El proceso de desgaste de la imagen del presidente chileno Gabriel Boric relacionado con el indulto a 13 condenados comunes decretado el 30 de diciembre último no cesa y la aceleración del ritmo del limado que se advierte desde el comienzo de esta semana avisa, sin sutilezas, que la crisis política y social se encamina a convertirse en la peor desde que Apruebo Dignidad –la coalición que reúne al Frente Amplio con el Partido Comunista, entre otras fuerzas progresistas–, asumiera el gobierno del país sudamericano, el 11 de marzo del año pasado.
La liberación de los llamados “presos de la revuelta” –un compromiso de campaña asumido por el actual mandatario quien no logró el consenso parlamentario necesario para aprobar una amnistía y lo obligó a firmar el perdón especial asumiendo todos los costos ulteriores– ya causó dos bajas sensibles en su gabinete: las renuncias con carácter indeclinable de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos y del jefe del equipo de colaboradores dilectos de Boric, Matías Meza–Lophandía.
Ambos funcionarios cumplían roles centrales en el Ejecutivo y marchaban al mismo paso del jefe de Estado trasandino desde los tiempos de militancia en Convergencia Social (CS) y, antes, cuando las luchas populares en demanda de educación gratuita y de calidad los encontró en las calles, en 2011 y 2012.
Nueva estocada
La coalición opositora de derecha y centroderecha Chile Vamos presentó el lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional para revocar los indultos concedidos por Boric.
Francisco Chahúan, presidente del partido conservador liberal Renovación Nacional dijo que la iniciativa tiene como principal objetivo revisar “desde el punto de vista jurídico” el indulto concedido a siete de los beneficiados por la medida de gracia presidencial.
En su opinión, algunos decretos “no están fundados adecuadamente” y tienen “errores de hecho y de forma” que podrían llevar al tribunal colegiado y autónomo –cuya función principal es ejercer el control constitucional de las leyes chilenas–, a dejarlos sin efecto.
Por su parte, el presidente de Unión Democrática Independiente, Javier Macaya, recordó que en otras ocasiones se respetaron los indultos cuando “estuvieron motivados por cuestiones humanitarias o razones de salud”.
A propósito, cabe recordar que el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) concedió 928 indultos; Eduardo Alfredo Frei: 343; Ricardo Lagos (2000-2006): 240; la exmandataria y anterior comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 67 en su primer periodo. Sebastián Piñera, en tanto, aprobó 24 indultos por decreto en su reelección.
La oposición insiste en que en el proceso de perdón no se cumplieron premisas fundamentales como que el beneficiario no tuviera antecedentes penales.
Por caso, uno de los indultados es Luis Castillo quien tenía cinco condenas y 26 causas judiciales entre 2005 y 2017. El último perdonado es José Mateluna un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo armado chileno de ideología marxista-leninista que actuó de manera violenta durante la dictadura de Augusto Pinochet y en los primeros años de la democracia recuperada. Al momento de recibir el perdón presidencial, el exguerrillero purgaba en la cárcel una condena de 16 años de prisión por su participación en un asalto perpetrado en 2013 contra la sucursal del Banco Santander en Pudahuel, al noroeste de Santiago.
Errores asumidos
El Gobierno chileno reconoció una serie de “desprolijidades” en la ejecución de la medida que se saldaron con la salida de Ríos y la de Meza-Lopehandía y con declaraciones del propio presidente acerca de que cuando se dan ese tipo de situaciones, se deben “asumir responsabilidades”.
Por su parte, la vocera presidencial, Camila Vallejo, consideró que si bien los indultos se ajustan a la ley, no se cumplió el requisito del mandatario de excluir a quienes “tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”. También admitió que si Boric hubiese tenido todos los datos “la situación habría sido distinta”.
Amplia mayoría, en contra
Según una encuesta elaborada por la empresa de investigación de mercado Cadem, un 72 por ciento de la población chilena está en contra de los indultos, mientras que un 37 por ciento considera que habría que revocarlos a todos, independientemente de si hay antecedentes criminales o no.
La medida de gracia que favoreció a Mateluna recaba aún menos apoyos. El 81 por ciento de los encuestados está en contra de su indulto.
