RÍO DE JANEIRO. La policía federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 35 personas de participar en un extenso plan en el que se utilizó a la agencia nacional de inteligencia para espiar a miembros del poder judicial, legisladores y periodistas.
El Supremo Tribunal Federal desprecintó el miércoles el documento de 1.125 páginas, el cual se suma a los problemas legales del exmandatario derechista.
Según el documento de la policía federal, Bolsonaro estaba al tanto del plan y era su principal beneficiario. El investigador Daniel Carvalho Brasil Nascimento, quien preside la pesquisa, identificó a uno de los hijos del expresidente —el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro— como miembro clave de la operación.
La indagación de la policía gira en torno a una llamada estructura paralela dentro de la agencia de inteligencia de Brasil.
“(Bolsonaro y Carlos) fueron responsables de definir las directrices estratégicas de la organización criminal, de elegir a los objetivos de las acciones clandestinas (contra opositores, instituciones, el sistema electoral) para obtener beneficios políticos de estas operaciones”, destacó la policía federal. “Son el centro de decisión y los principales beneficiarios de ventajas ilícitas”.
Bolsonaro, complicado judicialmente
Bolsonaro, quien gobernó al país entre 2019 y 2022 y ya está inhabilitado por el tribunal electoral de Brasil para postularse en las elecciones del próximo año, se encuentra actualmente en juicio por acusaciones de que intentó llevar a cabo un golpe de Estado para permanecer en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro niega haber cometido cualquier irregularidad y afirma que es objeto de una persecución política.
Uno de los cargos por los que Bolsonaro será sentenciado en el caso del golpe de Estado es precisamente por encabezar una organización criminal, por lo que la policía federal no pudo solicitar una nueva acusación de este tipo en el documento dado a conocer el miércoles, ya que ambas investigaciones están entrelazadas.
“Si fuera acusado nuevamente por los mismos hechos, esto probablemente resultaría en una prohibición llamada prohibición obis in idem, una fórmula en latín que significa doble castigo o doble acusación por el mismo acto”, dijo João Pedro Padua, profesor de derecho en la Universidad Federal Fluminense.
La evidencia que se dio a conocer el miércoles aún puede utilizarse en la investigación del golpe de Estado.
Celso Vilardi, abogado de Bolsonaro, dijo a The Associated Press que aún no había analizado el informe de la policía federal y las acusaciones contra su cliente.
La policía federal de Brasil también acusó a Luiz Fernando Corrêa —director de la agencia nacional de inteligencia durante el gobierno de Lula— de interferencia indebida en las investigaciones. Empleados de la agencia emitieron el martes un comunicado en el que exigen la renuncia de Corrêa, quien no respondió a una solicitud de comentarios.
El Supremo Tribunal Federal entregará la investigación al fiscal general Paulo Gonet, quien decidirá si el caso irá a juicio ante el máximo tribunal.
El año pasado, la policía arrestó a cinco personas en relación con el caso, bajo la sospecha de que se hacía mal uso de la agencia de inteligencia brasileña.
Los documentos judiciales revelaron que varias autoridades estaban siendo investigadas de forma ilegal, incluidos los expresidentes del Congreso Arthur Lira y Rodrigo Maia, jueces del Supremo Tribunal Federal, funcionarios de la agencia ambiental de Brasil, el exgobernador de Sao Paulo João Doria y destacados periodistas políticos.
____
Savarese informó desde Sao Paulo.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
