La proximidad del invierno –que se avizora glacial– y el empeoramiento sin cesar de la crisis energética en el continente a medida que Rusia ajusta el torniquete sobre las exportaciones de gas natural obligan a los líderes de los 27 países que integran la Unión Europea (UE) a destinar millones de euros para proteger a las empresas y a los hogares del sensible aumento de las tarifas del servicio y de los combustibles.
A su vez, les imponen esfuerzos de creatividad administrativa para concienciar a la ciudadanía comunitaria acerca de la necesidad de reducir la demanda de energía con la ilusión de frenar, mediante la combinación de medidas, el alza sostenida de los precios de la economía y de la espiral inflacionaria.
Este martes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llamó a los jefes de Estado y de Gobierno a dejar de lado las diferencias respecto de qué respuesta debe dar el bloque político a la crisis energética que lo afecta con mayor o menor gravedad y cuál es la vía más directa para alcanzar los consensos impostergables en la cumbre que mantendrán este jueves y el viernes próximo en Bruselas, Bélgica.
Cartas en la manga
Durante el plenario, los mandatarios evaluarán las propuestas que encargaron una semana atrás a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que se conocieron ayer. La minuta contempla una batería de medidas legislativas para avanzar en varios frentes a la vez con el propósito de limitar el precio del gas y reducir las facturas de los hogares y de las empresas.
Otra sugerencia plantea como reto capitalizar al máximo la influencia negociadora de la UE como bloque mediante las compras conjuntas de gas y desarrollar un nuevo índice de referencia que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado del gas de acuerdo con el nomenclador holandés de facilidad de transferencias de títulos (TTF, por sus siglas en inglés) que se toma en la actualidad como punto de referencia para determinar el precio del gas en Europa.
Michel también propone a los líderes europeos realizar intervenciones del mercado a corto y largo plazo, por ejemplo, “poniendo techo al precio del gas utilizado para producir electricidad, replicando un modelo similar al implementado en España y en Portugal”.
Otra clave en la agenda que espera a los jefes de Estado y de Gobierno del continente será el apoyo a Ucrania frente a la escalada de la agresión de Rusia, con bombardeos en zonas civiles y con la destrucción de infraestructura esencial, así como el modo de reforzar la vigilancia y protección de infraestructura crítica de la UE ante el riesgo de sabotajes como el dirigido contra los gasoductos de Nord Stream 1 y 2, de los que aún se desconocen de manera fehaciente los motivos y la autoría material.
Excepción a la regla
A todo esto, la comisaria responsable de los fondos de Cohesión, Elisa Ferreira, adelantó este martes la posibilidad que ofrecerá Bruselas a los estados miembro de reprogramar unos 40 mil millones de euros de los fondos de Cohesión previstos para el período 2014-2020 que no han sido ejecutados aún y que los gobiernos podrán reconducir hacia la mitigación del impacto de la crisis económica en las facturas de los hogares y de las empresas.
“Es importante señalar que la política de Cohesión no es un instrumento de respuesta a contextos críticos, pero debemos reaccionar cuando los ciudadanos y las pymes se ven golpeados por una crisis que no cesa”, razonó la socialista portuguesa en una rueda de prensa desde Estrasburgo (Francia).
Vale aclarar que el Fondo de Cohesión de la U, creado en 1994, permite financiar proyectos medioambientales y de redes transeuropeas a estados miembro cuya renta nacional bruta (RNB) sea inferior al 90 por ciento de la media del bloque.
Tensión en Francia
En la antesala de la cumbre de Bruselas, los líderes de los países miembro del bloque siguen con atención la huelga en Francia motorizada por trabajadores ferroviarios, camioneros, choferes de ómnibus, docentes secundarios de algunos gremios combativos y profesionales y empleados de hospitales públicos a partir del llamado a parar del sindicato petrolero para exigir aumentos salariales y en protesta por la intervención del Gobierno del presidente Emmanuel Macron para romper las medidas de acción directa dispuestas por las trabajadoras y los trabajadores de refinerías.
Ayer, menos de la mitad de los trenes funcionaban en la red sur del país galo, lo que provocó demoras durante las horas de mayor demanda del servicio.
Protestas similares se replican en otras partes de Europa contra el impacto de la inflación en los bolsillos de los trabajadores.
Por caso en Alemania y en Suecia, los trabajadores de las aerolíneas exigieron aumentos salariales acordes con la inflación acumulada, al igual que los de las empresas ferroviarias.
En Reino Unido, personal médico y de enfermería paró por idéntico motivo, mientras que, en Francia, la central sindical de izquierda CGT rechazó el aumento de salarios ofrecido por la petrolera TotalEnergies y aceptado el viernes por dos sindicatos del sector y ratificó la exigencia de incrementos salariales sobre la base de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas debido –interpretan– al aumento de los precios del petróleo y del gas a medida que la guerra rusa en Ucrania agrava la crisis.
