Termina un año y es época de balances. Un cierre de ejercicio, donde se exponen los debe y haber, los pasivos y activos, las pérdidas y ganancias. Conciente o no, lo hace cada individuo, quizás toda una familia. También en un humilde kiosco y en una gran empresa. Y, sin duda, lo deben hacer de manera veraz los responsables de la conducción de un país.
Un pregonado balance positivo
El reciente balance sobre el primer año de gestión gubernamental casi coincidió con el fin de año gregoriano. En 40 minutos, Javier Milei dio un discurso al cumplirse el primer año de su Gobierno. Allí fueron citados los aportes considerados positivos, lo ganado por el país en el último año.
Según esa declaración, se hizo “el ajuste más grande de la historia”, con “decenas de miles de empleados públicos despedidos”, “varios ministerios clausurados”, “15 puntos de Producto Bruto Interno (PBI) ahorrados, para devolverlo al sector privado”, “aumento de salarios y jubilaciones superando la inflación”, y otros desopilantes “logros” que, ni en Macondo, se podrían considerar serios.
En el periodo 2023-2024 el salario real cayó el 7%, el desempleo aumentó del 5,7 al 7,7%, la pobreza pasó del 40 al 53% y la indigencia del 9 al 18%, mientras el consumo privado cayó de -6,6 a -9,8%.
El PBI disminuyó más del 5% en el primer trimestre de 2024 y la inversión proyecta una caída del 22,2% para este año. Se cerraron 16 mil pymes y desaparecieron 300 mil puestos de trabajo. Se dejaron de facilitar remedios oncológicos y muchos medicamentos no están al alcance del jubilado promedio, como tampoco la comida diaria.
Y el exitismo de festejar una inflación del 2,4%, deja de tener sentido al compararse con los índices de Uruguay (0,33%), Brasil (0,56%), Chile (1 %) o Colombia (-0,13%).
La esperanza que transmite el presidente parece estar en el próximo Premio Nobel de Economía, ya que “este modelo” será copiado por el Primer Mundo, y también en la convicción de ser el “líder extranjero favorito” de Trump. Así como anticipa la “destrucción del Estado desde adentro”, confía en el sabotaje del Mercosur (también desde adentro), y en derogar la ruptura con el Área de Libre Comercio de las Américas, liderada por Estados Unidos, pero cuestionada en 2005 por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Y se prevé un próximo pacto de comercio libre entre Argentina y Estados Unidos, en donde ‒obviamente‒, sólo el segundo sería “libre”.
Como todo esto no alcanza, para 2025 se anticiparon “serias reformas laborales, impositivas y jubilatorias”, junto con la promesa de una “profundización de la motosierra”, para seguir “devolviendo dinero al sector privado”. Pero nunca se responde a retóricas preguntas sobre los cambios del último año. ¿A qué costo se hicieron?, ¿A costa de qué?, ¿A costa de quién? Porque, hasta ahora, la tan condenada “casta” parece ser la única beneficiada.
También se prometieron “tiempos felices en la Argentina”, “que un futuro de prosperidad está al alcance de nuestra mano”, “…y que pueden subirse al tren del progreso o ser arrollados por él”, según se pudo escuchar.
Otro balance: educación, ciencia y tecnología
Según el Grupo de Estudios sobre Política Científica y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación, el impacto de las recientes políticas es devastador en todo el sistema de Educación, Ciencia y Tecnología (CyT).
La realidad indica: congelamiento de fondos para universidades y clausura de algunas de ellas, cierre de ministerios y creación de otros que aún no se gestionan, recorte de presupuestos en todo el sistema de CyT y bloqueo de empresas tecnológicas en desarrollo.
También se destruyen teatro, cinematografía y artes en general, en lo que el anacolibertarianiamo llama una “batalla cultural”. Como un bonus, en la Cámara de Diputados se nombró a una terraplanista como asesora de CyT y al Conicet lo preside un clonador de caballos para polo. Que el Presidente “no cree” en el cambio climático, o lo atribuye a “propaganda socialista”, y que rechazó la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Cumbre de la Cop29, ya es conocido.
Con relación a 2023, la reducción del presupuesto destinado a CyT mostró un descenso del 30,5%, el más bajo desde 1972. Este escenario perturba el presente y las futuras áreas de salud, educación y desarrollo industrial. El sistema nacional de CyT ya perdió 2.700 puestos de trabajo y no se registraron ingresos a la Carrera del Investigador del Conicet desde diciembre de 2023.
Los trabajadores del área científica sufrieron reducción del 30% de sus ingresos reales y las universidades del 22,5% en los sueldos del personal, lo que quita incentivo a la carrera científica y fomenta nuevas fugas de cerebros hacia otros países. La inversión en subsidios y proyectos de investigación se desplomó el 61,2% en términos reales, y el bloqueo de programas en curso permitió ejecutar sólo el 0,002% del crédito disponible, como el programa “Construir y Equipar Ciencia”.
Hoy, mientras se recorta el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía en un 40%, se propone “crear un plan nuclear argentino que contemple construir reactores”. Y surgen preguntas: ¿Hasta dónde llega la estulticia del actual gobierno sobre la CyT argentina y sus transferencias?
