El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a través de su página oficial que detuvieron a dos mujeres en Villa María por ejercicio ilegal de la medicina y a una tercera por encubrimiento por brindar información y acompañar a mujeres que querían abortar.
Se trata de dos mujeres que pertenecen a la organización “Socorristas - Tribu Rosa” a quienes se las acusa de haber ejercido ilegalmente la medicina y una tercera mujer, médica, por el supuesto delito de encubrimiento.
La noticia causó conmoción dentro de las redes de socorristas que hay a nivel país y del activismo feminista y piden su inmediata liberación. “El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal”, indicaron desde la organización Socorristas en Red a la cual pertenece la organización de Villa María.
El comunicado del MPF indica que a mediados de noviembre la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María recibió información sobre el grupo “Socorristas -Tribu Rosa”, quienes realizan “abortos clandestinos “en esta ciudad de Villa María y que las potenciales víctimas se comunicaban a una línea telefónica pública donde era atendida por una persona que le indicaba el proceso.
“A partir de ello, se iniciaron actuaciones y se implementaron distintas medidas investigativas, con lo que se pudo corroborar suficientemente que existen varias miembros en este grupo investigado, las que fueron identificadas en su mayoría, que carecían de título habilitante en medicina y que con las potenciales víctimas concertaban una reunión en la que les indicaban la medicación a tomar para abortar, como hacerlo, suministrándole las pastillas, también les explicaban los efectos y que ante cualquier duda se les debía consultar a ellas antes de asistir a un nosocomio”, explicaron desde el MPF.
Por ello se iniciaron allanamientos a los domicilios donde secuestraron medicación y documentación.
“Ofensiva judicial”
En el comunicado de Socorristas en Red indicaron que lo sucedido en Villa María es un “acto de ofensiva judicial, violatorio de los derechos consagrados a dar y recibir información para el cuidado de la salud y una amenaza a los derechos democráticamente conseguidos y reafirmados en 2020 en la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto”.
“El escenario refleja una política criminal que persiste a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es legal. El Estado tiene responsabilidades internacionales, debe dar explicaciones del hecho y liberar de inmediato a las detenidas”, agregaron.
El abogado Sebastián Elia se constituyó como defensa de las tres mujeres y este jueves presentó recursos ante la jueza de control para exigir la inmediata libertad. “Las compañeras siguen privadas de su libertad a pesar de que se las acusa injustamente de delitos excarcelables”, indicaron desde la organización.
Por su parte, indicaron que las mujeres no estaban haciendo nada ilegal, ya que el aborto autogestionado está permitido: “Se desconoce que en todo el mundo el aborto autogestionado es seguro y es una decisión de quien cursa su embarazo. Y en la Argentina el aborto autogestionado es legal. Con acciones judiciales como las desarrolladas en Villa María, se criminaliza injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar, que son quienes desde hace años colaboran brindando información y acompañamientos”.
Por último culminaron: “Dar información y acompañar decisiones no es delito. A nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”.
