El 11 de setiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas encabezaron un violento golpe de Estado. Significó el trágico fin del gobierno de Salvador Allende y la instauración del terrorismo de Estado, con su saldo de secuestros, torturas, ejecuciones ilegales y desaparecidos.
En la que se considera la última foto de Allende con vida, recorre el Palacio de La Moneda con casco de combate y un arma en la mano. Su mirada parece indicar que los aviones militares ya sobrevuelan la sede de gobierno, dispuestos a cumplir su amenaza: el edificio fue atacado por tierra y por aire, lo que provocó un incendio.
En ese contexto, Allende se comunicó por teléfono con Radio Magallanes e improvisó un discurso: “¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”.
Cuando las fuerzas militares irrumpieron en La Moneda y recorrieron las oficinas, lo encontraron muerto. Se había suicidado. Ese destino trágico, que probablemente había empezado a forjarse con su misma asunción, dio lugar, con los años, a un fecundo legado.
Socialismo y democracia
El golpe clausuró la “vía chilena al socialismo”, acaso el experimento político más radical e innovador que tuvo la izquierda latinoamericana en los años 1960 y 1970.
Un experimento que no se había iniciado necesariamente con Allende, sino en la presidencia anterior, con Eduardo Frei Montalva, de la Democracia Cristiana (DC), y su compromiso con una “revolución en libertad” que incluía una reforma agraria, la autogestión y el cooperativismo, como parte de su “vía no capitalista para el desarrollo”. Un socialismo comunitario, lo definió el entonces senador Patricio Aylwin (DC).
Pero las reformas de Frei avanzaban con mucha lentitud y había urgencias que no podían esperar. La vida interna de la DC se convulsionó hasta provocar una importante escisión por izquierda que dio origen al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que, junto con los partidos Socialista (PS) y Comunista (PC) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), constituyeron la Unidad Popular (UP) con la que Allende quedó primero en las elecciones de 1970, por escaso margen: 36% contra el 35% de la derecha; y tercera la DC, con 28%.
Fue la DC, casualmente, la que promovió que el Congreso consagrara a Allende como presidente, a cambio de un pacto de garantías. La propuesta de la UP era construir una vía democrática al socialismo: acelerar la reforma agraria, nacionalizar la banca, la minería y un pequeño grupo de empresas. Todo se haría de manera progresiva y legal, respetando los marcos jurídicos.
Pero si la impaciencia social había erosionado a Frei, ¿por qué no lo haría con Allende? Era evidente que le costaría mucho aprobar las leyes de socialización de la economía en un Congreso donde sólo contaba con un tercio de los votos.
En consecuencia, Allende tenía dos alternativas: o gobernaba solo y llegaba hasta donde pudiera, o le planteaba una alianza a la DC. Pues se jugó por la propia, y muy pronto terminó debilitado por su propia coalición. Cuando reaccionó y buscó un acuerdo con la DC, ya era demasiado tarde.
Como era arriba, no era abajo
Acaso la mejor explicación de la crisis la haya aportado Peter Winn, autor de Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo.
Es innegable que hubo una fuerte intromisión de Estados Unidos y que la derecha, que buscaba destituirlo, contó con el apoyo de algunos sectores de la DC. Pero Winn subraya la confrontación entre la revolución “desde arriba”, que impulsaba Allende, democrática, pacífica, legalista, reformista, y una revolución “desde abajo”, fogoneada por un sector del PS y el MIR entre trabajadores, campesinos y pobladores, que iba en contra del marco legal en nombre de la “justicia social”.
Allende quería la primera, pero incentivó la segunda cuando se comprometió a que las fuerzas de seguridad no intervendrían en las tomas de terreno… decisión que multiplicó las tomas, como es lógico.
En la compleja asamblea de trabajadores de la fábrica textil Yarur que analiza Winn, un alto dirigente sindical oficiaba como delegado de Allende para impedir que los obreros demandaran su nacionalización, pero luego el dirigente fue a verlo para exigírsela.
Para Allende, no era el momento. Había acelerado la reforma agraria. No podía abrir otro frente de conflicto. Pero terminó cediendo, lo que provocó otro “efecto dominó”: muchas fábricas siguieron el ejemplo de Yarur, ¿por qué ellos tendrían que esperar? Así, Allende perdió el control del proceso revolucionario.
Intentó, entonces, moderar su gobierno incorporando a las Fuerzas Armadas y tendiendo un puente hacia la DC con un plan para estabilizar la economía (en crisis por la inflación y el desabastecimiento). Aylwin fue su interlocutor, al menos, hasta mayo de 1973. El problema era que había perdido su capital político y no podía asegurar que los distintos sectores de la UP aceptarían lo que allí se pactara.
De hecho, Fidel Castro se había instalado durante un mes en Chile para dar conferencias en las que aseguraba que la construcción democrática del socialismo era inviable, y altos dirigentes socialistas y miristas insistían en recordar la necesidad de imponer la dictadura del proletariado, afirmaban que el uso de la violencia política integraba las prácticas democráticas y expresaban su anhelo de que Chile se convirtiera en otro Vietnam.
Por todo ello, desde el tramo final de la dictadura, la Concertación por la Democracia –esa exitosa coalición de centroizquierda que gobernó por 20 años– fue posible por el entendimiento entre el PS y la DC, que fue posible después de profundos procesos autocríticos en ambos partidos que permitieron una renovación ideológica y el privilegio de la política de los consensos y el reformismo por sobre el antagonismo y el maximalismo revolucionario.
La reflexión sobre aquella colosal derrota permitió parir una nueva y potente herramienta política. Un destino trágico alumbró un fecundo legado.
