La Ley de Vivienda Promovida está camino a cumplir 15 años de implementación en Uruguay. Esa normativa, complementada con estabilidad jurídica, beneficios fiscales y acceso al crédito hipotecario, permitió el surgimiento de nuevos espacios constructivos que moldearon el mapa urbanístico actual del país vecino.
En la última década, Uruguay vivió una transformación sin precedentes, marcada por la descentralización de la inversión inmobiliaria y la aparición de nuevos desarrollos. Por ejemplo, esa etapa ha generado en Maldonado y Montevideo el crecimiento urbanístico en barrios como Canelones, Carrasco, Cordón, El Centro, El Prado, Tres Cruces, La Blanqueada o Ciudad Vieja.
Según el cofundador de Kopel Sánchez,Fabián Kopel, el fenómeno comenzó con la ley sancionada en 2011, que permitió que resurgieran nuevos barrios donde la inversión era casi nula desde hacía más de 40 años: “Habilitó trabajar en terrenos de más tamaño, lo que favoreció a proyectos de mayor escala, con optimización de costos y mejora en las propuestas de espacios compartidos o amenities”, dijo.
En tanto, Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), detalló que se registró un crecimiento del 27 % interanual en la construcción bajo el régimen de Vivienda Promovida en 2024 respecto a 2023.
¿Es aplicable a nuestro país?
“La Ley de Vivienda Promovida de Uruguay demuestra que se puede movilizar la inversión privada a través de incentivos fiscales y marcos regulatorios. En Argentina, ese esquema puede servir como inspiración, pero debe adaptarse a la realidad macroeconómica de nuestro país, la distribución territorial y la alta volatilidad de tasas y precios”, evaluó Gabriela Piancatelli, presidenta del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (CecinCba).
La directiva recalcó que esa ley ofrece incentivos fiscales y tributarios, eximiciones de impuestos, beneficios para compradores (por ejemplo, subsidios de cuota y crédito hipotecario con alto porcentaje financiado).
“Entiendo que muchas viviendas promovidas terminan siendo comprada para inversión, o sea renta, más que para el uso de familias de ingresos medios o bajos, y que ha sido un problema la distribución territorial; además, el acceso a esas viviendas sigue siendo complicado para los hogares de menores ingresos”, matizó.
En cuanto a si esa normativa puede ser un ejemplo para Argentina, algunos puntos podrían funcionar, mientras que habría que ajustar otros. “Podrían tomarse como una buena idea los incentivos fiscales y tributarios. En Argentina, que muchas veces enfrenta barreras fiscales, tributarias y regulatorias, una ley así podría servir para activar la oferta de vivienda, en especial en zonas donde el suelo es caro o las cargas impositivas resultan elevadas. Funcionaría también con créditos hipotecarios con altos porcentajes de financiamiento y facilidades, con la flexibilidad de las normativas urbanas permitiendo distintos tipos de viviendas, la regeneración urbana, la refacción y ampliación, no sólo obra nueva”, enumeró.
Finalmente, ella remarcó que fomentar una ley así debería hacerse con mucha transparencia, aplicar criterios de localización y priorizar que los proyectos se ubiquen donde hay servicios, infraestructura, buena conectividad. “Y, por qué no, incentivar proyectos en ciudades medianas, en el interior de la provincia”, concluyó Piancatelli.
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