Además de los aciertos de la película Argentina, 1985 que ya han sido objeto de numerosas críticas y análisis, trae a la agenda un tema bastante tabú para la sociedad en general y poco visible hasta ahora: los abusos sexuales y las violencias de género ocurridas en el marco de las detenciones ilegales de la última dictadura militar.
En la película se destaca la violencia obstétrica sufrida por Manuela Calvo, una docente que, esposada y vendada en un patrullero, dio a luz a su hija. Cuando llegó al centro clandestino, le dijeron que tenía que limpiar las mesas antes de poder ver a su beba. También se narra otro testimonio: el de un hombre que cuenta que a su compañera de celda la habían violado los torturadores.
Son delitos contra las mujeres, un tipo de delito específico que ocurrió en un marco de delitos contra los derechos humanos.
En el juicio a las juntas del año 1985, que es el objeto central de la película, no se condenaron estos delitos concretamente, sino que se habló de secuestros, privación ilegítima de la libertad y torturas, entre otros. Esta mirada judicial con perspectiva de género tampoco se incorporó apenas se reanudaron los juicios, en 2003, sino que recién comenzó a incorporarse alrededor de 2010.
Antes, se consideraba a los abusos sexuales como delitos comunes, en el marco de las torturas que, por el tiempo que había transcurrido, ya habían prescripto. Es decir, no se los consideraba un delito de lesa humanidad cuando en realidad se habían cometido en forma sistemática y por agentes del Estado, en el marco de una dictadura.
Aunque se cree que el 90% de las mujeres que pasaron por los centros clandestinos sufrieron algún tipo de vejación o de violencia propia de género, lo cierto es que han sido delitos poco denunciados.
Juicios
En el libro Grietas en el Silencio, que compila Marta Vasallo, se cuenta la historia de cómo se fueron introduciendo las condenas por estos delitos en los juicios por lesa humanidad de Argentina. Allí, se señala que un tribunal federal de Santa Fe fue el primero en condenar a un torturador y espía civil también por abuso sexual, además de otros delitos, como privación ilegítima de la libertad y torturas.
El 12 de abril de 2010, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al exagente de inteligencia del Ejército Argentino Horacio Américo Barcos por abusar sexualmente a A., esposa de un exdirigente del gremio Ctera, ambos detenidos en el centro clandestino “La Casita”.
El reconocimiento del delito como tal en una sentencia fue posible gracias al trabajo de dos organizaciones clave: Cladem (Programa de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) e INSGENAR –el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario–, que se presentaron como amicus curiae en la causa.
En el caso de Santa Fe, por primera vez en un juicio por violaciones a los derechos humanos tanto el fiscal como los abogados querellantes plantearon que “la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fue parte del plan sistemático de represión ilegal; y por lo tanto, constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”. Y por primera vez, la violencia sexual fue considerada crimen de lesa humanidad.
“A. estuvo desnuda durante cinco o seis días estaqueada a una cama. Era objeto de abuso sexual. ‘Quique’ le pasaba una pluma por todo el cuerpo desnudo antes de echarse arriba de ella y violarla”, indicaron en la sentencia.
El fiscal en ese juicio pidió que se condenara a Barco con el siguiente argumento, tomado del amicus curiae de las dos organizaciones: “la violencia sexual forma parte del plan sistemático (...) y que en contextos de conflicto y/o represión los cuerpos de las mujeres afectadas se transforman en campos de batalla y, a través de la violencia sexual, los varones imponen de manera cruel el poder y la dominación que culturalmente ejercen sobre las mujeres”.
El Tribunal señaló que “los abusos sexuales y la violación sufrida por la víctima durante su cautiverio (...) constituyen una forma más de tormento y por ende corresponde encuadrar tales hechos en dicha figura penal, constitutiva de crímenes contra la humanidad”, un fallo que sentó un precedente muy importante.
En otros juicios donde no se aplicó una mirada de género, se ha desestimado la denuncia por abusos por parte de una exdetenida porque otro testigo había indicado que ella era una especie de “pareja” del torturador al que denunciaba, desconociendo lo que implica la esclavitud sexual. Con una mirada de género, se podía entender que esas relaciones en el marco de detenciones ilegales y de torturas eran forzadas, incluso utilizadas como métodos de supervivencia y que no había consentimiento real de ningún tipo.
Córdoba
En Córdoba, han sido condenados tres casos de abusos sexuales en el marco de la Megacausa La Perla. Actualmente, en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, en la causa “Gómez” investigan en etapa de instrucción los delitos cometidos contra 500 víctimas, de las cuales 60 habrían sufrido delitos contra la integridad sexual en el marco de las detenciones ilegales y hay unos 100 acusados, según informaron fuentes oficiales de tribunales. También aclararon que hay otras causas penales que se tramitan en forma separada.
Resta saber si continuará como un juicio de instancia privada o si se anexará a otra megacausa, como lo fue la de La Perla-L Ribera y D2. Allí la fiscal Virginia Miguel de Carmona dijo: “Las violaciones de los derechos de las mujeres continúan siendo escasamente reconocidas por los sistemas de Justicia. Esto es así a pesar de que ocurren en forma generalizada y sistemática en todo el mundo, impidiendo que las mujeres gocen de un efectivo acceso a la Justicia y a obtener una reparación cuando sus derechos fundamentales han sido violados”.
Muestra en La Perla
En El Museo de la Memoria de La Perla, hay una muestra específica sobre mujeres que se llama “Ellas, ustedes, Nosotres. Historias de mujeres y disidencias. La Perla”.
Allí se rescatan vivencias de mujeres y de personas trans víctimas de la dictadura en Córdoba a través de textos, producciones, miradas, voces. También está disponible parte de la muestra “Ser Mujer en la Esma”, donde se cuentan narraciones que pocas veces se han oído.
Julieta Legerén, una de las coordinadoras de la muestra, rescata: “Ellas eran castigadas por ser militantes, pero por ser mujeres militantes, por ‘osar’ contrariar el lugar que tenía destinado la sociedad para ellas. Eran violencias con una marca de género, con visiones estereotipadas. Los abusos son un tipo, y había otras violencias, por ejemplo, decirles que no iban a poder ser madres porque ‘no merecían ser madres’”.
Luego reflexionó sobre las diversidades sexuales: “Los dictadores pretendían un modelo heterosexual cisnormativo, y quien osara desafiarlo con su identidad de género u orientación sexual también tenía que ser castigado. Visibilizar esas violencias en términos de género tiene que ver con un reconocimiento de esas identidades, de dejar de invisibilizarlas, con una justicia social y de género”.
