Paradojas de la política: en octubre de 2020 el 78 por ciento de los chilenos votó por un cambio de Constitución, poco menos de dos años después el 62 por ciento rechazó el nuevo texto constitucional. Algo pasó en el medio.
La Constitución que por ahora seguirá rigiendo a Chile está signada por una mancha que ni siquiera las sustanciales reformas producidas entre 1989 y 2005 le pudieron sacar: nació en 1980, en pleno apogeo de la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet.
Para muchos chilenos la Constitución vigente quedó al fin purgada de cláusulas autoritarias justamente en 2005, durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos.
Para otra parte de la sociedad chilena, sin embargo, el texto constitucional que data de 1980 conserva una ilegitimidad de origen.
Las masivas movilizaciones y disturbios desarrollados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, tras la suba de las tarifas en el sistema público de transporte de Santiago, crearon el clima propicio para motorizar un cambio en la Carta Magna que fuera más allá de los acostumbrados parches.
Crisis de representatividad
La llegada al poder de la izquierda, con Boric de presidente y una versión proclive a tomar distancia del centro de equilibrio, permitió albergar la ilusión de un nuevo clima de época que ayudaría a que la nueva Constitución exhibiera un contraste rotundo con el texto pergeñado en 1980.
La evidencia muestra que esa distancia del centro de equilibrio quedó demasiado proyectada en el nuevo texto constitucional, desnudando la pequeña gran confusión en la izquierda gobernante con respecto a los resultados que le dieron el triunfo a Gabriel Boric en noviembre de 2021: en ese acto electoral la sociedad chilena no le libró un cheque en blanco.
La convención constitucional encargada de redactar la nueva ley madre de los chilenos fue dominada por convencionales provenientes de espacios independientes: de los 155 miembros de esa convención, 88 fueron postulados por espacios ajenos a los partidos políticos y por distintas colectividades, a los que se sumaron los 17 escaños reservados a los pueblos indígenas.
La preponderancia de independientes, mayoritariamente emparentados con la cosmovisión de izquierda, desnudaron la crisis de representatividad de la política tradicional.
Progresimos y conservadurismo
La Constitución que los chilenos rechazaron en las urnas el domingo 4 de septiembre contaba con 388 artículos orientados a ampliar fuertemente los derechos sociales y la regulación ambiental, además de asignarle al Estado un rol más activo en la promoción del bienestar social.
De la convención constituyente integrada por 77 mujeres y 78 hombres (hecho inédito en Chile y en el mundo) surgió, por otra parte, un texto constitucional que, de haber sido aprobado, garantizaba plena paridad de género y una importante presencia de representantes indígenas en la esfera pública para configurar de esa manera un Estado plurinacional.
Con esa impronta, la malograda nueva carta magna chilena fue considerada una de las más “progresistas” del mundo. Pero algo falló para que la sociedad le diera la espalda de manera tan contundente.
Jeanne Simón, académica de la Universidad de Concepción, brindó a la agencia española de noticias EFE una explicación sencilla, pero muy precisa sobre las causas del rechazo a la nueva Constitución:
Gonzalo Müller, profesor de la Universidad del Desarrollo, opinó en charla con la misma agencia noticiosa que “el triunfo del rechazo es la gran derrota de una ideología que pretendió imponerles a los chilenos la plurinacionalidad y muchos otros conceptos muy ajenos a su idiosincrasia”.
Dificultades ideológicas
Sobre la voluntad inicial de cambio operaron como un freno varios ítems. Las pulsiones conservadoras de la sociedad chilena se reactivaron sobre todo ante propuestas que llevaban al país a una dimensión totalmente novedosa: de una “república democrática” a una “república paritaria” (sustentada en la igualdad de género en todos los órganos del Estado); de la exclusión de los pueblos originarios a un “Estado plurinacional e intercultural”; de la protección de la vida del ser que está por nacer al derecho al aborto; del reconocimiento de la propiedad del agua al agua como bien “inapropiable” y de un Congreso Nacional bicameral a un “Congreso de Diputadas y Diputados” para la formación de leyes, con una “Cámara de las Regiones” acotada a “leyes con acuerdo regional”.
Por alguna razón, la ampliación de derechos para sectores históricamente excluidos fue interpretada por la porción mayoritaria de la sociedad chilena como una desmedida limitación a sus propias libertades.
Quizás el punto más inquietante del texto constitucional desaprobado fue el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional (extrapolando la experiencia de Bolivia), justo cuando las pretensiones mapuches en regiones del sur del país se proyectan como una amenaza para la integridad nacional: para los que alentaron el rechazo no fue difícil enarbolar la idea de “una Constitución sin corazón chileno y con base indigenista”.
