Varios países europeos han optado ya por implantar la vacunación obligatoria para las actividades sociales y de ocio como vía para luchar contra la variante Ómicron, que ha disparado los contagios y tensionado algunos sectores económicos por el incremento de bajas laborales.
El primero en hacerlo fue Austria, que anunció la inmunización obligatoria para todos los mayores de 18 años y que empezará a aplicarse a partir del 1 de febrero, con la amenaza de una multa máxima de 3.600 euros por año.
La medida, anunciada el pasado 19 de noviembre, ha generado varias protestas multitudinarias desde entonces, y ha sido respaldado por cuatro de las cinco formaciones con representación parlamentaria, todas salvo la ultraderecha.
En Francia
El Gobierno francés ha preferido evitar la obligación de vacunarse, pero impone en su lugar un certificado de vacunación que será necesario para muchas actividades de la vida social desde finales de esta semana, una vez que entre en vigor una nueva ley adoptada definitivamente por el Parlamento este domingo.
Con esa ley, habrá que demostrar tener la pauta completa de vacunación (lo que incluye la dosis de refuerzo siete meses después de las dos primeras inyecciones) para ir a un bar, un restaurante, al cine, a un espectáculo o a un estadio, pero también para utilizar los transportes públicos de largo recorrido (autobuses, trenes, aviones o barcos).
En Italia
Uno de los países europeos con las medidas más estrictas en materia de vacunación, Italia introdujo la obligación para los mayores de 50 años desde el pasado 7 de enero, una medida que se consensuó con dificultades entre las distintas fuerzas políticas que apoyan al Gobierno de Mario Draghi.
Además, desde el 10 de enero se pide la pauta completa o haber superado la enfermedad para acceder prácticamente a todas las actividades, desde el ocio hasta los medios de transporte, incluidos metro y autobuses, mientras que en el terreno laboral los menores de 50 años aún no tienen que estar vacunados para ir a trabajar, excepto categorías como fuerzas del orden, personal escolar y sanitarios.
En Alemania
Alemania aprobó en diciembre un proyecto de ley del gobierno de Olaf Scholz que impone la vacuna obligatoria en sectores laborales sensibles, como geriátricos o sanitarios. Planteaba plazos largos hasta hacerse efectiva la medida, hasta marzo, en atención al periodo preciso para tener la pauta completa.
En paralelo, Scholz insiste en la necesidad de implantar la vacuna obligatoria de modo general. Sin embargo, desde su gobierno se no ha presentado aún el correspondiente proyecto de ley. El propósito del canciller es que la regulación se apruebe con el máximo respaldo parlamentario, independientemente de la disciplina partidaria.
En Grecia
Alrededor de 300.000 griegos mayores de 60 años se verán obligados a pagar una multa de 50 euros por no vacunarse ni cerrar una cita para hacerlo, ya que este lunes venció el plazo que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis había dado en noviembre a este grupo de edad para que se inocule contra el coronavirus.
La multa será solo de 50 euros para enero, ya que la medida entró en vigor a mediados del mes, pero a partir de febrero los mayores de 60 años que sigan sin ponerse la inyección pagarán una multa de 100 euros por cada mes que sigan sin hacerlo.
En República Checa
República Checa decretó la vacunación obligatoria de ciertos empleados públicos, como sanitarios, soldados, asistentes sociales y policías, así como los mayores de 60 años, que deberían recibir el suero antes del 28 de febrero.
Esta medida, decretada en diciembre por el anterior gobierno de populistas y socialdemócratas, será revisada en febrero, cuando se espera la aprobación de un plan de vacunación no obligatorio “semejante al de la gripe”, avanzó el nuevo titular de Sanidad, Vlastimil Válek.
En Eslovenia
El Tribunal Constitucional esloveno suspendió a finales de septiembre una normativa que exigía estar vacunado o haber pasado el coronavirus si se deseaba trabajar de forma presencial en oficinas públicas.
Esa normativa adoptada por el Gobierno del primer ministro de derechas, Janez Jansa, debía entrar en vigor el 1 de octubre y fue recurrida por el Sindicato de Policías de Eslovenia, al considerar que se trataba de una vacunación obligatoria encubierta.
