Desde que Uber se lanzó en 2009, las apps de transporte, como Didi o Cabify, redefinieron una función básica: conectar, en tiempo real, a un pasajero con un conductor dispuesto a llevarlo. Esa simple función —matchear pasajeros con conductores— la cumplen de manera más rápida, directa y eficiente que el sistema tradicional.
Desde una app, el usuario pide un auto, ve cuánto cuesta el viaje, puede seguir el recorrido en tiempo real, pagar sin efectivo y calificar al chofer.
Los conductores, a su vez, acceden a una demanda constante sin depender de centrales ni paradas físicas. Todo eso, con precios que se ajustan según la oferta y la demanda. Es tecnología aplicada a un problema cotidiano. Y, sobre todo, es competencia y es eficiencia.
Al mismo tiempo, este sistema moderno debe estar disponible para quienes elijan adoptarlo, sin pretender que sea la única opción; si hay usuarios o conductores que prefieran mantener los métodos tradicionales, que puedan hacerlo, pero sin que esa preferencia frene el avance hacia la modernidad.
Pero cada vez que una de estas apps llega a una ciudad la pregunta es cómo encajan con el tradicional sistema de taxis y remises. La tendencia casi natural es, dado que se trata de servicios que compiten entre sí, a replicar las mismas regulaciones. Cupos, tarifas rígidas, habilitaciones especiales, tributos, ITV especial, carnet de conducir profesional, entre otras.
Lo que casi nunca se pregunta es si el andamiaje regulatorio que condiciona la operatoria de los taxis es el más conveniente. Antes de replicar un esquema regulatorio cabe reflexionar y preguntar cuestiones básicas. ¿El sistema tradicional de taxis y remises funciona bien? ¿Y si, en vez de frenar lo nuevo, desarmamos lo que hace ineficiente a lo viejo?
Derribando mitos
La percepción general es que el servicio de taxis y remises es relativamente caro para la calidad que ofrece y que el origen no es un enriquecimiento de sus operadores gracias a la limitación de la competencia sino a un entorno regulatorio que lo hace ineficiente. Es como que las reglas de juego llevan a que pierdan todos. Pierden los usuarios porque pagan más de lo que el servicio justifica. Pierden los operadores porque, en general, la actividad luce como de muy baja rentabilidad. Una posible explicación a esta paradoja es que el sistema está mal organizado. Una acumulación de trámites y regulaciones hacen perder dinero y tiempo y no permiten operar con más eficiencia el sistema. El sistema estaría atrapado en un circuito disfuncional.
A esto hay que agregar un entorno desfavorable. En un país con crédito caro y poca previsibilidad, cambiar el vehículo es casi imposible. El resultado se ve todos los días: autos viejos, servicio caro, choferes mal pagos y usuarios frustrados.
¿Sirve frenar las apps?
La expansión de plataformas, como Uber o Didi o Cabify, se da en todo el mundo. Las reacciones y manera de asimilar son diferentes. De hecho, en Argentina hay respuestas muy diferentes. Algunas ciudades optan por una actitud conservadora y se empeñan en replicar las regulaciones que tradicionalmente fueron aplicadas sobre los taxis. Esto colisiona con la lógica disruptiva que plantean las app. Otras eligen un camino más innovador que trata de integrarlas al sistema. Se los asume como una herramienta para modernizar la movilidad. El contraste es claro y revela dos modelos opuestos.
En Mar del Plata, por ejemplo, se viene optando por la primera estrategia. Mantener las viejas regulaciones y estrictos controles y sanciones a quienes no se amoldan a las viejas regulaciones. En cambio, otras localidades asumieron que resistir no es una buena estrategia. En Salta se habilitó a taxis y remises a trabajar también mediante plataformas digitales, integrando tecnología al sistema tradicional. Mendoza dio un paso más: legalizó Uber como “transporte privado por plataformas” y creó un marco regulatorio específico, sin persecuciones ni zonas grises.
La diferencia es grande. Algunas ciudades siguen aferradas al esquema antiguo que viene dando muestras de su agotamiento. Otras asumen que la tecnología, como ocurre en otros sectores, es una oportunidad para ganar eficiencia. No entrar en el dilema app o no app sino en diagramar una estrategia que permita utilizar la tecnología para organizar un sistema más eficiente. Esto implica servicios de movilidad de mejor calidad y menor costo para los usuarios y que sea rentable para los operadores.
La oportunidad para modernizar el sistema
La disponibilidad de las apps lejos de ser un problema o amenaza son una oportunidad para rediseñar un que da visibles muestras de estar agotado. Explotar la tecnología para organizar mejor el sistema es una oportunidad para aumentar la eficiencia. Esta es la vía para que simultáneamente mejore el servicio y la retribución a sus operadores.
Para lograrlo el camino no es imponer a las apps las regulaciones de un sistema que está desde hace mucho tiempo en crisis. Sino en sentido contrario, generar las condiciones para que los operadores del viejo sistema se incorporen a las nuevas modalidades. Más que poner énfasis en regular las apps, lo más constructivo es sacarle a los taxis las regulaciones que conspiran contra su rentabilidad y calidad.
En lugar de frenar la innovación, promoverla. Simplificar trámites, digitalizar procesos, eliminar cupos, liberar tarifas y aliviar la presión fiscal sobre quienes quieren trabajar legalmente. También es muy importante encontrar la manera de facilitar el acceso al crédito para renovar vehículos
Plantear una confrontación entre taxis y apps es inconducente. No se trata de que gane uno y pierda el otro. Se trata de que todos ganen, especialmente el destinatario del servicio: los usuarios. Prohibir apps no va a hacer que los taxis mejoren ni sean rentables. Pero liberar a los taxis del laberinto regulatorio en el que están atrapados sí puede hacer que todo el sistema funcione mejor.
*Economista de Idesa
