- Prometió expulsar a 11 millones de indocumentados con el discurso más xenófobo.
- Pero encontró amplias resistencias jurisdiccionales y judiciales.
- Deportó a menos cantidad de gente que sus antecesores.
Lo hizo durante la campaña que lo llevó a la presidencia, en 2016, pero también apenas asumió: con un feroz discurso antiinmigración y racista, Donald Trump prometió que expulsaría de Estados Unidos a 11 millones de inmigrantes indocumentados.
El ahora exmandatario no sólo no cumplió, sino que –según cómo se cuente– terminó su mandato con las cifras más bajas de deportados desde la administración de Bill Clinton.
En efecto: según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, hubo 975 mil inmigrantes expulsados en sus primeros tres años de gobierno (aún no se procesaron las cifras de 2020). Eso implica un promedio anual de 325 mil deportaciones, un número más bajo si se compara con los 3,06 millones durante la gestión de Barack Obama (382 mil por año).
Ahora bien: ese es el número oficial de "remociones", que implican una orden judicial de por medio. Pero si se toma también la cantidad de "retornados" (incluye, por ejemplo, a quienes se atrapa intentando ingresar al país), la diferencia es aún mayor.
En ese caso, Trump sumaría 1,4 millones de expulsados en sus primeros tres años (469 mil por año), versus 5,2 millones de Obama (650 mil anuales), 10,3 millones de George Bush (1,3 millones anuales) o 12,3 millones durante la gestión de Bill Clinton (1,5 millones al año), según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Como es obvio, esta realidad no se dio por las omisiones o la falta de voluntad de Trump, sino todo lo contrario. ¿Qué ocurrió?
Muchos especulan que el endurecimiento de la política migratoria desalentó a mucha gente a entrar a Estados Unidos, pero no fue tan así: la cantidad de extranjeros viviendo en ese país siguió aumentando, y pasó de 43,7 millones en 2016 a 45 millones en 2019.
Lo que sí hizo Trump fue aceptar la menor cantidad de refugiados en muchos años. Esa reducción en la cuota de aceptación a los solicitantes de asilo se redujo casi a cero en los casos de algunos países musulmanes, hacia quienes la hostilidad del expresidente fue explícita. Por ejemplo, casi no se admitió a nadie de Irak, Somalia, Irán o Siria desde 2016.
Pero en el caso de las deportaciones, casi no hubo cambios: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas decía que el número de deportaciones era "extremadamente bajo", acusando falta de recursos y "limitaciones judiciales y legislativas".
Y por ahí viene entonces el principal cambio: según un documento del Migration Policy Institute (MPI), los arrestos y deportaciones por motivos de inmigración adquirieron mucha visibilización pública debido a las operaciones de aplicación de la ley en el lugares de trabajo altamente visibles. Pero las deportaciones masivas no pudieron cumplirse debido “a la resistencia de los funcionarios estatales y locales que han avanzado en políticas de ‘santuario’, que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE).
Es decir que fue clave la resistencia de las jurisdicciones locales, que en algunos casos hasta protegieron a los trabajadores ilegales, además de los límites que la Justicia se encargó de hacer cumplir.
La gran pregunta es: ¿por qué esos gobiernos locales y la Justicia no actuaron igual, por ejemplo, bajo el mandato de Obama, a quien los mejicanos llamaban “el gran deportador”? ¿Las instituciones pusieron límites sólo cuando el peligro era brutal e inminente y venía de la mano de una figura antipática?
Las primeras señales de Joe Biden son alentadoras. Pero… ¿hay motivos para creer que las medidas del nuevo presidente irán ahora en otro sentido, aun cuando fue el vice de Obama y aun cuando bajo ese gobierno se prometió al principio que se regularizaría el sistema inmigratorio?
¿Por qué las instituciones no actúan cuando deben hacerlo, y no sólo cuando tienen la presión de los medios y de una figura “diabólica” que sacude la cotidiana banalidad del mal?
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