La muerte del senador opositor Miguel Uribe Turbay, a causa de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, sumió a Colombia en una tensión política. Su fallecimiento, tras dos meses de hospitalización, no sólo generó dolor sino también una ola de acusaciones directas contra el presidente Gustavo Petro, quien, junto a su gobierno, se ausentó de las honras fúnebres a petición de la familia del fallecido.
La ausencia del mandatario en la catedral de Bogotá fue explicada tanto por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, como por el propio Petro.
Benedetti comunicó que el presidente había expresado su interés en asistir, pero que la familia de Uribe Turbay prefirió que ni el presidente ni su gobierno estuvieran presentes en los actos fúnebres.
Por su parte, el presidente Petro afirmó en sus redes sociales: “No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”. A pesar de la decisión familiar, Benedetti fue uno de los pocos miembros del Ejecutivo presentes en la capilla ardiente en el Senado.
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, se había consolidado como una destacada voz de la oposición al gobierno de Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, e incluso había lanzado su precandidatura presidencial.
La investigación sobre su magnicidio apunta a que disidencias de la Segunda Marquetalia habrían ordenado el crimen, y seis personas fueron detenidas en relación con el hecho.
Sin embargo, sectores de derecha, incluyendo políticos en campaña, sugirieron un vínculo del gobierno y del presidente Petro con el crimen. El expresidente Álvaro Uribe, uno de los críticos más férreos de Petro, acusó directamente al actual mandatario de proferir un “discurso presidencial instigador” que, según él, motivó a grupos armados a asesinar a Uribe Turbay.
En un mensaje leído durante el homenaje al senador –dado que Álvaro Uribe se encuentra bajo prisión domiciliaria–, el exmandatario expresó: “Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república”. Álvaro Uribe relacionó esto con acusaciones de Petro hacia Julio César Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe y expresidente, sobre su “Estatuto de seguridad”.
Además, Álvaro Uribe extendió sus críticas a la política exterior, cuestionando una supuesta propuesta de Petro para que militares colombianos defendieran la “tiranía narco comunista de Maduro” frente a una posible acción armada de Estados Unidos. En ese contexto, hizo un llamado a Estados Unidos, Reino Unido e Israel para que presten inteligencia militar en la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio.
El presidente Petro rechazó las acusaciones, afirmando que las indagaciones judiciales no relacionan el asesinato con “odios sectarios de la política”. Anunció que se defenderá legalmente contra quienes lo acusan o insinúan su vinculación, llevando a tribunales a quienes “están buscando más crímenes por odio”.
El mandatario colombiano expresó su repudio ante la situación, declarando: “Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos”.
El asesinato del congresista del partido Centro Democrático exacerbó las diferencias y odios políticos en el país, evidenciado por el cruce de declaraciones entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Este clima de polarización contrasta con el llamado de María Claudia Tarazona, viuda del senador, quien clamó por paz, unión, justicia y no venganza.
