Trelew, madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar de la Armada argentina: 19 presos políticos duermen o intentan dormir en sus respectivas celdas. Una semana antes, lograron fugarse del penal de Rawson, pero a diferencia de seis de sus compañeros, que habían logrado ocupar un avión de Austral en el aeropuerto de Trelew para huir a Chile (gobernado entonces por el presidente Salvador Allende), fracasaron en su intento de abordar un segundo avión para salir del país.
Cercados por las fuerzas militares, acordaron rendirse –ante la presencia del juez federal Alejandro Godoy– con dos condiciones: que un médico los revisara para comprobar el estado de salud de cada uno, a efectos de prevenir “futuros castigos”, y que sean devueltos al penal de Rawson. Ninguna de ellas fue respetada.
María Antonia Berger, una de los tres sobrevivientes de aquella madrugada trágica, recordaba: “Nos ordenan salir de nuestras celdas, caminando sin levantar los ojos del piso; noto que es la primera vez que nos dan tal orden, pero no logro adivinar el motivo de la misma. Una vez en el pasillo que separa las dos hileras de celdas nos ordenan formar en fila de a uno, dando cara al extremo del pasillo y en la puerta misma de nuestras celdas. También observo que es la primera vez que nos ordenan tal dispositivo para sacarnos de nuestras celdas (…) De pronto, imprevistamente, sin una sola voz que ordenara, como si ya estuvieran todos de acuerdo, el cabo obeso comienza a disparar su ametralladora sobre nosotros, y al instante el aire se cubrió de gritos y balas, puesto que todos los oficiales y suboficiales comenzaron a accionar sus armas. Yo recibo cuatro impactos; dos superficiales en el brazo izquierdo, otro en los glúteos, y el cuarto en el estómago; alcanzo a introducirme en mi celda, arrojándome al piso (…) Escucho, sí, más voces de dolor, que son silenciadas a medida que se suceden nuevos disparos de arma corta; ahora sólo escucho las voces de nuestros carceleros, que con gran excitación comienzan a inventar una historia que justifique el cruel asesinato, aunque sólo sea válida ante ellos mismos. Escucho que se aproximan los disparos de arma corta. Es evidente que quien se halla abocado a la tarea de rematar a los heridos está cerca de mi celda; trato de fingir que estoy muerta (…) dirige el arma hacia mí y también dispara; el proyectil penetra por mi barbilla y me destroza el maxilar derecho. Luego se aleja sin verificar el resultado de sus disparos, dando por sentado que estoy muerta”.
Cuatro mujeres y 12 hombres fueron asesinados. La versión oficial de lo sucedido justificó estas muertes como consecuencia de un nuevo intento de fuga.
Al día siguiente, La Voz del Interior tituló: “El más sangriento episodio de este tipo que recuerda la historia de la República”. Y añadía, sugestivamente, “La prensa no tuvo acceso al lugar”.
Ese mismo 22 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional incorporó al Código Penal el nuevo artículo 212 de la ley 17.797, que sancionaba con penas de hasta tres años de prisión a los periodistas que difundiesen “informaciones atribuidas o atribuibles” a asociaciones ilícitas. Se trataba, ciertamente, de impedir la difusión de versiones alternativas a la oficial. La totalidad de las víctimas pertenecían a tres organizaciones armadas (Montoneros, FAR y ERP) que se habían fundado durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía.
Cabe recordar que tras derrocar al presidente Arturo Illia, en 1966, Onganía había clausurado el Parlamento y prohibido la actividad de los partidos políticos, considerados como instituciones caducas, lentas e ineficientes que debían ser reemplazadas por las “fuerzas vivas de la comunidad” tuteladas por el poder militar; en rigor, un sistema semicorporativo que encontraba su ideal en la España del dictador Francisco Franco.
Esta asfixia de las libertades públicas fue caldo de cultivo para la radicalización política de amplios sectores juveniles, potenciada por un contexto latinoamericano marcado por la influencia mítica del Che Guevara y la derrota norteamericana en Vietnam.
Impacto local
De las 16 personas asesinadas en Trelew, ocho habían nacido, vivido, estudiado o militado en Córdoba.
Susana Lesgart había estudiado en la escuela Alejandro Carbó; Mariano Pujadas, en el colegio Monserrat y luego en la Universidad Católica; Humberto Toschi había cursado en el Liceo Militar General Paz y Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Miguel Ángel Polti estudiaba Ciencias Químicas, también en la UNC. Carlos Astudillo, proveniente de Santiago del Estero, había venido a Córdoba para estudiar la carrera de Medicina, y Alfredo Elías Kohan era originario de una colonia agrícola entrerriana de inmigración judía (San Antonio) y estudiaba Ingeniería, ambos en la UNC. Alberto Miguel Camps Miresky (bonaerense) y Alejandro Ulla (santafecino) habían sido detenidos en nuestra provincia.
