A fuerza de insistir con sus declaraciones, diversos dirigentes políticos, juristas e intelectuales afines al oficialismo –o al ala kirchnerista de la coalición gobernante– están instalando en la sociedad argentina la necesidad de que se conceda a convictos diversos el derecho al indulto o a la amnistía, lo que mejor funcione para el caso.
Un derecho que, siguiendo esa lógica, debería alcanzar no sólo a unos cuantos exfuncionarios procesados o condenados sino a todo ciudadano que haya tenido problemas con la Justicia por un delito contra la propiedad o haber cedido a la humana tentación de asaltar un banco.
La banal naturaleza del debate, como la mayor parte de los que se producen y se reproducen en el país, radica en la firma del instrumento adecuado al logro de tal propósito: o el Congreso de la Nación produce una amplia amnistía o el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, los indulta a todos. El problema radica en que unos no quieren y otros no se animan.
O sea, nadie quiere ser el padre de la criatura, porque todos temen que su espantosa belleza deje ciego a más de uno.
En suma, los senadores que lo impulsan pretenden que el presidente Alberto Fernández se haga cargo de esa tarea no muy higiénica, mientras que este quiere que sea el Congreso el que se responsabilice de ese perdón. Por las dudas, la Cámara Baja ya anticipó que tiene temas menos comprometedores para tratar en agenda.
Como en la paradoja de la fortaleza, los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no pueden entrar.
Que este tema surja como prioritario –en medio de los problemas logísticos de la vacunación y del regreso a las escuelas– no resulta sin embargo extraño, dado que forma parte de la agenda política desde hace años, dada la costumbre de algunos jueces de andar repartiendo citatorios y elevar causas a juicio.
Pero nunca se había dado con tanta claridad que el asunto muestre unidos por el espanto a oficialistas y opositores, en clara demostración de que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
También para esto hay buenas razones, porque la generosidad de quienes hoy ejercen el poder ofrece un paraguas para todos, una de esas ofertas que nadie podría rechazar. O al menos eso sostenía aquel célebre mafioso de ficción, Vito Corleone, en la película El padrino.
En alusión a otro éxito cinematográfico, puede deducirse que en esta moderna versión del naufragio del Titanic, el hecho de se ofrezcan botes salvavidas para todos explica el silencio de quienes deberían fijar clara posición al respecto.
Pero lo trágico de la cuestión radica en que se pretenda instaurar la noción de que los investigados o condenados por la Justicia son perseguidos políticos y como tal deben ser reverenciados.
Aún más triste resulta constatar que nuestra sociedad es indiferente a la discusión, convencida como está desde hace mucho de que en la Argentina la impunidad siempre termina siendo la regla.
