La actual coyuntura macroeconómica arroja señales contradictorias en términos del acceso a la vivienda y al bienestar que implica: por un lado, la reactivación del crédito hipotecario con líneas a tasas competitivas refleja una nueva visión de los bancos, con una voluntad de apostar al largo plazo.
Así, en pocos meses el volumen de crédito (considerando préstamos hipotecarios, prendarios y líneas productivas) pasó de representar un 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) a alcanzar el 7,5% según el Informe Monetario Mensual de febrero (último disponible) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Dificultades de acceso
Sin embargo, en el caso de las líneas hipotecarias el umbral de acceso sigue siendo prohibitivo para muchos segmentos sociales. A eso se agrega el hecho de que en muchos casos quienes califican ya poseen una primera vivienda, con lo cual usan ese patrimonio para, junto con el crédito del banco, engrosar sus recursos para acceder a una vivienda mejor o más grande. En cambio, quienes no tienen vivienda rara vez pueden calificar para un préstamo inicial.
A esa limitación se sumó en mayo una mala noticia: el Gobierno nacional anunció el cierre definitivo del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (Fisu), que financiaba las obras de integración en barrios populares. Esto siguió a la eliminación de la Secretaría de Vivienda y el desfinanciamiento del propio fondo, además de la paralización de gran parte de las obras en marcha.
Desde las organizaciones que trabajan en pos de favorecer la calidad habitacional observan con preocupación el fin de una de las políticas de Estado que mayor consenso había generado, además de ser una referencia a nivel internacional. En su momento, la ley de integración de barrios populares fue votada por unanimidad, porque todos los sectores políticos consideraban que era una mejora en las posibilidades de desarrollo para los habitantes de villas y asentamientos, al darles la posibilidad de contar con los servicios de la ciudad formal, lo que igualaba oportunidades. Eso significa conexiones de agua corriente, de gas, veredas para transitar sin peligro, calles y señalización para que una ambulancia o camión de basura pueda ingresar a esas urbanizaciones.
Vivienda y bienestar
Según recientes investigaciones, invertir en asentamientos informales podría elevar un 12% la escolarización infantil, aumentar un 1% la esperanza de vida y generar un crecimiento del PIB del 3%. Sin dudas, se trata de una inversión que favorece al país en su conjunto, además de reducir desigualdades y garantizar derechos vulnerados.
La eliminación del Fisu pone en riesgo esas obras que ya estaban paralizadas desde hace un tiempo. Sin ellas, y en un contexto de dificultoso acceso al suelo y a la ciudad, las 1.237.795 familias que habitan en villas y asentamientos a nivel país ven comprometidas su seguridad y su desarrollo. Un barrio sin cloacas, veredas y energía limita a sus habitantes; una vivienda sin acceso seguro a los servicios pone en peligro la vida de quienes allí residen.
La organización no gubernamental (ONG) Hábitat para la Humanidad Argentina llevó adelante obras de integración entre 2023 y 2024 en el barrio Saladero de Ingeniero White, Bahía Blanca (Buenos Aires). Gracias a las conexiones formales a la red eléctrica que se hicieron, el 96% de las personas beneficiarias dice sentirse segura en las últimas mediciones. Antes de las obras, ese número era apenas 18%. Además, se redujo del 52% al 8% la cantidad de cortes de luz registrados en las viviendas y se eliminaron las descargas eléctricas menores que representaban un riesgo.
“Esperamos que el Gobierno revea esta decisión y presente una propuesta alternativa”, agregó la referente.
En suspenso
El pasado viernes 23 de mayo, la justicia federal frenó la disolución del Fisu instrumentada por decreto. El juzgado federal de Pahuajó, a cargo de Héctor Heim, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y ordenó la suspensión de los artículos 1, 4, 5 y 8 del Decreto 312/2025 y de la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el Fisu.
El juez consideró el decreto que disolvió el Fisu “una evidencia de incumplimiento deliberado” de otra medida cautelar, dictada el 15/11 último y que le exigió al Gobierno que en 3 meses presentara un plan con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana suspendida por entonces.
El magistrado sostuvo en su fallo que la “lacónica” respuesta de las autoridades fue presentada después de ese plazo y ni siquiera fue suscripta por el titular y responsable del área. Según el fallo, el comportamiento “refleja una clara postura evasiva y dilatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sin una mínima y razonada explicación que dé respuesta a las diversas aristas ordenadas” en la cautelar.