En 1958 se instaló el primer Reactor Nuclear Experimental (RA-1) y se hizo la primera reacción nuclear en cadena controlada del hemisferio sur. En la década de 1960, científicos y técnicos argentinos desarrollaron los reactores nucleares RA-2 y RA-3, y abastecieron el mercado local de radioisótopos.
Argentina fue considerada –luego de India– el país más avanzado en energía atómica del “tercer mundo”. A mediados de 1970 se vendió el primer reactor nuclear de investigación a Perú y en 1980 se inició la tecnología para enriquecer uranio. ¡Y ese fue el límite! Cuando Argentina producía y exportaba reactores nucleares de investigación, competía con potencias mundiales y se orientaba hacia reactores de potencia, desde Estados Unidos se frenó el desarrollo para “evitar su uso bélico”, y el país abandonó sus ambiciones nucleares.
Un último esfuerzo, desde 2014, el reactor Caem25 (con potencia de 32 MV, extensible hasta 120 MV), con un grado de avance superior al 70%, y el RA-10, desde 2016, también se están desmantelando.
De igual manera se trató al sistema Arsat, proyectado para ofrecer Internet, televisión y telefonía, siendo Argentina de los pocos países con capacidad para construir satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
El primer satélite (Arsat-1), fue lanzado en 2014 y el Arsat-2 en 2015, ambos construidos en Argentina por Invap. El Arsat-3, con casi todos sus materiales y tecnologías nacionales, se programó lanzar en 2019 para cubrir todo el continente americano. Pero el macrismo eligió a la competencia extranjera, cedió el uso de órbitas exclusivas de Argentina (posición orbital 81°, ley 26.092 y posición orbital 72°, decreto 626/2007), y en la órbita utilizada por Arsat-2 se habilitaron más de 10 satélites de empresas multinacionales que compiten con aquel.
Una historia similar sufrió el lanzador satelital (Tronador I y II), iniciado hace décadas. Fue sucesivamente bloqueado por gobiernos sumisos a las presiones del hemisferio norte (Proyectos Cóndor II, etcétera). Luego, el Tronador III, proyectado para lanzar los satélites argentinos Saocom 1A y 1B, también fueron bloqueados por temas de “seguridad nacional”, de Estados Unidos.
La misma entrega de soberanía y patrimonio, la misma ausencia de legalidad y legitimidad, se cocinan otra vez, acá y ahora. La llamada política de “cielos abiertos” no sólo abarca líneas aéreas y sus rutas (esa es otra historia). Lo que sucede hoy, al respecto, es una incógnita, salvo para unos pocos (¿quizás no para Elon Musk?).
El presupuesto ejecutado para universidades nacionales cayó 33,1% en términos reales, y se repite incrementado, el mismo daño producido en los periodos neoliberales 1976-1983, 1989-1999 y 2015-2019. También hoy se frenan y desinvierten proyectos avanzados en industrias, medicamentos y vacunas, Fábrica Argentina de Aviones, Comisión de Actividades Espaciales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etcétera. Al desplome de presupuestos de CyT, siguió la caída de ingresos de becarios e investigadores al sistema y la degradación de los Ministerios de CyT y de Salud a rangos de Secretarías.
Coherente con los “logros del año”, la financiación destinada a CyT cayó del 0,62% del PBI en 2015, al 0,46% en 2019 en pleno gobierno neoliberal; remontado en 2020 al 0,54% del PBI, también se aprobó una Ley de Financiamiento de la CyT que establecía incrementos progresivos hasta alcanzar el 1% del PBI para el año 2032. Pero esto, ya es historia. Hoy, se destina a CyT, sólo el 0,216% del PBI ‒el más bajo desde los años 1970‒, pero el dinero tampoco llega.
La actual catástrofe, con un fuerte rechazo en manifestaciones masivas de estudiantes, científicos y público general a lo largo del país, también es un tema corriente en los medios extranjeros ‒científicos y generales‒, así como en muchas cartas de apoyo a los científicos argentinos firmadas por miles de académicos y galardonados Nobel.
No obstante, debe considerarse que esta debacle no se produce sólo por ignorancia, desinterés o incapacidad del actual gobierno (que las exhiben). Este sabe muy bien que la inversión en CyT no es sólo para el presente, sino una catapulta para el futuro. Así, los recortes o bloqueos de hoy en CyT comprometen la posibilidad de competir en un mundo con creciente tecnologización. Y sin innovación, el país pierde terreno en sectores claves como industria, salud, energía y medio ambiente, perpetuando la dependencia económica, la pérdida de soberanía física e intelectual, y limitando las oportunidades para las próximas generaciones.
En recientes noticias del Banco Mundial, se informó que este año los países con mayor caída de sus economías en relación al PBI serán Haití (-4,2%) y Argentina (-3,5%). Datos que apoyan el inminente ingreso de Argentina al “club neocolonial”, donde sólo se la admitirá como país exportador de productos agrícola-ganaderos (soja, trigo, carne, leche) y minerales (petróleo, gas, litio) en bruto, sin valor agregado. La pregunta final es obvia: Entonces ¿para qué queremos la CyT?
* Profesor Emérito (UNC). Investigador Principal (CONICET) Jubilado
