La investigación judicial por el suicidio de un joven en la provincia de Misiones ha reactualizado una vieja polémica –que ya debiera haber sido superada– en torno de las llamadas "terapias de conversión" de la orientación sexual.
Una organización que defiende el derecho a la identidad sexual y el derecho a la identidad de género solicitó a la Justicia que investigara si un joven misionero fue "instigado" al suicidio tras haberse sometido a supuestas "terapias de reconversión" por parte de miembros de una agrupación religiosa. Entre otras medidas, pidió la participación de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y Personas LGBTIQ+ (Ufem).
La organización cuenta con el apoyo de los familiares del muchacho, quienes aseguraron que “padecía persecución, hostigamiento y discriminación por parte de Testigos de Jehová”, culto al que supo adherir, aunque “en el último tiempo había dejado de frecuentar".
El testimonio familiar señala que miembros de dicha agrupación religiosa lo habrían convocado a una “audiencia judicial” para abordar su “conducta descarada”, un eufemismo que sancionaba su orientación sexual, “contraria a la esperada por la Iglesia”.
Más allá del credo implicado en este caso particular, lo cierto es que son numerosos los grupos religiosos que en su momento promovieron el uso de las llamadas “terapias de conversión” para abordar la cuestión de la homosexualidad.
El objetivo de esas “terapias” es corregir la homosexualidad y cualquier otra práctica sexual que se consideren desviadas o malas. Entrelíneas, entonces, impera la noción de que hay un sexo bueno y correcto contra otros que representan todo lo contrario. El esquema sexual que se defiende como paradigma de lo correcto es el de la heterosexualidad.
Estos pretendidos tratamientos ya fueron denunciados en el país hace una década, cuando se debatía el matrimonio igualitario y algunas organizaciones señalaron la existencia de varios “centros de conversión” a los que acudían numerosos padres en demanda de asistencia para sus hijos adolescentes.
Luego, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estas “terapias” como dañinas, contrarias a la ética y sin fundamento científico, por lo que representan una grave amenaza a la salud, vulneran los derechos humanos y podrían constituir una forma de tortura.
En algunos países han sido prohibidas por ley, una vez que se ha probado, además, que suelen dar lugar a maltratos físicos y psíquicos, así como al uso indebido de fármacos.
Como es lógico, la libertad y el respeto son los dos principios básicos de nuestra organización social, que deben regular todas las relaciones que establece el individuo. Sea con un par, sea con una institución.
Así como cada credo ejerce la libertad religiosa y espera ser respetado por todos los demás, con base en lo que dictan las leyes argentinas, lo mismo debería hacer cada credo frente a cada individuo: respetar sus decisiones y su libertad, que también están garantizadas por ley.
