El director de la Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Tristán Quiles, dispuso abrir sumarios administrativos y disciplinarios contra los jueces de Ejecución Penal Gustavo Echenique Esteve y Facundo Moyano Centeno, y también contra la fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, Ingrid Vago.
Los tres funcionarios judiciales están cuestionados por decisiones que tomaron o por distintas omisiones y faltas de atención con Horacio Grasso, el preso que vivió en un departamento mientras estaba en prisión domiciliaria con un cadáver escondido en un placar del comedor, el cuerpo de la joven Milagro Basto.
Caso Grasso: TSJ abrió sumarios
La apertura del sumario administrativo es el paso que sigue a la conclusión de una investigación preliminar que encontró elementos para investigar la conducta de estos funcionarios. En Tribunales se suele entender que es la antesala de un juicio político.
Contra Echenique Esteve y Moyano Centeno ya hay pedidos de jury, presentados por los legisladores opositores Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica) y Alejandra Ferrero (UCR-Juntos por el Cambio).
Echenique Esteve es el juez de ejecución de Río Cuarto que le otorgó dos veces el beneficio de la prisión domiciliaria a Grasso, a pesar de que en ambas oportunidades los informes técnicos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) lo desaconsejaban. Lo hizo en 2019, primero, dando la supervisión de la custodia de Grasso a su madre.
Esto duró poco: Grasso volvió a prisión luego de ser denunciado por violencia de género y generar un escándalo en el momento en que era buscado para volver a la cárcel, trepándose por los techos de la vivienda donde estaba, en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.
A pesar de este antecedente, dos años después el mismo Echenique Esteve, con otro dictamen desfavorable del SPC, le otorgó el beneficio para vivir en un departamento que alquilaba su hermano, en Nueva Córdoba. En este lugar su referente de control era el portero. Echenique Esteve fue uno de los jueces del tribunal que absolvió a Marcelo Macarrón, el viudo, en el juicio que se hizo en Río Cuarto por el asesinato de Nora Dalmasso.
Las acusaciones contra Moyano Centeno llegan a partir de este cambio de domicilio, que transfiere la responsabilidad del seguimiento de su caso a su juzgado. En este departamento, los profesionales del Patronato del Liberado lo visitaron decenas de veces sin encontrarlo en el lugar.
A su vez, como Grasso tenía una tobillera electrónica era controlado por el área de monitoreo del SPC. Se notificaron más de 190 violaciones del perímetro, según consta en la investigación. Lo que tendrá que explicar Moyano Centeno es qué hizo con estas alertas: por qué no revocó la domiciliaria de Grasso con tantas advertencias de su incumplimiento.
Moyano Centeno, junto a Vago, también serán investigados para dilucidar qué pasó con otro episodio de inusual gravedad que habría ocurrido también en el mismo lugar de detención domiciliaria de Grasso: el abuso sexual de una persona de su entorno cercano.
Esa denuncia tuvo dos presentaciones en la fiscalía de Vago, a mediados de 2022 y a finales de 2023. La víctima de este episodio, representada por el abogado Carlos Nayi, prestó testimonio las dos veces, a pesar de quedar con graves secuelas psicológicas por el evento.
No se sabe si Vago informó a Moyano Centeno o no de esta denuncia, ni se conoce qué acciones concretas tuvo con esta causa que recién se habría activado luego del hallazgo del cuerpo de Milagros y la atribución que se hizo de su presunto asesinato a Grasso.
En esa causa por abuso sexual, Vago tiene a Grasso como sospechoso no imputado, a tenor del artículo 80 del Código Penal y aguarda resultados de distintos peritajes para decidir o no su imputación por el abuso sexual con acceso carnal.
“Destaco la decisión del Tribunal Superior de Justicia de avanzar en determinar todas las responsabilidades que puedan existir en los funcionarios que tuvieron participación en este caso”, remarcó con prudencia Nayi.
