El Partido Socialista de España llegó a un acuerdo con una pequeña agrupación independentista catalana para conceder una amnistía a miles de personas implicadas en el fallido intento de secesión de la región del noreste del país a cambio de su respaldo para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, forme un nuevo gobierno.
Santos Cerdán, legislador socialista y miembro de la dirección del partido, anunció la medida en Bruselas tras sellar el pacto con el partido encabezado por Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica tras liderar el fiasco independentista catalán de 2017.
“Es un acuerdo político y de la ley de amnistía”, dijo Cerdán.
El pacto supone un gran impulso para las posibilidades de que Sánchez forme otra coalición de izquierdas para gobernar en minoría. Sánchez necesita aún el respaldo de un pequeño partido vasco, pero es probable que lo consiga.
Una amnistía fue la parte crucial de las arduas negociaciones del gobierno interino de izquierdas para obtener el apoyo de dos partidos independentistas catalanes. El respaldo del partido Junts de Puigdemont y su rival Esquerra Republicana de Catalunya, que le dio su respaldo a Sánchez la semana pasada, es vital para la reelección del presidente tras una elección nacional en julio que no arrojó un resultado definido.
Si bien tienen apenas siete bancas cada uno en el parlamento de 350, los dos partidos son los únicos que pueden permitirle a Sánchez superar el umbral de los 176 votos en una sesión de investidura prevista para los próximos días. Si no se puede formar gobierno antes del 27 de noviembre, se disolvería el parlamento y se llamaría a elecciones en enero.
La cuestión de la amnistía
La amnistía beneficiaría a Puigdemont y decenas de personas, desde funcionarios de baja jerarquía hasta ciudadanos comunes, que se encontraron en problemas con la justicia debido a su papel en el intento de secesión catalán que llevó a España al borde de la ruptura hace seis años.
Todavía está vigente el pedido judicial de extradición de Puigdemont desde Bélgica, a donde huyó en 2017 para evitar el arresto. Dado que muchos españoles lo consideran un enemigo del Estado, cualquier acuerdo que lo beneficie es políticamente tóxico.
En una declaración en catalán por separado después de la de Cerdán, Puigdemont mencionó la amnistía al pasar y no dijo palabra sobre sus perspectivas legales. Pero sí subrayó reiteradamente que el acuerdo era una gran victoria para su causa.
“No hemos aceptado que hemos cometido crimen alguno, no hemos debido pedir perdón”, dijo Puigdemont.
El dirigente catalán se enfocó en otros detalles del acuerdo, que incluyen que Madrid acepte la designación de un observador “internacional” para garantizar que ambas partes cumplan con el acuerdo. El observador internacional es un antiguo reclamo de los separatistas, ya que creen que implicaría una relación bilateral entre España y la región.
Cerdán dijo que la ley de amnistía, cuya aprobación requerirá el apoyo de varios partidos de izquierda y regionalistas, abarcará todos los delitos y presuntos crímenes relacionados con el movimiento separatista catalán desde 2012 hasta el presente.
“Han pasado seis años (desde el intento separatista) y el conflicto de fondo sigue sin resolverse”, dijo Cerdán. Y agregó: “Estamos preparados para abrir una etapa histórica… donde los errores del pasado no son obstáculos”.
Los opositores Partido Popular, conservador, y VOX, de extrema derecha, se oponen enérgicamente a la amnistía, lo mismos que muchos en el poder judicial.
Decenas de miles de personas se han manifestado en Madrid y Barcelona contra la amnistía en las últimas semanas, y el PP ha convocado a nuevas protestas el domingo.
Las negociaciones por la amnistía también han caído bajo el radar de la Unión Europea, cuyo comisionado de Justicia, Didier Reynders, envió un pedido de informes al gobierno español días atrás.
Probablemente, será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional de España.
