El ancestral conflicto en la región de La Araucanía (puerta de entrada al sur de Chile), originado a partir de los reclamos históricos de los pueblos originarios al Estado trasandino, registró este viernes un nuevo episodio de violencia que actualizó una discusión abierta desde hace tiempo y que en la actualidad ocupa un lugar destacado en la agenda política del país vecino, dado que la Asamblea Constituyente, presidida por la dirigente mapuche Elisa Loncón Antileo, avanza en la redacción de una nueva Constitución.
El diputado Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli denunció este viernes la quema de una vivienda y de maquinaria en una explotación agrícola de su propiedad, ubicada en Traiguen, ciudad de la provincia de Malleco, a 659 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país.
El legislador del conservador partido Renovación Nacional contó que el ataque incendiario ocurrió a la madrugada y que fue perpetrado por “nueve sujetos, con el rostro cubierto y portando armas”.
El parlamentario y exgobernador de la provincia de Malleco (designado en el cargo en 2010 por el presidente Sebastián Piñera) precisó que los agresores iniciaron el fuego en tres bodegas donde había tractores y maquinaria de trabajo. También, acopio de semillas de trigo, de avena, de lupino, fertilizantes y vehículos, según publicó el diario El Mercurio.
“Acto seguido irrumpieron en la casa (...) iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose después a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja (en la finca), al que apuntaron con armas y lo obligaron a levantarse y a salir de la vivienda, que ya se encontraba en llamas”, continuó el relato.
Rathgeb calificó de “dementes” a los responsables de lo ocurrido e insistió en que se trata de un “hecho de carácter terrorista”.
El abogado y productor agropecuario prometió seguir en su rol de parlamentario para continuar “alzando la voz para que esto no se reitere”.
Según Carabineros (policía militarizada chilena), los agresores dejaron pancartas en las que se lee: “Fuera las forestales del territorio mapuche, fuera los ‘milicos’, nuestros muertos serán reivindicados”. Los panfletos aluden al estado de emergencia declarado en octubre por el Gobierno central en La Araucanía y Bío Bío, que permite la militarización creciente de la región.
El jueves, un miembro de la comunidad mapuche murió en la región de Bío Bío tras cruentos enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
A comienzos de semana, el presidente Sebastián Piñera había pedido al Congreso del país prorrogar el estado de emergencia en La Araucanía y en Bío Bío por otros 15 días contando desde el 11 de noviembre.
El 12 de octubre, día en el que los chilenos conmemoran el “encuentro entre dos mundos” (antes Día de la Raza), el mandatario chileno decretó el estado de excepción y la militarización de esa zona del sur del país convertida en escenario de ataques, de incendios y de violentos enfrentamientos con mapuches que reivindican tierras ancestrales.
Miradas opuestas
Mientras que las figuras más conservadoras del espectro político sostienen que la militarización es la única forma de garantizar la seguridad de la población en las regiones de referencia, los detractores, la oposición y las organizaciones indígenas coinciden en que sólo pone más tensión sobre el conflicto.
En ese escenario caldeado, un video difundido el jueves a través de redes sociales mostraba a medio centenar de encapuchados armados, identificados por los letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir “con armas” a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
En la actualidad, cuatro provincias de las regiones de Bío Bío y La Araucanía se encuentran bajo estado de excepción. Hacia allí se desplazaron más de dos mil efectivos militares y se llevan arrestadas más de 30 personas sobre las que pesaba una orden de detención, según información oficial.
Las regiones de Bío Bío y La Araucanía ocupan una superficie de 55 mil kilómetros cuadrados aproximadamente. Se trata de un área fértil apta para cultivos agrícolas, con bosques extensos y con volcanes nevados, donde viven unos 2,7 millones de personas.
Los principales reclamos al Estado chileno de los pueblos originarios en general y del mapuche en particular son el reconocimiento de la autonomía jurisdiccional, la recuperación de tierras ancestrales, la libertad económico-productiva y la aceptación de una identidad cultural.
Con la recuperación de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los reclamos mapuches comenzaron a ser escuchados y cobraron fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.
Hoy, mientras algunos sectores consideran que la nueva Constitución que dictarán los constituyentes que se encuentran en plenas deliberaciones contemplará las demandas históricas de tierra y la autodeterminación, algunos líderes indígenas tienden mantos de dudas sobre la posibilidad de que sean satisfechas sus reivindicaciones históricas en la próxima ley fundamental.
