conteo producido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pertenecen a la región (Argentina, Brasil, Venezuela y Guatemala). Otro indicador que delata la extensión de este fenómeno es que tres jefes de Estado en activo de la región han sido señalados por la investigación, como ya ocurrió, por caso, en 2016 con la difusión de los Panamá Papers, en los que figuraba el expresidente Mauricio Macri.
Piñera, en la mira
En el Cono Sur, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo fue por quienes han revisado los documentos salidos a la luz, por la comisión de eventuales irregularidades a la hora de desprenderse su entorno familiar de una empresa minera con sede en las Islas Vírgenes Británicas tiempo después de haber iniciado su primer mandato (2010-2014).
Lo que ha generado mayores dudas es que parte del pago vinculado a esta transacción se encontraba supeditado a una decisión política que, desde la presidencia, debía tomarse (relacionada a la protección del entorno medioambiental en el que se encuentra emplazada la explotación).
Las reacciones al interior del sistema político han sido contundentes. No solo la fiscalía reabrió, por el hallazgo de nueva evidencia, una causa ya cerrada por cohecho y delitos impositivos sobre el asunto, sino que también se inició la andadura de un juicio político en el contexto parlamentario (el segundo que afronta Piñera en esta segunda administración). Esta última acción ha sido encarada por la oposición en su conjunto y se acusa al primer mandatario de haber faltado al principio de probidad y de haber comprometido negativamente el honor nacional.
El objetivo de parte de sus promotores es que el trámite arribe al Senado antes de las elecciones presidenciales previstas para el día 21 de noviembre. Entre los factores que propiciaron la rápida activación de estos resortes previstos por la normativa se encuentra el escaso apoyo popular que detenta Piñera (según la encuesta producida por el Centro de Estudios Públicos en agosto de 2021, solo el 16 por ciento de los relevados aprueba la gestión gubernamental y un 41 por ciento evalúa negativamente a la figura presidencial).
Enlazado
En la región andina, el presidente Guillermo Lasso (Ecuador), según revelaron las fuentes del consorcio periodístico, habría sido el titular de hasta 14 sociedades (fundamentalmente, en territorio panameño). Sin embargo, habrían sido cerradas después de la aprobación, en 2017, de una ley nacional (posterior a una consulta ciudadana) que prohibía la posesión, por parte de aspirantes presidenciales y servidores públicos, de empresas en guaridas fiscales.
Dos fideicomisos fueron creados en Dakota del Sur con dinero que, aparentemente, provendría de estas sociedades disueltas. Sobre estos instrumentos jurídico-comerciales parecería que se desconoce a sus titulares. La reacción del primer mandatario ha sido ecléctica. Por un lado, reconoció que en el pasado fue poseedor de estas empresas en Panamá y que pagó impuestos por sus actividades. También aseguró que no tiene ningún tipo de relación con los fondos fiduciarios radicados en Estados Unidos.
Por otro lado, respondió con cierta virulencia en contra del medio local socio en la investigación (El Universo) por encarar contra él una supuesta campaña de desprestigio.
La respuesta por parte del poder legislativo ha sido firme. La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobó un itinerario de acciones para investigar lo sucedido. En las próximas semanas, debe elaborar un informe que presentará al pleno del órgano en el que, eventualmente, podría sugerir también el inicio de un juicio político.
La oposición ha sido muy cuidadosa durante el inicio de este proceso con el propósito de evitar que en el corto y medio plazo el investigado o terceros puedan alegar defectos de forma. Este ejercicio tiene lugar en el momento en el que entre ambos poderes existen tensiones por diferentes proyectos legislativos que han sido devueltos al Poder Ejecutivo por la autoridad parlamentaria aduciendo inconsistencias formales.
El presidente amenazó con utilizar la potestad constitucional de disolver el órgano unicameral si no aprueba sus propuestas de ley en materia tributaria y laboral.
Sin muchas repercusiones en República Dominicana
En la región caribeña, el presidente de República Dominicana Luis Abinader ha sido señalado en la investigación del consorcio periodístico como propietario de dos sociedades off shore para gestionar bienes en su país de origen. Aunque las acciones de estas personas jurídicas eran inicialmente al portador, fueron registradas, aunque con retraso, como propiedad del primer mandatario antes de su acceso a la presidencia.
En su declaración de bienes previa al arribo al poder, estas y otras sociedades (hoy gestionadas mediante un fideicomiso) estaban perfectamente descritas, siendo esto reconocido por los propios investigadores que dieron a conocer públicamente la información.
Entre los argumentos legales esgrimidos en un comunicado oficial se sostiene que, por las carencias propias del derecho societario dominicano en el pasado, la constitución de estos instrumentos resultaba fundamental para proceder a la gestión de las empresas familiares.
Si bien la oposición legislativa solicitó, apenas difundida la información a nivel mundial, aclaraciones sobre el proceso, no hubo mayores repercusiones ni políticas ni mediáticas.
