La semana pasada, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) salió al cruce del Gobierno tras la decisión de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad. En un comunicado, la entidad empresaria expresó su “profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad” y advirtió que la medida “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”.
En sintonía y con capacidad de anticipar agenda, el pasado 3 de julio la delegación Córdoba de Camarco compartió un desayuno de prensa al cual asistió Clasificados La Voz. En ese marco, su titular, Horacio Berra, destacó los principales datos y conclusiones que surgen de los informes y documentos de trabajo que viene elaborando el Foro de Análisis Económica de la Construcción (Faec) en el que participa la entidad, con la asistencia técnica de la consultora Economic Trends que dirige el economista Gastón Utrera.
1. La promesa de la actual administración nacional de ‘convertir a la Argentina en potencia mundial’ requiere infraestructura. Este es el motivo por el cual los índices de competitividad la incluyen (por ejemplo, el Global Competitiveness Index del World Economic Forum).
2. Si bien no existe una relación fija entre inversión en infraestructura y crecimiento económico, sí existe una relación entre infraestructura y crecimiento que depende de las brechas de infraestructura existentes y de la forma en que se determinen las prioridades de inversión: con alta brecha y adecuada elección de prioridades, es alto el impacto potencial de la infraestructura sobre el crecimiento económico.
3. La postura oficial a nivel nacional, en el sentido de que la obra pública no genera empleo porque absorbe trabajadores que podrían haber sido empleados en otros sectores, debe ser matizada cuando:
-a) se emplean en la construcción trabajadores que de otro modo estarían desempleados
-b) la infraestructura construida produce incrementos de productividad en el resto de la economía (que puede aumentar entonces su empleo durante la vida útil de la infraestructura).
4. La visión de que, en cualquier caso, todo lo anterior implica que la infraestructura es importante, pero que puede ser financiada y ejecutada en su totalidad por privados sin intervención del Estado, debe matizarse con lo que ocurre en el mundo, por ejemplo en países muy avanzados en la participación privada en inversión en infraestructura, como Reino Unido y Chile.
" Las experiencias internacionales muestran que pretender que toda la infraestructura se financie por privados es un reduccionismo, del mismo modo que lo es pretender que todo sea financiado por el Estado", afirmó Horacio Berra, presidente de la delegación Córdoba de Camarco.
Otras consideraciones
No se puede negar la existencia de ‘bienes públicos’ en el sentido que le asigna la economía a ese término, como bienes para los cuales no es posible excluir de su uso a quien no esté dispuesto a pagar. Eso impide su financiación voluntaria, lo que implica que siempre existe la necesidad de infraestructura financiada por el Estado.
La necesidad de financiación pública y las posibilidades de financiación privada dependen de cada tipo de infraestructura, de las condiciones macroeconómicas, del nivel de seguridad jurídica y de la normativa necesaria para generar los incentivos adecuados.
“Todo esto implica entonces que a) es razonable el interés del Faec deocuparse de las cuentas públicas municipales y provinciales, ya que siempre será necesario asignar recursos públicos a la inversión de infraestructura, b) también es razonable su interés en analizar las prioridades de inversión en infraestructura, ya que no toda la infraestructura debe ser financiada por el Estado y las prioridades deben estar asignadas a su mayor impacto económico y social”, destacó el documento compartido en esa oportunidad.
En este contexto, también es relevante el análisis del rol de la deuda pública en la financiación de infraestructura. “Es un reduccionismo el planteo de que la deuda pública para infraestructura es una inmoralidad, porque perjudica a futuras generaciones ya que esto puede ser cierto sólo si la actual generación legara más deuda que infraestructura. Siguiendo el argumento, sería inmoral la situación opuesta, de infraestructura financiada en su totalidad por la generación actual, en beneficio de futuras generaciones”, concluyó Berra.
Necesidades en materia de construcción de viviendas
Computando superficies habituales para vivienda sociales y para viviendas de clase media, Faec estima que a efectos de eliminar el déficit habitacional durante los próximos 10 años es necesario construir en todo el país más de 52 millones de metros cuadrados para el segmento de hogares pobres (requeriría U$S 32.793 millones, lo que implica un promedio equivalente a 0,6% anual del Producto Bruto Interno-PBI) y más de 106 millones de metros cuadrados para el segmento de clase media (lo que requeriría U$S 133,250 millones, equivalente al 24,1% del PBI).
En la provincia de Córdoba, eliminar el déficit habitacional durante los próximos 10 años requiere construir 3,9 millones de metros cuadrados para el segmento de hogares pobres (U$S 2,415 millones, lo que implica un promedio equivalente a 0,5% anual del Producto Bruto Geográfico (PBG). Es una cifra importante, si se tiene en cuenta que, durante los últimos 40 años, la provincia de Córdoba destinó un promedio de 1,65% del PBG al total de erogaciones de capital y 9,8 millones de metros cuadrados para el segmento de clase media (U$S 12,281 millones, equivalente a 26,1% del PBG).
