En 2021, cuando Nayib Bukele actualizó su bio en X para decir “El dictador más cool del mundo”, sus palabras coqueteaban con una realidad que aún no mostraba sus máximos alcances.
Pero el 31 julio de 2025, la profecía lanzada por redes sociales por fin se cumplió: con 57 votos a favor y sólo tres en contra, la Asamblea Legislativa aprobó un cambio constitucional que le permitiría a Bukele gobernar indefinidamente.
Entre simpatizantes y críticos por igual, este último asalto a la democracia no es del todo sorprendente.
La presidencia de Bukele ha estado marcada desde un principio por todos los sellos de un déspota en ciernes: sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, reducción y reconfiguración del Poder Legislativo, y, más recientemente, forzar al exilio a periodistas y a activistas disidentes bajo La Ley de Agentes Extranjeros.
No obstante, hay poca duda de que el voto del 2 de agosto constituye el capítulo más siniestro –por ahora– en lo que solo puede describirse como el vertiginoso descenso de El Salvador hacia la tiranía.
Imagen de intocable
De momento, el presidente salvadoreño parece intocable. Su política radical de seguridad ha transformado, pese a graves violaciones de derechos humanos contra –supuestos o reales– pandilleros, la capital mundial del homicidio en uno de los países más seguros del hemisferio occidental, ganándose un apoyo masivo tanto en casa como en el extranjero.
Además, se ha visto fortalecido aún más por una oposición débil, su amistad con Donald Trump y la denominada “nueva derecha” mundial, y el conspicuo silencio de los líderes occidentales.
Si bien sólo a un 1,4% de los salvadoreños les parece problemático que el poder esté concentrado en manos de una sola persona, según una encuesta de LPG Dato, Bukele deberá enfrentar obstáculos para mantener el poder en el futuro.
¿Qué pasará cuando la “paz” de Bukele se vuelva costumbre? ¿O cuando el país se vea azotado por una crisis económica, social o ambiental? Parece improbable que el autoproclamado dictador aceptase devolverle el poder y dar paso a un nuevo gobierno ante una derrota electoral.
La erosión democrática
El cambio constitucional, que redujo los límites al mandato presidencial, pasó junto con la extensión del período presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral, y la reducción del mandato de Bukele adelantando las elecciones presidenciales de 2029 a 2027 para alinearlas con las elecciones legislativas y municipales con la intención de capitalizar su arrastre electoral.
Estos son sólo los últimos ataques contra la frágil democracia de El Salvador.
Apenas un año después de su primera elección presidencial en 2019, Bukele evocó recuerdos de la guerra civil que marcó los años 1980.
Flanqueado por soldados fuertemente armados, irrumpió en el Congreso para exigir un préstamo de U$S 109 millones destinado a su “guerra” contra las maras.
Luego, en 2021, avanzó sobre el Poder Judicial, purgando a las cortes y reemplazando jueces independientes con jueces leales a su partido, Nuevas Ideas.
Sin embargo, 2022 fue su verdadero momento canónico, con el establecimiento del “estado de excepción”, que ha sido renovado, hasta la fecha, 41 veces por la Asamblea Legislativa.
Durante décadas, El Salvador quedó atrapado en el fuego cruzado entre las infames pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en sus dos facciones (Sureños y Revolucionarios), cuyo control se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana.
Los ataques contra negocios eran comunes, al igual que los asesinatos violentos que ocurrían con frecuencia e impunidad.
Incluso, muchas familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela porque el viaje implicaba atravesar territorios de pandillas en conflicto. Casi todos los aspectos de la vida social eran limitados al barrio y al hogar.
Como las maras salvadoreñas no jugaron un papel importante en el narcotráfico internacional como el crimen organizado mejicano y colombiano, la extorsión violenta componía su principal fuente de ganancias.
En 2014, el Banco Central estimó que el costo de la extorsión en El Salvador era equivalente a más del 3% del producto interno bruto (PIB); ese mismo año, el gasto público en educación representó el 3,8% del PIB.
