Las excusas y las atribuciones cruzadas de responsabilidades suelen ser habituales cada vez que un organismo oficial tiene que dar cuentas por las demoras en la concreción de obras públicas.
Una estrategia que acaba de recrearse respecto de las familias que perdieron sus viviendas en el trágico temporal que se abatió sobre las Sierras Chicas en febrero de 2015.
Por cierto, las obligaciones quebrantadas en este caso merecen un encuadramiento particular, toda vez que se trata de subsanar las consecuencias de un fenómeno climático arrollador que se cobró vidas y que dejó a centenares de pobladores del lugar a la intemperie.
Han pasado más de cuatro años de aquel aguacero y aún está pendiente la entrega de 51 viviendas a vecinos de Unquillo que debieron ser reubicados para evitar que vuelvan a radicarse en zonas de riesgo de inundaciones.
Frente a las indefiniciones, los damnificados decidieron levantar una de las pocas banderas que tienen para que se visibilice su situación de desamparo: las protestas.
Como informamos el pasado sábado, desde aquella tragedia el Gobierno provincial entregó 156 viviendas a afectados por el aluvión en Villa Allende, en Río Ceballos, en Mendiolaza y en Unquillo.
Pero restan todavía otras 51 casas comprometidas a familias de esta última localidad.
Si bien la construcción de las referidas viviendas tenía hace algunos meses un avance de casi el 70 por ciento, la obra está prácticamente paralizada.
Entre las prórrogas y el lamento sin respuesta de los pobladores que perdieron todo, las excusas y los pases de factura ganan terreno. Desde la Subsecretaría de Vivienda de la Provincia aducen que la demora en concluir los trabajos obedece a que las empresas adjudicatarias no cumplieron con sus obligaciones contractuales.
Con todo, es de discutido razonamiento colocar en el foco del problema la suba del dólar, pese a que el contexto cambiario de hace cuatro años no era tan determinante ni inestable como el que se expone a diario en estos meses.
Es admisible que las empresas hayan flaqueado por la falta de crédito disponible y el incumplimiento de los proveedores. Pero, de ser así, el Estado debe poner en acción otras herramientas para honrar los plazos establecidos, a los que se aferraron los damnificados.
Es la resaca de un temporal sin control y por el cual muchas familias siguen penando por sus efectos devastadores.
Es momento de ir poniendo fin a las obras, en bien de que esos ciudadanos mitiguen el ingrato recuerdo de haber perdido todo; hasta la propia casa.
