Por Nicolás Paulín (MP 10.370), presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
Argentina está inmersa en una suerte de tormenta reaccionaria que se expresa bajo una barbarie verbal y reglamentaria que, en nombre de la libertad y de la estabilidad económica, avanza sobre el funcionamiento institucional con el sentido común como único respaldo teórico.
La pretensión del Gobierno nacional de desregular el ejercicio profesional en el país es una clara demostración de esa avanzada y ya cuenta con el rechazo unánime de la mayoría de las instituciones civiles que tienen, entre otros roles, custodiar la legalidad y la ética de estas funciones.
Esto se debe, básicamente, a que la consecuencia directa de lo que se plantea en el pretendido proyecto de Ley de Regulación Profesional es la desprotección de la sociedad en términos de calidad y seguridad.
De este modo, la libertad termina siendo una vez más –otra en la corta historia nacional- la excusa para debilitar los mecanismos de control que la sociedad tiene a mano para garantizarse un servicio profesional seguro.
Como ya han expresado otros colegas e instituciones de profesionales, se confunde la regulación como si fuera un privilegio, cuando se trata acciones orientadas a garantizar el seguro y buen funcionamiento de la sociedad.
Nuevamente, el criterio economicista con el que se mide la realidad vuelve a poner en crisis la garantía de asegurar derechos que implican confiar en profesionales de la salud, de la construcción y de las ciencias exactas, entre otras múltiples disciplinas y áreas.
En rigor, la verdad es todo lo contrario: la existencia de una regulación profesional permite su orden y control, que es la libertad social, es decir, la que cuida los derechos de la gente.