El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política migratoria que obliga a los inmigrantes que buscan residencia legal o ciudadanía a superar una evaluación de “antiamericanismo”. La medida, comunicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), generó críticas de abogados y defensores de migrantes, quienes advierten que otorga a los oficiales un margen excesivo de discrecionalidad para rechazar solicitudes en función de criterios subjetivos.
Según el comunicado oficial, los agentes deberán considerar si un solicitante “respaldó, promovió, apoyó o defendió” puntos de vista antiestadounidenses, antisemitas o terroristas. “Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”, afirmó Matthew Tragesser, vocero de Uscis. El organismo no precisó qué conductas encajarían en la definición de “antiamericanismo”, ni cómo se aplicaría la norma. La falta de parámetros claros preocupa a especialistas en derecho migratorio, que temen que los criterios personales de un funcionario influyan de manera decisiva en el futuro de un solicitante.
Elizabeth Jacobs, directora de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, sostuvo que la norma busca dar un marco explícito para identificar conductas cuestionables. Reconoció, sin embargo, que la discrecionalidad seguirá vigente.
Puertas al abuso
Para los críticos, esa discrecionalidad abre la puerta a abusos. “Lo preocupante es que se habilita el uso de estereotipos, de prejuicios y de sesgos como factores de decisión en casos que impactan en la vida de las personas”, señaló Jane Lilly López, profesora de Sociología en la Universidad Brigham Young.
La política se enmarca en una serie de cambios aplicados desde la administración de Donald Trump. Entre ellos, figuran el escrutinio de redes sociales de los solicitantes y la ampliación de la evaluación de “buen carácter moral” en procesos de naturalización. Bajo este criterio, no sólo se valora la ausencia de mala conducta, sino también los aportes positivos del inmigrante.
“Esto significa que los solicitantes deben esforzarse más por presentar pruebas que demuestren que cumplen con los estándares del Gobierno”, explicó López.
El alcance constitucional de la medida también genera debate. Jacobs sostiene que los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a quienes no son ciudadanos estadounidenses ni se encuentran dentro del país. En cambio, abogados defensores de inmigrantes remarcan que la Ley Fundamental protege a todas las personas presentes en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio.
Jonathan Grode, socio gerente del bufete Green and Spiegel, interpretó la medida como una continuación de la línea adoptada por el trumpismo. “Esto es lo que eligió el electorado. La administración interpreta las reglas de la manera que cree conveniente. La política siempre ha sido reducir el margen de aprobación de solicitudes. La ley sigue siendo la misma”, indicó.
Incertidumbre
Más allá de las discusiones jurídicas, la exigencia podría tener efectos inmediatos sobre miles de personas que esperan avanzar en procesos de residencia o de ciudadanía. Los expertos coinciden en que la falta de definición sobre qué constituye el “antiamericanismo” genera incertidumbre. Mientras algunos creen que la política apunta a prevenir riesgos vinculados a la seguridad nacional, otros advierten que puede derivar en exclusiones arbitrarias de solicitantes que simplemente expresaron críticas legítimas hacia el país que los acoge.
Defensores de derechos civiles recuerdan que el concepto de antiamericanismo ha sido históricamente ambiguo y, en ocasiones, utilizado para desacreditar a voces disidentes. La preocupación es que opiniones políticas, protestas pacíficas o críticas a la política exterior estadounidense sean interpretadas como motivos de rechazo en procesos migratorios.
Tensiones en aumento
La medida, que comenzó a aplicarse esta semana, marca un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria. Por un lado, refuerza el mensaje de que los beneficios migratorios son privilegios sujetos a estrictas condiciones. Por el otro, profundiza las tensiones en torno a los derechos de los inmigrantes, la discrecionalidad de los agentes y la línea difusa entre seguridad nacional y libertad de expresión.
En un país donde más de 45 millones de personas son inmigrantes –casi el 14% de la población–, las implicancias de esta política podrían ser significativas tanto en lo jurídico como en lo social. En los próximos meses, se espera que tribunales y organizaciones civiles planteen impugnaciones legales, mientras miles de solicitantes deberán enfrentar un proceso cada vez más exigente e incierto.
