El presidente colombiano Gustavo Petro propuso subir los impuestos en Colombia como parte de un ambicioso proyecto de reforma fiscal, su primera gran propuesta legislativa con la que espera conseguir los recursos suficientes para hacer frente a sus promesas, incluido el combate a la pobreza.
La reforma incluye una reducción de beneficios tributarios para los más ricos, impuestos para el sector minero y de petróleo y de “lucha contra la evasión”. Además, propone la creación de un impuesto permanente al patrimonio o a la riqueza para las personas que tengan bienes superiores a 3.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a unos 461.000 dólares.
Se trata de la primera reforma en ser anunciada luego de la juramentación de Petro con la que espera recaudar ingresos por 25 billones de pesos colombianos para el 2023, que equivalen a 5.760 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno espera que el recaudo aumente progresivamente y al final del mandato de Petro en el 2026 el recaudo anual sea de 50 billones de pesos anuales, es decir, 11.590 millones de dólares.
Dicho recaudo progresivo dependería también del crecimiento económico del país. “Cuando crece la economía, a su vez, empiezan a crecer los ingresos individuales’', dijo a The Asociated Press Isidro Hernández, docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado.
Por el monto a recaudar, es más ambiciosa que la reforma que sacó adelante en 2021 el gobierno de expresidente Iván Duque (2018-2022) quien tuvo que cambiar por completo su propuesta inicial luego de multitudinarias manifestaciones en contra de una mayor recaudación de impuestos que, según los inconformes, afectaba el bolsillo de la clase media y los más vulnerables. Duque logró que les aprobaran un recaudo de 15,2 billones de pesos.
Petro arranca su mandato con las mayorías en el Congreso, compuestas por la bancada de izquierda y partidos tradicionales que se unieron a su coalición. La reforma tributaria será el primer medidor de la solidez de sus mayorías.
La víspera, Petro dijo en su discurso de toma de posesión que se trata de un acto de solidaridad, en el que quienes tienen más recursos pagarían más impuestos mientras el Estado los dirige hacia los más vulnerables.
La reforma aumentará el recaudo de renta a las personas naturales al eliminar algunas exenciones. “Nuestro objetivo es que paguen las personas de más de 10 millones de ingresos mensuales (2.300 dólares) que son el 2% de la población de más altos ingresos’', detalló a la prensa el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
El ministerio aseguró en un comunicado que las personas que reciban ingresos menores a 2.300 dólares mensuales no tendrán variaciones en su impuesto de renta, que ya existía para quienes obtengan ingresos anuales de más de 11.500 dólares, es decir, que mensualmente reciban ingresos de aproximadamente unos 966 dólares.
Sin embargo, los pagos que realizan dependen de las deducciones y las rentas exentas, este sería el cambio que tendrían las personas de mayores ingresos: el valor a pagar subiría al limitarse beneficios tributarios.
De la capa más pudiente de la sociedad, hay quienes contribuirían con una tasa superior con el impuesto a la renta y al patrimonio, o sólo con uno de los dos, dependiendo de los ingresos de cada quien, explicó Hernández.
El proyecto busca imponer una nueva carga tributaria de 4,6% a la exportación de petróleo, 7,6% a la de carbón y 7,8% del oro. El ministro considera que los tres sectores se están beneficiando de “altísimos precios internacionales’' y su aporte ayudaría a financiar el gasto social.
Hernández aseguró que se trata de un impuesto nuevo para el sector minero energético que va en concordancia con la idea del nuevo gobierno de acelerar la transición energética y desestimular el modelo extractivista.
También serían eliminados otros beneficios tributarios preferenciales como los precios de la gasolina en zonas de frontera, debido estarían generando mayor contrabando de Colombia a Venezuela, según Ocampo.
La propuesta incluye nuevos impuestos a bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados, “con el fin de que los consumidores cambien a hábitos más saludables”, según explicó Ocampo. Así como gravar la venta e importación de productos plásticos utilizados para envasar y empacar por única vez para desincentivar su producción y uso.
