Los precios de los servicios públicos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, similar al que depara la compra de alimentos y artículos para el mantenimiento del hogar, por la incesante suba de precios.
La sucesión de incrementos operados en los distintos rubros reduce en forma notable el poder de compra de quienes tienen ingresos fijos, la mayoría de los cuales recién se actualizará entre marzo y mayo próximos.
Un insumo clave, como es el caso de los combustibles, ya registró dos incrementos en el primer bimestre de este año, luego de un aumento promedio de 33 por ciento en 2017. Desde diciembre último, las naftas acusan un alza de 14 por ciento.
La electricidad registra en Córdoba un incremento de 58 por ciento desde octubre último, pese a que es este uno de los servicios más cuestionados por los usuarios debido a las periódicas interrupciones y caídas en la calidad del suministro.
La provisión de agua potable tuvo un aumento de 11,2 por ciento desde enero último, en tanto registró subas de 20,7 por ciento en enero de 2017 y de 13,8 por ciento en julio de ese año.
La simple enunciación de servicios imprescindibles para el hogar debe incluir también el dato de que, desde abril próximo, las prestaciones de Ecogas –que atiende el suministro de gas natural para Córdoba, para La Rioja y para Catamarca– tendrán un incremento promedio de 46 por ciento para los usuarios residenciales.
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La escala, que incluye ítems como el costo del gas en boca de pozo, transporte y otros costos asociados, será de entre 36 y 51 por ciento, de acuerdo con el consumo actual y el registrado en períodos similares del año anterior.
En lo que respecta a la suba del costo del metro cúbico de gas en boca de pozo, que representa alrededor del 60 por ciento del valor de las tarifas, el pedido se basa en el sendero de incrementos –en dólares– que estableció el Ministerio de Energía en 2016.
Según ese cronograma, el combustible pasó de un valor de 3,77 dólares por millón de BTU (medida calórica de referencia) en octubre de 2016 a 4,19 dólares un año después. El valor seguirá creciendo hasta alcanzar a fines de 2019 un precio de referencia del orden de los 6,80 dólares por millón de BTU.
Este panorama anticipa un duro golpe al bolsillo de trabajadores y jubilados, cuyo ritmo de mejora en sus haberes no será –con seguridad– similar al esquema de actualización de los servicios públicos impulsado por el Gobierno.
Es evidente la necesidad de recuperar valores internacionales, después de años de absurdo congelamiento tarifario, para no agravar la desinversión en las empresas públicas y concesionarias. Pero la lenta recuperación de la economía y, por ende, del empleo torna aconsejable un manejo prudente por parte de las autoridades en la convalidación de los incrementos solicitados por las empresas prestadoras. Estas, a su vez, deben extremar la mejora de costos internos para aliviar el peso de la carga sobre los usuarios.
La delicada situación social impone actuar con prudencia al momento de fijar los precios de servicios públicos imprescindibles.
