LIMA. Una comisión parlamentaria de Perú archivó el viernes tres denuncias constitucionales por el delito de asesinato en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas en las que se exigía su renuncia hace más de dos años.
Casi inmediatamente de asumir el poder en diciembre de 2022, tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, Boluarte enfrentó una series de protestas al sur del país que dejaron 50 civiles muertos. Más de la mitad de las víctimas fallecieron por disparos de arma de fuego, según las autopsias.
Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.
Ante esos hechos, parlamentarios opositores presentaron tres denuncias por asesinato. Pero la comisión de acusaciones constitucionales que las tramitaba consideró ahora que no existe “una relación directa” entre las acusaciones contra Boluarte y los hechos ocurridos.
Pese al archivo, la presidenta mantiene otra denuncia por asesinato enviada al Parlamento por la fiscalía, además de su presunta responsabilidad en las lesiones de 75 manifestantes. También tiene otras denuncias por abandono del cargo, enriquecimiento ilícito y colusión durante su gestión iniciada en 2022.
La situación de Boluarte
Aunque la presidenta no tiene bancada parlamentaria y su popularidad es mínima, según las encuestas, su gobierno recibe el apoyo legislativo de los partidos Fuerza Popular, dirigida por la política conservadora Keiko Fujimori, y de Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad, César Acuña.
En Perú, los presidentes tienen inmunidad hasta cinco años después del final de su mandato. Una vez que la fiscalía efectúa una denuncia ante el Parlamento, la cámara puede autorizar que un mandatario sea juzgado por la Corte Suprema apenas abandone el cargo.
La mandataria asumió el 7 de diciembre de 2022 después de que el Congreso destituyera a Castillo, quien poco antes había intentado disolver el Parlamento para evitar ser removido del cargo y seguir gobernando por decreto. Boluarte era su vicepresidenta.
El exmandatario está en prisión preventiva, mientras es investigado por corrupción y enjuiciado por rebelión.