Todas las administraciones previas a la de Bukele prometieron contener a las maras, pero todos fracasaron en acabar con el derramamiento de sangre. Claramente, la mano “dura” no fue lo suficientemente “firme”.
Esas promesas rotas, hechas una y otra vez por los dos partidos dominantes –la derechista Area y el izquierdista FMLN– no hicieron más que reforzar el sentimiento de caos entre la población.
Los errores de la oposición
A pesar de su popularidad en auge como alcalde de Nuevo Cuscatlán durante su afiliación con el FMLN, donde Bukele empezó su carrera política en el 2012, las relaciones entre el exgerente de un club nocturno convertido en político y su antiguo partido se fueron deteriorando.
En octubre de 2017, el FMLN por fin lo expulsó aduciendo “actos difamatorios” en su contra, tras un incidente en el que se lo acusó de haber lanzado una manzana a un compañero de partido.
Pero esa decisión pronto se convertiría en su desgracia: durante las elecciones legislativas y municipales del año siguiente, en las cuales Bukele se había perfilado para ganar, el FMLN sufrió derrotas aplastantes.
Esto se debió, en parte, a que un Bukele resentido había alentado a los votantes a anular su voto o a quedarse en casa durante las elecciones.
Con el FMLN recién despojado de su histórica mayoría en la Asamblea Legislativa, Arena y la derecha en general estaban listas para tomar el control.
El trato hostil del FMLN hacia Bukele le ha jugado en contra desde su ascenso a la presidencia en 2019. Sus críticos, dentro y fuera del FMLN, han centrado, en gran medida, sus ataques en sus políticas de seguridad, una estrategia fallida por varias razones.
En primer lugar, el encarcelamiento masivo de pandilleros es la base misma de la popularidad de Bukele.
Los intentos de desacreditarlo por violaciones a los derechos humanos en el contexto del Plan Control Territorial contra las pandillas no calan en un electorado cuyos propios derechos fueron pisoteados por los mismos pandilleros que la oposición ahora parece estar defendiendo.
En segundo lugar, y más importante aún, el aspecto más visible del “bukelismo” es solo la punta del iceberg. Aunque el desprecio flagrante de Bukele por los derechos y las libertades de los detenidos (sin juicio, en megacárceles como el Cecot) merece mucha crítica, es el retroceso democrático más amplio —el control total de las instituciones, la reelección indefinida y una concentración de poder sin precedentes— lo que representa la amenaza más duradera para el futuro de la nación centroamericana.
¿Una calma efímera?
Nadie debería sorprenderse por la popularidad de un personaje como Bukele en un país como El Salvador. Al fin y al cabo, vivir sin miedo a la violencia es un derecho humano básico del que el país careció durante demasiado tiempo.
La capacidad de Bukele de proveer seguridad donde todos sus predecesores fallaron estrepitosamente explica no solo su asombrosa popularidad, sino también la apuesta del pueblo salvadoreño a tirar por la borda su propia democracia.
Pero en la región abundan las lecciones de lo que viene después. Aunque Bukele ha cultivado un apoyo más alto y de una forma mucho más rápida, no debemos olvidar que también hubo un momento en que Daniel Ortega disfrutó de un apoyo significativo en Nicaragua, al igual que Chávez en Venezuela.
Como Bukele, esos líderes prometieron curar enfermedades que supuestamente no tenían remedio; pero cuando sus pueblos ya no quisieron la medicina, fue demasiado tarde.
De momento, la reelección indefinida queda oculta bajo la popularidad de Bukele. Después de todo, esto le otorga una apariencia de legitimidad democrática en el sentido más limitado de la palabra.
Sin embargo, en un futuro, tal vez no tan distante, el pueblo salvadoreño puede ser asfixiado por la mano dura que en el pasado le dió “respiro”.
Investigadora en la Universidad de Oxford y Royal Holloway de la Universidad de Londres.
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