Un colegio de la provincia de Misiones deberá pagarle casi un millón de pesos a un docente que fue despedido hace seis años por su orientación sexual. El damnificado, Julián Björklund (38), dijo que el dinero será destinado a una ONG que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Misiones. Ocurrió en una escuela privada de Oberá.
En 2016, Björklund trabajaba como profesor en dos colegios de su ciudad natal y había decidido que era el momento de casarse con su pareja, Alejandro Cabrera.
Cuando comunicó a una de las instituciones que no iba a sumarse al campamento que anualmente realizaban los alumnos porque coincidía con su boda, la respuesta no fue la esperada.
“Cuando le avisé al rector, se mostró sorprendido. Me dijo que creía que iba a pesar mi buen desempeño como docente, y después me contactó el representante legal, un pastor, que me comunicó la desvinculación inmediata”, recordó el hombre en comunicación con Clarín.
Julián es profesor de física y química, pero también es licenciado en criminalística. Actualmente se desempeña como rector de otro colegio de Oberá. Además, fue candidato a intendente de Oberá, donde tiene un emprendimiento comercial.
Al momento de la desvinculación, el representante legal del Instituto Privado Emanuel firmó un documento en el que se fijó el monto y modo de pago de la indemnización, pero allí también se asentó que Julián fue separado de su cargo “por el hecho de que la sexualidad del profesor no coincide con el ideario de institución”, y que la decisión se tomó para evitar “conflictos”.
Después que haber explicitado el motivo del despido, desde el colegio advirtieron que les podría generar un problema legal y convocaron nuevamente a Björklund.
Allí le ofrecieron adelantarle el pago de las cuotas de la indemnización a cambio de hacer una modificación en el documento. El docente no aceptó y acudió al Inadi por considerar que fue discriminado por su orientación sexual.
Cuando se conoció la noticia del casamiento del docente, el pastor que oficiaba de representante legal le cuestionó por no haber recurrido antes a la institución e incluso llegó a manifestarle que conocía personas que podrían haberlo ayudado a tratar su “problema”, en referencia a su homosexualidad.
Tras seis años, la Justicia estableció que el despido de Julián fue una acción discriminatoria que debía ser reparada. Por tal motivo, se fijó en 992.074 pesos el monto resarcitorio por daño moral.
