La administración Donald Trump revocó la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, intensificando su batalla con la prestigiosa institución.
La medida fue anunciada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional que implica que miles de estudiantes internacionales actuales deben transferirse a otras escuelas o abandonar el país.
Según la agencia, Harvard creó un “entorno inseguro en el campus” al permitir que “agitadores antiestadounidenses y pro-terroristas” ataquen a estudiantes judíos. La administración también acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista chino, afirmando que albergó y entrenó a miembros de un grupo paramilitar chino tan recientemente como en 2024. Como supuesta evidencia de esto último, se proporcionó un enlace a un artículo de Fox News que citaba una carta de republicanos de la Cámara.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que “esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”. La acción implicó la revocación de la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que le quita a la escuela la capacidad de patrocinar visas para estudiantes internacionales.
Harvard inscribe a casi 6.800 estudiantes extranjeros en su campus en Cambridge, Massachusetts, lo que representa más de una cuarta parte de su cuerpo estudiantil. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países. La universidad calificó la acción como ilegal y está trabajando para proporcionar orientación a los estudiantes. En un comunicado, Harvard afirmó que “esta acción retaliatoria amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”.
La disputa tiene su origen en una solicitud del 16 de abril de la Secretaria Noem, quien exigió a Harvard entregar información sobre estudiantes extranjeros que pudieran estar implicados en violencia o protestas que pudieran llevar a su deportación. En una carta reciente a Harvard, Noem indicó que la sanción es “el resultado desafortunado del incumplimiento de Harvard con simples requisitos de reporte”.
La sanción prohíbe a Harvard albergar estudiantes internacionales para el año escolar 2025-26, pero añadió que la universidad puede recuperar esta capacidad si entrega una lista de estudiantes extranjeros dentro de 72 horas. Su solicitud actualizada exige todos los registros, incluyendo grabaciones de audio o video, de estudiantes extranjeros participando en protestas o actividades peligrosas en el campus.
Esta sanción abre un nuevo frente en la batalla de la administración Trump con Harvard. La universidad, la más antigua y rica del país, fue la primera en desafiar abiertamente las demandas de la Casa Blanca para limitar las protestas propalestinas y eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El gobierno federal respondió previamente recortando 2.600 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard, forzándola a autofinanciar gran parte de su vasta operación de investigación. El presidente Donald Trump manifestó su deseo de despojar a la universidad de su estatus de exención de impuestos.
Muchos de los castigos a Harvard provienen de un grupo de trabajo federal sobre antisemitismo que argumenta que la universidad no protegió a los estudiantes judíos del acoso y la violencia en medio de una ola nacional de protestas propalestinas. Funcionarios de Seguridad Nacional hicieron eco de estas preocupaciones, citando un informe interno reciente en Harvard que encontró que muchos estudiantes judíos informaron haber enfrentado discriminación o prejuicio en el campus.
La administración Trump utilizó el sistema diseñado para rastrear el estatus legal de los estudiantes internacionales como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar medidas enérgicas contra la educación superior. Lo que antes era una base de datos administrativa se convirtió en una herramienta policial, con funcionarios de inmigración revocando el estatus a estudiantes directamente en el sistema. Estos esfuerzos fueron desafiados en los tribunales, resultando en la restauración de estatus y una orden judicial a nivel nacional que bloquea a la administración de perseguir más terminaciones.
Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, calificó la última acción como un “exceso ilegal y mezquino” y expresó su preocupación de que envíe un efecto “muy desalentador” a los estudiantes internacionales que buscan estudiar en Estados Unidos.
