El debate por la regulación de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Córdoba sumó un nuevo capítulo este martes con la presencia, por primera vez, de representantes de Uber, de DiDi y de Cabify ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante.
Mientras dentro del recinto se escuchaban posiciones a favor y en contra del proyecto oficial, afuera un nutrido grupo de taxistas y remiseros realizaba una protesta en rechazo a la legalización de esas plataformas.
La reunión, encabezada por el concejal Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), fue presentada como una nueva ronda de consultas en el proceso de análisis del proyecto de ordenanza, que ya cuenta con despacho de comisión.
Aunque no se abrió formalmente el debate, se escucharon las exposiciones de referentes de las plataformas, de choferes de apps y de representantes del sistema de taxis y remises.
Antonio Canale, de DiDi, advirtió que imponer un cupo de cuatro mil vehículos, como establece el texto oficialista, generaría “consecuencias negativas” al restringir la oferta de viajes, especialmente en los barrios más alejados.
“El sistema es dinámico. Si se congela, se perderá cobertura y se afectará a los usuarios de menores ingresos”, dijo. Señaló, además, que esa limitación dejaría fuera a entre siete mil y 13 mil conductores, con ingresos mensuales promedio de $ 800 mil.
Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, remarcó que en Córdoba hay más de 20 mil choferes activos en esa app, el 77% de los cuales trabaja menos de 20 horas semanales.
“Son personas que usan Uber para completar ingresos. Con el cupo, el 80% quedaría afuera”, afirmó. También criticó otras exigencias del proyecto, como la antigüedad máxima de 10 años para los vehículos y la licencia profesional, al considerar que ambas medidas excluyen a la mayoría de los conductores.
Desde Cabify, Ignacio Escuti coincidió en la necesidad de una regulación, pero sin barreras que vuelvan inviable el modelo.
Más voces
A su turno, María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como una herramienta de ordenamiento. “No es un capricho: en ciudades como Nueva York y México se aplicó para reducir el tráfico. Las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”, argumentó.
La discusión también dejó en evidencia las diferencias entre los propios choferes de aplicaciones.
Mientras José Bini sostuvo que “con cupo faltará oferta y se encarecerá el servicio”, Romina Lescano opinó que una regulación sin límites abre la puerta a un monopolio de empresas multinacionales. “El cupo garantiza calidad y sustentabilidad”, planteó, y sugirió que se definiera técnicamente a través de la Universidad Nacional de Córdoba.
Diego Quime, también conductor, expresó su preocupación por la posible pérdida de 20 mil puestos de trabajo. “El cupo desvirtúa la esencia de las apps, que se manejan por oferta y demanda”, sostuvo.
Del lado del sistema tradicional, Jorge Montes, de la Asociación de Permisionarios de Taxi, pidió que no se modificara el despacho ya aprobado. “No sé por qué se reabre el debate. Las apps quieren entrar por la ventana cuando nosotros hace 100 años que estamos regulados. Está bien que se habilite un auto cada 375 habitantes”, expresó.
Cristian Gutiérrez, de Auto Remis, fue más duro: acusó a las plataformas de precarizar el trabajo, falsificar cuentas y cobrar comisiones abusivas. “Vinieron a romper el sistema”, dijo.
Protesta afuera
En paralelo, taxistas y remiseros agrupados en una veintena de organizaciones realizaron una manifestación frente al Concejo Deliberante. Con carteles y cánticos, reclamaron que se rechazara la legalización de las apps.
“Quedan 21 días para luchar hasta el final. No a las tarifas que precarizan nuestro trabajo. No a los cupos limitados para las apps”, expresaron en un comunicado del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (Sipetaco), replicado por la Agencia de Noticias de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
La movilización fue impulsada bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”, y recibió el apoyo de agrupaciones como la Asociación Mutual de Taxistas Autoconvocados (Amta), la Asociación Mutual de Trabajadores de Remises Autoconvocados (Amtra), la Asociación Cordobesa de Titulares de Autos de Alquiler con Chofer (Actac), Atut Terminal, Mujeres Taxistas, Sireco, Auto Remis, Mundo Taxi y Taxi Libre, entre otras.
Cruces en la comisión
Dentro del recinto, también hubo momentos de tensión. La concejala opositora Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) acusó al presidente de la comisión de permitir el ingreso de referentes del taxi mientras dejaba afuera a choferes de plataformas.
“Ingresaron con actitud hostil e intimidatoria. El secretario general de los permisionarios incluso amenazó con que habría quilombo si no salía lo que ellos pedían”, denunció.
Rovetto insistió en eliminar el cupo y criticó que no se escuchara a los usuarios, a quienes consideró los principales beneficiarios de estas tecnologías. “Imponer un cupo o un precio mínimo es inaplicable y perjudicial”, afirmó.
En un comunicado, Uber valoró que se hubiera abierto el diálogo: “Pudimos exponer nueva información sobre el impacto del cupo, que generará menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera. Confiamos en que el Concejo pueda trabajar en una regulación que no deje a nadie en el camino”.
Desde Hacemos Unidos por Córdoba, Marcos Vázquez negó que se hubiera retrocedido en el proceso. “El diálogo es un avance. Queremos una letra que no convierta en inaplicable o inconstitucional la norma y que evite lo que ocurre en otras ciudades, donde las apps han destruido el transporte masivo”, sostuvo.
En diálogo con este medio, también señaló: “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirve para construir una mejor regulación”.
El concejal Javier Fabre (UCR) consideró que el principal obstáculo es el cupo. “Si lo fijás, creás un recurso escaso que se vuelve negociable, como ya pasó con las chapas de taxi. Eso no debe ocurrir”, dijo. Y advirtió que la medida podría ser objetada judicialmente por limitar la actividad privada. “El gran riesgo constitucional está en ese punto”, remarcó.
Claudio López, del Sindicato de Conductores de Taxis, también reclamó una reforma integral. “No alcanza con regular las apps. El municipio necesita crear un ente de fiscalización, agilizar los trámites, garantizar igualdad de condiciones. Si no se hace una reforma estructural, vamos al peor escenario”, apuntó.
La comisión seguirá en análisis, sin fecha aún para una definición.
