Santos Cerdán, secretario de organización del Psoe y número tres de este partido aseguró desde Bruselas que el escollo de la amnistía “se había superado” y daba por cerrado con Junts, el partido de Carles Puigdemont, el voto afirmativo para la investidura del socialista Pedro Sánchez.
También aseguró que “el pacto era para toda la legislatura”. A través de los documentos filtrados, no sólo se incluye la amnistía, también la negociación futura de un referéndum dentro del marco de la constitución española y la participación directa de Cataluña en instituciones europeas e internacionales.
Mientras tanto, en Madrid miles de personas simpatizantes del Partido Popular y de diversas organizaciones de extrema derecha, como VOX y Falange, continuaron por quinta vez consecutiva llenando las calles adyacentes de la sede del Psoe. En la calle se repitieron las consignas –”Pedro Sánchez a prisión”– y diversos altercados con cargas policiales.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se apresuró el pasado miércoles a marcar distancias respecto a estas concentraciones y acusó al Psoe de este malestar social. Por su parte, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, aseguró en redes sociales que “el avance social y la convivencia valen la pena” y que “no romperán el Psoe”.
Dos relatos
Este pacto –difícil por su contranatura– es el que causa esta profunda división política en España: para los que ahora están en la calle “España se rompe”, mientras que, para la izquierda española que apuesta con una política más blanda para con Cataluña, esta “se recompone”. En el baile está y estará el triunfo de uno de los dos relatos.
Lo cierto es que tanto para Sánchez como para Puigdemont hay un altísimo riesgo político personal. Más aún con esta especie de jornadas patrióticas de Mayo protagonizada por los refractarios al “diálogo” y al “reencuentro” que hacen que el Psoe cruce un punto mediático de no-retorno del cual ya no puede salir indemne.
Si Puigdemont dice no –cosa ya improbable– se daría paso a una repetición electoral donde el Psoe no podrá igualar los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio. La clave estará en vender el producto a diferentes auditorios: si para los votantes del Psoe Sánchez propone simplemente desarrollar el truncado Estatuto catalán de 2006, Puigdemont propone a los votantes de Junts relanzar un referéndum, ahora amparándose al artículo 92 de la Constitución española, un artículo que vagamente dice “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El malhumor en ambos lados está servido.
Paralelamente, Sánchez y el Psoe pretenden que este pacto sea la herramienta para la reincorporación de los independentistas catalanes al sistema político español; un compromiso para una nueva etapa que, a ojos de muchos catalanes, los socialistas ofrecen prometiendo cambiar cosas para que nada cambie.
Para la derecha española, ahora radicalizada en la calle, la amnistía prometida por Sánchez es una enmienda a la totalidad a la política represiva estatal con respecto a Cataluña. Aplicar el olvido –ese es el origen de la palabra amnistía– significa para el PP y VOX abrir una nueva brecha de esa herida llamada Cataluña que, huelga decir, desde 1978 supura desafecto fruto de una pátina de cierta violencia estructural, apenas disimulada por la cesura olímpica de 1992.
Sea como sea, el Rubicón ya se ha cruzado. Sánchez y el Psoe en España estará siempre “manchado” por esta cesión al diálogo. Y para los independentistas catalanes más intransigentes Puigdemont ha cedido inútilmente porque los socialistas no podrán garantizar nada de lo prometido. Ni siquiera la amnistía, que pronto estará en manos de un Poder Judicial contrario a la política de aproximación del Psoe y a toda cesión al independentismo.
La pelota, por eso, sigue rondado. Y para unos y otros ese es el sentido último del pacto.
* Docente e historiador
