La palabra discapacidad se ha instalado en las últimas semanas como el principal tema de conversación pública en el país a raíz de las presuntas coimas que involucran a empresarios privados y a funcionarios de alto nivel, incluso Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, para la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los audios que se conocieron la semana pasada del ahora exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, instalaron la sospecha sobre semejante cuestión y ahora la Justicia debe dilucidar si lo que allí se dice es verdad o no.
Pero lo cierto es que las personas con discapacidad hace ya muchos meses que padecen una situación de maltrato sistemático que avanza sobre sus derechos más básicos. Y que en las últimas semanas, en dramática coincidencia con la filtración de los audios de Spagnuolo, se volvió aún más cruel y descarnada.
Al recorte sistemático sobre el acceso a medicamentos y a terapias de rehabilitación que necesitan recibir estas personas para convivir dignamente con su condición, se suma ahora la obligación dispuesta por la Andis de revalidar los requisitos y las condiciones para cobrar una mísera pensión por discapacidad.
El argumento del Gobierno libertario –tal como lo viene esgrimiendo desde que llegó al poder para avanzar con todo tipo de recortes– es que existirían irregularidades en el otorgamiento de dichos beneficios. Y como muestra de ello, aseguran que las pensiones por discapacidad crecieron de manera significativa en los últimos años. “Como si el país hubiera estado en guerra”, comparan con liviandad.
Y con esa justificación como toda explicación, en agosto dejaron de depositarles $ 260 mil (menos que un devaluadísimo salario mínimo, vital y móvil) a personas que necesitan de ese dinero para comprar sus remedios y pagar sus tratamientos. En la mayoría de los casos, sin que nadie les comunicara de manera fehaciente que habían perdido su pensión.
Así es como miles de personas con discapacidad están teniendo hoy que gastar tiempo y dinero que no tienen para presentarse en las oficinas de la Andis (en Córdoba capital, las largas colas en medio del frío se forman cada madrugada en 9 de Julio al 300) para reconfirmar que la pierna que perdieron sigue sin aparecer, que la vista que no tienen no se recuperó por arte de magia o que la configuración cromosómica incorrecta que dio origen a su síndrome de Down sigue allí.
Es duro decirlo así, pero es precisamente eso a lo que están exponiendo a estas personas de manera casi inhumana.
Se estima que entre el 10% y el 15% de los habitantes del país tienen alguna discapacidad inhabilitante de carácter permanente, una proporción que está en línea con el resto de los países del mundo. Algo menos de cinco millones de personas. Y según datos oficiales, el 4,5% de la población cuenta con el certificado único de discapacidad (CUD) que les permite acceder a medicamentos y a tratamientos con una cobertura especial, dadas sus particulares necesidades.
Es cierto que en los últimos años la población con CUD creció de manera importante, pero ello no ha tenido que ver con ningún conflicto bélico, sino con que a través de políticas activas se promovió que estas personas pudieran acceder a un derecho que está consagrado no sólo en la Constitución Nacional, sino en tratados internacionales con más de medio siglo de existencia.
No obstante ello, si existieran pensiones mal otorgadas –en un universo tan amplio, es probable que eso suceda y hasta que hayan sido otorgadas de manera irregular–, la solución no puede pasar por dejar a millones de personas sin su beneficio hasta que demuestren por enésima vez que efectivamente cumplen los requisitos para tenerlo.
Y todo esto en medio de un escándalo por presuntas coimas que involucra al círculo más íntimo del Presidente, que, de comprobarse, indicaría que al menos en esta área no es que “no hay plata”, sino que alguien se la está llevando indebidamente.
Es difícil imaginar una situación de mayor indefensión y de necesidad de ayuda que la de una persona con discapacidad. Pero es más difícil pensar que alguien les retacee su derecho a una pensión ínfima cuando al mismo tiempo se queda con un “vuelto” producto de una práctica corrupta.
