Una alumna que fue víctima de violencia sexual por parte de un profesor fue, también, víctima de violencia simbólica por parte de la escuela que no hizo nada cuando ella comunicó la situación.
Así lo entendió el Juzado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4ª nominación de la ciudad de Córdoba, que calificó como violencia simbólica y psicológica el accionar de las autoridaddes escolares, según difundió el Poder Judicial.
La alumna cursaba 5° año cuando sucedieron los hechos: según su denuncia, un integrante del cuerpo docente le tocó un pecho durante una clase.
La adolescente, acompañada por su mamá, notificó a la directora y a la vicedirectora de lo sucedido, pero ellas no aplicaron ninguna acción concreta para apartar al agresor de la alumna ni para investigar lo sucedido, pese a que otras alumnas y hasta una preceptora había relatado episodios similares.
Por ello, la alumna recurrió a la Justicia para demandar al profesor y a la institución escolar.
Demanda judicial
En su resolución, la jueza Mariana Wallace ordenó que el victimario asista obligatoriamente a actividades psico-socio-educativas en el Centro Integral de Varones y remitió el expediente a la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2° Turno.
Asimismo, ordenó al colegio que desarrolle un protocolo de intervención temática e instancias de capacitación. La magistrada entendió que la escuela estaba obligada a denunciar este tipo de actos y, por eso, se considera parte a quienes intervinieron de “una u otra forma en su funcionamiento”.
Como reparación simbólica, la jueza dispuso que en el colegio se coloque una placa con un texto elaborado por la víctima que sirva como recordatorio del hecho.
Por acción o por omisión
La magistrada destacó el accionar de la adolescente, que “con extraordinaria determinación y temple soportó estoica los embates que las directivas le dirigieron para disciplinarla”.
Sin embargo, “no pudieron doblegarla”, y es debido a su accionar que “otras adolescentes van a poder transitar sus estudios secundarios sabiendo que ningún profesor puede tomarles del busto y ninguna persona del cuadro directivo puede omitir adoptar todas las medidas para preservarla de semejante atropello”, precisó Wallace.
“El colegio será una mejor institución a partir de L., que se gana el agradecimiento de sus pares y el respeto y admiración de otras mujeres que la miramos”, enfatizó la jueza.
Malas prácticas institucionales
En su resolución, la Wallace sostiene que el accionar del colegio constituye un ejemplo de “malas prácticas institucionales en materia de violencia de género”, y cuestionó que hubieran obligado a la joven a relatar reiteradamente lo sucedido, a seguir en contacto con el agresor y que incluso la sancionaran por exigir el respeto de sus derechos.
Consideró, además, que la escuela relativizó lo sucedido sin siquiera registrar en actas las reuniones mantenidas con la alumna y sus padres, y que no haya radicado la denuncia ni dado aviso al Ministerio de Educación.
“La sumatoria de esta acciones (enumeración no exhaustiva) configura el ejemplo de todo lo que no se debe haber en materia de violencia de género, ya que retardaron, obstaculizaron o impidieron el ejercicio de los derechos por parte de L., en lo personal y en su contexto, por lo cual se configura la violencia de género, tipo psicológica y simbólica”, concluyó la jueza.
