Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga desde hace un año y medio por cinco presuntos delitos. Su declaración, que tuvo lugar en los tribunales de Plaza Castilla en Madrid, fue breve, duró apenas 15 minutos, y se limitó a responder exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor.
La línea de investigación en esta ocasión se centra en una posible malversación de dinero del Estado. El juez Peinado busca esclarecer si Gómez solicitaba a su asistente, Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos, que se ocupara de cuestiones privadas. Entre estas, se mencionan asuntos vinculados a una cátedra que la esposa del presidente co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Según lo informado por Clarín, Begoña Gómez declaró que en 2018, al llegar Pedro Sánchez a La Moncloa, ella sugirió el nombre de Cristina Álvarez para el puesto, justificando que la conocía desde hacía tiempo, habían trabajado juntas y eran amigas. Sin embargo, afirmó desconocer cómo fue el proceso de contratación de Álvarez.
Sí reconoció que su asesora pudo haberle realizado algún “favor personal”, como responder correos electrónicos relacionados con la cátedra de la Complutense. Una hora antes de su ingreso, Cristina Álvarez, también citada, se negó a declarar. El juez Peinado ha solicitado a la universidad madrileña todos los correos electrónicos en los que Álvarez figure como remitente o destinataria desde 2018.
Los delitos por los que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez
Las sospechas del juez Peinado apuntan a que Begoña Gómez podría ser responsable de hasta cinco delitos: malversación, intrusismo, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por una asociación de ultraderecha, conocida por impulsar causas penales que a menudo son archivadas, y basada en recortes periodísticos.
Además, se descubrió que Begoña Gómez disponía de una cuenta de correo electrónico del Palacio de la Moncloa, y el juez solicitó todo su contenido desde 2018.
Reacciones políticas por las declaraciones de Begoña Gómez
Las declaraciones de Begoña Gómez generaron una ola de críticas desde la oposición. Marta Castro, abogada de Vox, lamentó que Gómez “no ha aclarado nada”, quejándose de la falta de explicaciones tanto en el juzgado como en el Congreso. Vox, liderado por Santiago Abascal, se personó en la causa contra la esposa de Sánchez para tener voz en un eventual proceso penal.
Desde el Partido Popular (PP), la portavoz parlamentaria Ester Muñoz fue contundente: “Los españoles no tenemos por qué pagar los favores que se le hacían a Begoña Gómez desde Moncloa”. Insistió en que no se debe pagar el sueldo a una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde la Moncloa, y cuestionó el problema ético y moral de utilizar la sede de trabajo de su marido para beneficios personales.
La declaración de Begoña Gómez se produce en un momento de intensas acusaciones de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. Un día antes, el Tribunal Supremo de España resolvió abrir juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por sospechas de un delito de revelación de secretos. Este último está acusado de presuntamente haber dado a conocer correos electrónicos donde el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía delitos fiscales. La pena para este delito puede ir de dos a cuatro años de prisión y la suspensión del cargo.
Este clima de señalamientos llevó la corrupción al centro del debate político en España. En el Congreso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le espetó a Sánchez: “La corrupción no se ha ido porque usted está aquí”. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó al “corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción” mediante ataques anti-israelíes.
