La defensa del excandidato presidencial Edmundo González denunció el miércoles que la Fiscalía General de Venezuela rechazó recibir un documento en que se explicaban las razones por las que se abstuvo de comparecer a declarar en una investigación penal abierta en su contra tras las elecciones presidenciales de julio.
El abogado José Vicente Haro indicó a la prensa que funcionarios de la Fiscalía rechazaron recibir el documento argumentando fallas técnicas en su sistema de datos.
Haro afirmó que González está dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones como consecuencia del “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le han precalificado delito, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delito”.
En el documento también se hace un llamado a la Fiscalía para que retome el “debido cumplimiento de la Constitución” y a que “no pretenda judicializar, pretenda criminalizar actos o consideraciones de carácter político”.
El abogado defensor resaltó que a González se le ha violado su derecho a “la presunción de inocencia”. El lunes un juez que lleva casos relacionados con el terrorismo emitió una orden de detención contra el exdiplomático por petición de la Fiscalía General.
González, citado a declarar
González fue citado por la fiscalía en tres ocasiones, la última el 30 de agosto, para que declarara en una investigación por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
Maduro, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González.
En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación y divulgadas mediante una plataforma digital— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.
Los resultados anunciados por el CNE fueron ampliamente cuestionados por la oposición y la comunidad internacional por falta de transparencia.
Ante las críticas, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— que hiciera un peritaje al proceso electoral. Éste certificó el 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.
Según la petición de la fiscalía, González es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, junto a la líder opositora María Corina Machado, han denunciado ser perseguidos por las autoridades. El exdiplomático señaló al fiscal general Tarek William Saab de ser un “acusador político” que “condena por anticipado”.
Saab —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— ha acusado repetidamente a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados”.