Desde una mirada sociológica, se podría destacar que, en su conjunto, eran jóvenes veinteañeros que pertenecían a las clases medias ilustradas de la sociedad argentina.
A raíz de los acontecimientos, se realizaron asambleas en el Comedor Universitario (que derivaron en una manifestación reprimida por la Policía) y en la Facultad de Arquitectura (donde fueron detenidos 700 estudiantes), y se tomaron por un breve lapso de tiempo los hospitales Rawson y Clínicas.
La CGT se propuso sin éxito velar los cuerpos en su sede de avenida Vélez Sársfield: en el hall central, se había montado una capilla ardiente con el basamento para cuatro féretros, pero fue allanada y clausurada por la Policía.
En un comunicado, la CGT advirtió que en la cárcel de Rawson se encontraban alojados numerosos militantes sindicales, “entre ellos, el propio secretario adjunto de esta CGT Agustín Tosco”, y responsabilizó al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas por la integridad física de los presos.
El viernes 25 de agosto se cumplió el paro de la CGT. No hubo diarios ni espectáculos públicos, tampoco se irradiaron las habituales síntesis informativas por las emisoras radiales y los canales de televisión. Las puertas de la CGT permanecieron cerradas con una consigna policial en la puerta.
Dado que el decreto provincial que disponía el cierre del local promovía la detención de sus dirigentes “responsables de los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia”, sus asesores letrados interpusieron un recurso de habeas corpus preventivo en favor de los integrantes del consejo directivo. Concluida la jornada de paro, Atilio López destacó la contundencia de la medida de fuerza.
Reacciones y acciones
Ricardo Obregón Cano condenó las represalias tomadas contra la CGT, y la JP condenó “los fusilamientos de los compañeros encarcelados en el sur”.
El comité provincial de la UCR, presidido por Eduardo César Angeloz, expresó en un comunicado que “los muertos y heridos de Trelew de ningún modo merecen la calificación de delincuentes comunes, desde que se trata de hombres y mujeres que luchan, aunque con una metodología equivocada”. Y añadía que las explicaciones dadas por el gobierno nacional “no satisfacen en absoluto”. Exigía, asimismo, que “se investigue la verdad de lo acontecido mediante el diálogo con los sobrevivientes del nefasto suceso”.
En estas circunstancias, Angeloz envió dos telegramas, uno al presidente Alejandro Lanusse para pedir la libertad del abogado radical Mario Amaya, detenido en Chubut, y otro al ministro del Interior, solicitando el levantamiento de la orden de detención contra el secretario gremial del comité provincial e integrante de la mesa directiva de la CGT cordobesa, Juan Malvar.
Angeloz concluía su telegrama: “La institucionalización del país no se alcanzará con asesinatos, cárcel y torturas”.
El Círculo de la Prensa no fue ajeno al repudio por lo ocurrido en Trelew. Lo hizo a través de un comunicado que exigía también el respeto a la libertad de prensa, dado que el gobierno prohibió difundir versiones de lo sucedido distintas de la oficial.
El ciclo ascendente de la violencia política
Desde el punto de vista de la interpretación histórica, se puede afirmar que la mentira institucionalizada como instrumento de Estado y la impunidad como resultado alimentaron el ciclo ascendente de la violencia política, y fue el anticipo de nuevos crímenes impunes: la masacre de Ezeiza al año siguiente, los ejecutados por la Triple A entre 1974-75 (amparados desde el Ministerio de Bienestar Social) y los cometidos a partir de la dictadura militar desde 1976.
La masacre de Trelew simboliza el parto de la espiral de impunidad en la Argentina de los años 1970.
Tras la recuperación de la democracia y el ocaso del poder militar, en el año 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a tres de los ejecutores directores de la masacre de Trelew, condena ratificada en 2014 por la Cámara Nacional de Casación Penal.
En julio de 2022, un juicio civil realizado en los Estados Unidos contra un cuarto responsable directo, el oficial de la Armada Roberto Bravo, residente en ese país, lo declaró culpable y lo condenó a pagar una indemnización económica de varios millones de dólares. Aún pesa sobre él un pedido de extradición de la Justicia argentina.
* Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales-UNC/Conicet
