Este miércoles, tercera jornada de alegatos de las querellas en la causa del hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, los abogados Nicolás Ruades y Daniela Morales Leanza –querellantes en representación de seis mamás– hicieron su pedido de penas contra la enfermera Brenda Agüero y los 10 exfuncionarios del hospital y del Ministerio de Salud.
En el juicio que se desarrolla en la Cámara Séptima del Crimen de Tribunales II, en la Capital provincial, se analizan las muertes de cinco bebés y las descompensaciones de otros ocho entre marzo y junio de 2022.
Al inicio de la audiencia, los abogados indicaron que la prueba acumulada en la causa permite llegar al grado de certeza respecto de que Brenda Agüero atacó a los 13 bebés.
“En estos alegatos vinimos a poner en palabras el dolor de muchas familias y bebés, pero también de la sociedad”, dijo Ruades. Además, se refirió a los exfuncionarios: “El peor delito es que callaron”, agregó.
En la explicación, Morales Leanza repasó la pericia clínica de cada uno de los bebés y además el relato de las madres que, en su mayoría, reconocieron a Brenda Agüero como quien tomó contacto con sus bebés minutos después de los partos.
Luego, Morales Leanza hizo un repaso caso por caso de los que representan: el de F.A., hija de Justine Bustamante (del 24 de abril); I.V.F., hija de Gabriela González (26 de abril); G.H., hijo de Yazmín Barrionuevo (1 de mayo); M.E.T., hija de Ludmila Torres (6 de junio); Melody Luz Molina, hija de Brisa Molina (6 de junio), y D.P.M., hija de María Fernanda Martin (6 de junio).
Uno de los momentos más fuertes de la audiencia fue cuando se mostraron imágenes de los bebés: una foto daba cuenta de los tres pinchazos en el cuerpo de I.V.F., nacida el 26 de abril.
Además, se mostró otra imagen del bebé G.H. con el pinchazo punzante en una de sus piernas.
Los abogados también se refirieron a la situación posterior a las descompensaciones de los bebés: “I.V.F. tuvo que hacer controles luego. El último control en el hospital fue el 28 de junio, el mismo día que se entregó el informe de la investigación interna, pero nadie le dijo nada a la mamá”, remarcó Morales Leanza.
Con esto se refirió al destrato que sufrieron las familias a las que no se les dijo del contexto de la muerte de sus hijos, incluso en fechas en las que ya se sabía que los ataques eran intencionales.
Además, las madres y familias se enteraron de lo que sucedía a través de los medios.
Morales Leanza habló de la culpa que sentían las madres, sobre todo al desconocer la verdadera causa de la muerte o descompensación de sus hijos: “A algunas les preguntaron: ‘¿Qué le hiciste, mamá?’. A otras, si habían lavado bien la ropita, si no traían un bicho desde la casa, si no se les había caído el bebé“.
Respecto de D.P.M., sobreviviente nacida el 6 de junio y que sufrió serias secuelas en su espalda en el lugar donde fue inyectada, los abogados mostraron las fotos y dijeron: “Sabían que intentaron asesinar a esa beba. Registró un nivel de potasio de 12, el doble del nivel máximo. La beba tuvo que ser intervenida quirúrgicamente e hizo controles subsiguientes”, dijo, en referencia a que en esos días y meses posteriores nadie del hospital les informó.
“Esta beba tiene una escoliosis porque perdió parte del músculo; tiene dolores; tendrá que usar un corsé por años y va tres veces por semana a rehabilitación”, agregó Morales Leanza.
Se refirió en ese sentido a las consecuencias posteriores del presunto delito, que continúan hasta hoy y que afectarán de por vida a algunos de estos niños, como el caso de D.P.M., que en un mes cumplirá 3 años.
María, la mamá de D.P.M., junto al padre de la beba, escucharon con atención los alegatos. Llevaba puesta una remera que rezaba “Justicia por Pilar”. Al lado, tenía un cochecito en la que estaba “Paz”, la beba que ambos tuvieron la semana pasada.
“Es difícil poner en palabras el dolor. Cuando se nos muere un esposo, somos viudos; cuando se nos muere un padre, huérfanos; pero no hay palabras para nombrar a quien pierde un hijo”, remarcó Morales Leanza.
Responsabilidades funcionales
Luego, Ruades hizo una argumentación sobre las responsabilidades de los 10 exfuncionarios. Fue repasando las fechas con las actuaciones de los imputados e hizo fuerte recriminaciones a cada uno de ellos.
“Eligieron no actuar, no judicializar. Eligieron encubrir. Eligieron proteger la institución y protegerse ellos mismos. Ese silencio sistemático, ese actuar en bloque, fue otra forma de matar”, remarcó.
Luego de mostrar las imágenes de los bebés con pinchazos, dos de ellos nacidos en abril, Ruades preguntó: “Si en su vida como médicos habían visto pinchazos de esa forma, ¿no van a hacer nada? ¡No hicieron nada!“, remarcó para los casos de ese momento, que ya eran seis (dos muertes y cuatro descompensaciones).
Luego agregó: ”No emitieron una alerta, no cerraron el hospital. No lo hicieron porque no son los hijos de ellos, o los de sus amigos".
Para ese momento, se sospechaba que podía haber algo con la vitamina K y se cambiaron los lotes.
Luego del caso del 1 de mayo de G.H., quien presentó pinchazos, Ruades recriminó que no se hizo nada. “El testimonio de la doctora (Jimena) Tercelán fue muy valioso, pero allí ella tampoco hizo mucho”, dijo.
Recordó también una nota de Gómez Flores y Adriana Moralez dirigida a los entonces directivos Liliana Asís y Escudero Salama, en la que figura un resumen de los casos de descompensaciones inexplicables hasta ese momento. Ya eran siete casos, según el abogado.
Recriminó, además, que para el 11 de mayo, con el caso de J.L. que registró niveles de insulina de 3.520, incompatibles con la vida, no se tomaron medidas.
Ruades cuestionó en ese marco la reunión del 16 de mayo entre el fiscal Guillermo González, el forense David Dib y el subdirector del hospital en aquel momento, Escudero Salama.
El abogado indicó que al día siguiente de los ataques del 6 de junio ya se sabía que podía ser Brenda Agüero la señalada: “¿Cómo sabemos que ellos sabían de Brenda? Porque el 8 de junio fue el último día que ella fue a trabajar. En una reunión del 8 de junio se decidió que no tenía que volver al hospital y se le comunicó a ella esa decisión".
Allí comenzó la recriminación hacia los exfuncionarios del Ministerio de Salud con lo que se hizo tras esa fecha. “Había una intención de que no se sepa, que no saliera de acá”, sintetizó.
“La indignacion que genera esta causa es cómo han actuado de manera impune”, concluyó Ruades.
Las penas que pidieron fueron:
- Brenda Agüero: prisión perpetua
- Alicia Ariza: 5 años de prisión
- Liliana Asís: 6 años
- Diego Cardozo: 6 años
- Pablo Carvajal: 6 años
- Alejandro Escudero Salama: 5 años
- Alejandro Gauto: 4 años
- Marta Gómez Flores: 6 años
- María Alejandra Luján: 3 años y 6 meses
- Claudia Ringelheim: 5 años
- Adriana Moralez: 6 años
En ese sentido, adhirieron al pedido de penas del querellante Carlos Nayi, excepto el caso de Adriana Moralez, para quien pidieron un año más. También solicitaron que las condenas se hagan efectivas desde el día de la sentencia.
