La invasión rusa a Ucrania está dando tela para cortar en muchos ámbitos. El mundo de la circulación de contenidos en plataformas no es la excepción. Desde hace varios años las empresas de tecnología son los actores más relevantes en lo que a información y comunicación respecta. Durante los grandes eventos como el que estamos viviendo se pueden apreciar de cerca los problemas sin resolver que estas compañías tienen y que padecemos como sociedad.
Al desencadenarse la invasión rusa, una de las primeras acciones del tándem que integran Meta/Facebook y Google (más otros jugadores menos relevantes) fue prohibir el uso de la monetización publicitaria a Russia Today (RT) y Sputnik, dos medios identificados con el Estado ruso. De esta manera, se les impidió a estos sitios generar ingresos vía publicidad proveniente de Google o Facebook.
Con el paso de los días la presión política y social sobre estas grandes empresas tecnológicas se hizo más grande pidiendo que directamente bloquearan de sus plataformas el acceso a ambos medios. El argumento es que tanto RT como Sputnik son importantes productores de contenidos del aparato de desinformación ruso a nivel mundial.
El bloqueo se hizo efectivo durante los primeros días de marzo: Google y Meta cerraron el acceso en toda Europa a las cuentas de RT y Sputnik en sus plataformas. Las empresas no ofrecieron mayores explicaciones y adujeron que los bloqueos se hicieron por pedidos de distintos Estados y debido a la “naturaleza excepcional del evento que estamos viviendo”.
Cabe una primera pregunta: ¿hace falta una guerra para identificar a estos medios como máquinas de desinformar y bloquearlos de las plataformas?
Identificación peyorativa
Otra historia interesante y conflictiva fue la de Twitter y el etiquetado a periodistas. La red social asignó una etiqueta que dice “medios afiliados al gobierno ruso” a algunas cuentas de profesionales que colaboran o colaboraron con Russia Today. Según la empresa, el objetivo de esta acción es ”ofrecer más contexto y transparencia”. El primer problema que presenta este argumento es evidente y tiene que ver con la identificación/vinculación directa que postula Twitter entre cuentas personales de periodistas y los medios para los que trabajan.
Un segundo punto es más problemático aún: el criterio que tiene Twitter para imponer este etiquetado es poco claro y para nada universal. El profesor e investigador del Conicet Martín Becerra lo dice de forma transparente al analizar el caso: “Hay un obvio encuadre peyorativo en esa selección por conveniencia política. Con ello, Twitter muestra, tal vez sin quererlo, su propia ‘línea editorial’ en la gestión de contenidos, tarea a la que alude como ‘moderación de contenidos’”.
No estamos ante el primer caso que revela la delgada línea entre la moderación de contenidos y el control editorial ejercido por las plataformas. Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, tuvo también, en su momento, un etiquetado/advertencia en sus posteos de Twitter que fueron el anticipo de lo que sería finalmente la eliminación de su cuenta luego del asalto al Capitolio en enero del 2021 y de algunos mensajes que la red social consideró un límite.
Podemos estar de acuerdo o no con la decisión de ese momento pero que una empresa privada bloquee el discurso del por entonces presidente de Estados Unidos no es poca cosa.
Poco democrático
Por el carácter dominante que tienen estas pocas empresas son tan relevantes para la sociedad las decisiones que toman. Es tan grande el poder que han creado (y que los estados han permitido) que no actuar puede ser, en algunos casos, tan peligroso y polémico como actuar.
Access Now es una organización internacional dedicada a los derechos humanos, la política pública y el activismo por la defensa de una internet abierta y libre. Javier Pallero, director de políticas globales de la organización, da su mirada sobre el tema: “La democracia se sostiene en la ley, los procesos y la transparencia. Las decisiones discrecionales que están tomando las plataformas son lo contrario a eso”.
Las medidas tomadas por estos días también nos invitan a pensar acerca de lo que hace falta para que estas empresas actúen. Una guerra es uno de los límites que manejan, al parecer. Una pandemia también, hubo un trabajo fuerte ligado con la moderación de contenidos desde 2020 y sigue vigente (para algunos fue escaso). Es válido plantearse, entonces, por qué no se accionó de la misma manera en los últimos años ante hechos de violencia estatal en países periféricos, procesos electorales teñidos por la desinformación u otros episodios de magnitud importante en lo que respecta al respeto hacia los derechos humanos (una magnitud que las plataformas deciden, a veces, ignorar).
Las preguntas son las de siempre: ¿cómo se deciden estas acciones? ¿Está bien que sean tomadas unilateralmente por estas enormes empresas privadas? ¿Por qué el criterio es diferente dependiendo el caso y de las presiones políticas y sociales? ¿Es posible una regulación sobre estas plataformas? ¿A qué actores debería incluir? Como dice Natalia Zuazo, licenciada en Ciencia Política y especialista en el tema: si las decisiones están siendo tomadas por un consenso de facto, es urgente discutir.
