La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, emitió este miércoles una resolución histórica que podría redefinir las obligaciones legales de los Estados frente al cambio climático. En una opinión consultiva de más de 500 páginas, el máximo tribunal global advirtió que los países que no adopten medidas adecuadas para proteger el sistema climático podrían estar incurriendo en una violación del derecho internacional. Se trata de un hito jurídico que podría tener amplias consecuencias legales y políticas en el escenario global.
Durante la audiencia, el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que “el incumplimiento de un Estado en tomar medidas apropiadas para proteger el sistema climático puede constituir un acto internacionalmente ilícito”. Este dictamen, aunque no vinculante, representa un giro trascendental en la consolidación del derecho internacional ambiental, al reconocer que el cambio climático es una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad.
La resolución surge como respuesta a una solicitud de la Asamblea General de la ONU realizada en 2023, tras años de presión por parte de las naciones insulares del Pacífico, encabezadas por Vanuatu. El país oceánico lideró una coalición de más de 130 naciones que impulsaron la iniciativa legal, motivadas por la necesidad de justicia climática ante la falta de acción de los grandes emisores de gases de efecto invernadero.
Cuestiones fundamentales
El fallo de la CIJ aborda dos cuestiones fundamentales: cuáles son las obligaciones legales de los países en relación con el cambio climático y qué consecuencias pueden enfrentar si su inacción o sus políticas resultan en daños significativos al medio ambiente. En ambos casos, la corte fue clara: los Estados están obligados, bajo el derecho internacional, a actuar para mitigar las emisiones y proteger los ecosistemas, y su negligencia puede dar lugar a responsabilidades legales.
Una de las afirmaciones más contundentes de la CIJ fue la consagración del derecho a un entorno “limpio, saludable y sostenible” como un derecho humano. Este reconocimiento, inédito en el marco de este tribunal, podría abrir la puerta a nuevas demandas legales, tanto entre Estados como por parte de ciudadanos o comunidades afectadas. También puede fortalecer el uso de instrumentos internacionales como los tratados de inversión para responsabilizar a los países que violen este principio.
La repercusión de esta opinión consultiva ya se hizo sentir dentro y fuera del tribunal. La audiencia, celebrada en el Gran Salón de la Justicia de La Haya, estuvo colmada de representantes y observadores internacionales, mientras que activistas climáticos se congregaron en las afueras con pancartas que decían: “Los tribunales han hablado. La ley es clara. Los Estados deben actuar ahora”.
El contexto científico que sustenta la decisión es alarmante: en la última década, el nivel del mar aumentó unos 4,3 centímetros a nivel global, con tasas más elevadas en el Pacífico Sur, poniendo en riesgo la existencia misma de islas y poblaciones enteras. Asimismo, el planeta ya se ha calentado 1,3 grados Celsius respecto de la era preindustrial, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles.
Supervivencia, en riesgo
“Lo que está en juego no podría ser más grave: la supervivencia de mi pueblo y de muchos otros”, dijo ante la corte Arnold Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu, en una de las audiencias celebradas en diciembre de 2023.
La resolución también representa una oportunidad para reforzar otras acciones legales y decisiones judiciales en favor del ambiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, estableció recientemente que los países tienen el deber legal no solo de prevenir el daño ambiental, sino también de restaurar los ecosistemas afectados. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en la misma dirección, y en 2019, la Corte Suprema de los Países Bajos obligó al gobierno neerlandés a reducir sus emisiones de carbono para proteger a su población.
Aunque la opinión de la CIJ no tiene fuerza ejecutiva directa, su valor radica en el peso moral y legal que tiene sobre los países miembros de la ONU, incluidos los mayores emisores del planeta, como Estados Unidos, China, India y Rusia. No obstante, no todos los Estados están dispuestos a aceptar sus implicancias: tanto Estados Unidos como Rusia manifestaron su oposición a que la corte imponga reducciones obligatorias de emisiones, argumentando que las decisiones sobre políticas energéticas deben ser soberanas.
Para los países que se resisten a dejar atrás los combustibles fósiles, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una advertencia: “Podrían quedarse sin dinero si siguen así”.
Más allá de los debates políticos, la resolución representa una victoria para los movimientos sociales y las naciones más vulnerables. “Este caso es fundamental porque aborda el pasado, el presente y el futuro de la acción climática. No se trata sólo de objetivos futuros, sino también de responsabilidad histórica”, concluyó Joie Chowdhury, abogada del Centro para el Derecho Ambiental Internacional.
