Un concejal cordobés propuso ampliar la figura de “prohibición de concurrencia” del Código de Convivencia, pensado para espacios cerrados, a los espacios abiertos, un perímetro en las calles de la ciudad, para los cuidacoches que hayan cometido infracciones sancionadas por el Código de Convivencia en la vía pública.
La idea del concejal Gabriel Huespe, del bloque Ciudadanos –un desprendimiento del PRO–, es regular la actividad de quienes son conocidos en Córdoba como “naranjitas”.
“La prohibición de concurrencia tal como está vigente hoy en el Código de Convivencia se circunscribe a ámbitos cerrados. Por eso, propongo redefinirla y ampliar el concepto a delimitar áreas de no concurrencia. En ese caso, el juez de faltas deberá delimitar un área y focalizar los controles con inspectores o guardia urbana en esas áreas puntuales”, explicó el edil capitalino.
“La sanción de prohibición de concurrencia consistirá en la interdicción temporal impuesta por el juez al contraventor de las normas de convivencia, autor de peleas, agresiones o insultos proferidos en la vía pública, espacios públicos o un establecimiento habilitado al uso público, quien en su caso podrá ordenar la mencionada interdicción delimitando las arterias de la vía pública o zona donde el contraventor no podrá concurrir. La interdicción para concurrir a establecimientos, espacios públicos o zonas determinadas de la vía pública donde hubiere protagonizado el incidente que diere origen a la sanción, tendrá un mínimo de siete días y un máximo de seis meses. La violación a la sanción de prohibición de concurrencia dará lugar a la aplicación de multa de 10 a 100 unidades de multa (U.E.M.)”, plantea el texto del proyecto.
Este tipo de restricción puede entrar en contradicción con el derecho constitucional de circular libremente, pero antes que esto hay una pregunta sobre su aplicabilidad. Huespe lo pone en manos de la Guardia Urbana y la Justicia de Faltas.
Se le preguntó si imaginaba el uso de tobilleras para detectar la presencia en el polígono restringido. “Es algo que si en el tratamiento en comisiones, con la presencia de fiscales se ve viable, estoy abierto”, dice el concejal.
Su proyecto de ordenanza tiene estado parlamentario, pero aún no entró en la agenda de discusión en las comisiones de Transporte público y Legislación general. Huespe entiende que la regulación de “naranjitas” es un tema de escala municipal, esto lo dice como respuesta a la propuesta del legislador Gregorio Hernández Maqueda de hacerlo por ley provincial.
“Entiendo que el Concejo Deliberante es un ámbito más adecuado que la Legislatura para tratar el tema porque hace al poder de policía municipal, al ordenamiento de la convivencia”, justificó.
El proyecto de Huespe parte de considerar como infracción la “exigencia de cobro” por parte de quienes no estén autorizados. Esto significa, con claridad, que quedan fuera de la sanción quienes cuiden “a voluntad” y las personas que ya han sido autorizadas (como las cooperativas).
“El espíritu no es estigmatizar, sino ordenar el asunto y la idea es circunscribir el tema a prevención más que a delitos”, remarca.
Propone, a su vez, “sancionar la connivencia cuando la exigencia de cobro es en eventos masivos”. Sobre este punto, Huespe busca extender la responsabilidad a los organizadores de estos eventos si se comprueba que existe algún grado de “connivencia”.
“Para el caso de que el titular o responsable del establecimiento resulte partícipe será considerado solidario en el pago de la multa con más una accesoria de clausura de siete a treinta días”, escribió Huespe.
No a la doble imposición
En algunos sectores de la ciudad de Córdoba se da el fenómeno de simultaneidad de cobro por el sistema el estacionamiento medido (SEMM) y por cuidacoches. El proyecto de Huespe establece que “en las cuadras donde se pruebe por cualquier medio que haya naranjitas” se exima al vecino de pagar el estacionamiento medido.
“Establézcase la prohibición de percepción o cobro de la tarifa de estacionamiento por parte de la empresa concesionaria del Sistema de Estacionamiento Medido en la Vía Pública en las zonas habilitadas a estos fines, en los casos en que se advirtiere la presencia de personas que pretendan cobrar a los conductores de vehículos que estacionen en la vía pública. La empresa concesionaria deberá ante estos hechos dar aviso inmediato al área responsable de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, a los fines de que esta arbitre los medios necesarios para hacer cesar la conducta en infracción. El conductor del vehículo que se encuentre ante la situación descripta en el párrafo primero quedará eximido del pago de estacionamiento medido y multa por falta de pago de estacionamiento, y será suficiente el descargo en el portal web oficial del Tribunal de Faltas mediante la carga de fotografías o cualquier documentación adjunta que decida acompañar”, plantea el proyecto de Huespe.
“Es conocida públicamente la inadmisible conducta de personas que sin estar debidamente autorizadas exigen a cambio de un supuesto cuidado de vehículos una colaboración o una tarifa determinada de forma unilateral, arbitraria e ilegal, utilizando la amenaza, amedrentamiento o violencia física a quien se niega a hacerlo”, describe Huespe. Esto es particularmente molesto en los sectores regulados con SEMM, donde también hay “naranjitas”.
La intención, fundamenta, es “garantizar los derechos que tienen los ciudadanos a transitar por la ciudad de Córdoba sin ser molestados o perturbados en su voluntad al momento de estacionar sus vehículos en la vía pública, a fin de evitar cualquier acto ilegítimo que lesione, restrinja, altere o amenace sus derechos. El estacionamiento en la vía pública de la ciudad de Córdoba es, por regla, libre y gratuito, a excepción de aquellas zonas que delimitadas geográficamente, se encuentran tarifadas mediante la concesión del sistema de estacionamiento medido en la vía pública, y por las cooperativas y las organizaciones no gubernamentales debidamente autorizadas; por lo cual el espacio público no concesionado para su explotación o no autorizado para su cuidado bajo cualquier modalidad hace que los conductores de vehículos puedan disponer libremente de su estadía, permanencia o tránsito sin que por ello deban cumplir obligación alguna de dar a cambio o de ejecutar conductas en particular, que no sean las determinadas por la legislación, el uso y las buenas costumbres”.
Reconversión laboral
“A los fines de atender este fenómeno urbano desde un punto de vista multicausal, es necesario afrontarlo no sólo de manera correctiva, sino también preventiva y paliativa, de manera que quienes encuentran en estas alternativas una manera de generar algún ingreso puedan, con capacitación y formación adecuada, sumarse a una alternativa formal. Por ello, el presente proyecto prevé que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda suscribir convenios con Universidades y diversas organizaciones de la sociedad civil para iniciar capacitaciones en oficios, que permitan a estas personas formarse para la ejecución de tareas que resultan de suma utilidad para sí mismos, las empresas y la sociedad”, expresa Huespe en uno de los últimos puntos de su iniciativa.
A su vez, afirma que “se prevé que las autoridades municipales intervinientes soliciten el auxilio de la fuerza pública, toda vez que al adherir la municipalidad de Córdoba mediante ordenanza N° 13.442 a la Ley Provincial N° 10.954, esta prevé en su artículo 20 las facultades que en aras de la buena convivencia corresponden a las Guardias Locales de Prevención y Convivencia".
Ya existen ordenanzas análogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el artículo 90 y siguientes del Código Contravencional de la Ciudad (Ley N° 1.472 y sus modificatorias), y la ciudad de Mendoza mediante la ordenanza N° 3.943, consigna la iniciativa de Huespe.
