En un nuevo capítulo en la política estadounidenses de sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado apuntó hoy contra una filial de una empresa argentina, ExCle, por haber aportado las máquinas de votación y el software utilizados en las recientes elecciones legislativas de Venezuela, a las que Washington consideró "fraudulentas".
El secretario de Estado, Mike Pompeo, no solo identificó como objeto de las nuevas sanciones a la filial venezolana Ex-Cle CA, sino que informó que su codirector, administrador y accionista mayoritario, el empresario con doble ciudadanía argentina e italiana Guillermo Carlos San Agustin, y el otro codirector, presidente y accionista minoritario, el venezolano Marcos Javier Machado Requena, también fueron alcanzados.
Esto significa que tanto la empresa como los dos directivos verán cualquier activo que tengan en Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense congelados, y, además, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses a hacer negocios con ellos.
En su comunicado, publicado en la página web del Departamento de Estado, Pompeo acusó a Ex-Cle CA no solo de aportar el software que, según afirmó sin mostrar evidencia, permitió "manipular" los resultados, sino de convencer a las autoridades electorales de comprarles máquinas de votación chinas, "a través del sistema financiero ruso" para evitar el sistema de sanciones estadounidenses existente.
La empresa argentina Ex-Cle fue fundada en 1998 para ofrecer "soluciones que integran tecnologías de última generación a sistemas de procesamiento de datos, utilizando la biométrica y de gestión de empresas como herramientas clave", según su página web.
En 2004 abrió su oficina en Venezuela y, según informa, comenzó a ofrecer servicios a empresas y entidades gubernamentales. Tres años después, siempre según su web, encabezó un "proyecto de transferencia tecnológica y sala de digitalización para el Consejo Nacional Electoral de Venezuela".
En 2012, fue la responsable de implementar el llamado Sistema para Validación de Identidad en las elecciones presidenciales de ese año, las últimas antes de la muerte del entonces presidente Hugo Chávez.
Pompeo explicó que sancionó a la filial venezolana y a sus directivos por participar con su tecnología en las recientes elecciones legislativas, que fueron boicoteadas por los principales partidos opositores, intervenidos por el Estado en los últimos meses.
Pese a una abstención récord, el oficialismo venezolano recuperó el control de la Asamblea Nacional, en manos desde la última elección de la oposición.
?Aquellos que buscan socavar las elecciones libres y justas en Venezuela deben ser hechos responsables?, sentenció el jefe de la diplomacia del Gobierno saliente de Estados Unidos, justo el mismo día que circularon rumores en la prensa norteamericana sobre la intención del presidente electo, Joe Biden, de abrir un diálogo con el Maduro.
Aunque Biden también reconoce al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y responsabiliza al Gobierno de Maduro por múltiples violaciones a los derechos humanos y la crisis humanitaria denunciada por la ONU, criticó duramente durante la campaña electoral la política casi exclusiva de sanciones de Trump contra Caracas.
