Con pedidos de condena para los 11 acusados, terminaron este miércoles los alegatos de los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini en el megajuicio que se realiza en la Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, por las muertes y descompensaciones de 13 bebés en el hospital Materno Neonatal entre marzo y junio de 2022.
Para la enfermera Brenda Agüero, Ruiz Moreno pidió “la única pena posible” para los delitos que se le endilgan: prisión perpetua. Para los exfuncionarios, exautoridades del hospital y personal de salud del centro asistencial, el fiscal dividió en tres las responsabilidades. Concentró en la exdirectora Liliana Asís, la exjefa de Neonatalogía Marta Gómez Flores y el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama los mayores reproches y pedidos de penas de prisión efectiva.
Para el exministro Diego Cardozo, así como para el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exsecretario de Coordinación (a cargo de Legales) Alejandro Gauto, el pedido fue de tres años de prisión en suspenso. Esto mismo fue lo que se solicitó para la médica que estaba a cargo del Comité de Seguridad del Paciente, Adriana Moralez.
Para la exjefa de Tocoginecología y exsubdirectora del Neonatal Claudia Ringelgheim; para la médica María Alejandra Luján, y para la exjefa de Enfermería Alicia Ariza, Ruiz Moreno pidió penas redimibles con multas e inhabilitación temporal.
Ruiz Moreno también solicitó que se giren antecedentes para que se investiguen delitos “cometidos en este proceso” por la médica Valeria Quiroga, la abogada Mariana Figueroa y el también médico Sergio Lynch.
¿Estos pedidos marcan el techo de las condenas que pueden darse por las responsabilidades funcionales? ¿La ausencia de otros pedidos de remisión de antecedentes deja libres de ser investigadas actitudes de posibles encubrimientos u omisión de deberes de otros exfuncionarios ministeriales, autoridades hospitalarias, personal de salud o de las distintas instancias judiciales que intervinieron antes de que la denuncia efectivamente se comenzara a investigar en la fiscalía de Raúl Garzón?
La situación de Cardozo y los exfuncionarios ministeriales
Antes de pedir tres años de prisión en suspenso contra el exministro de Salud Diego Cardozo, Ruiz Moreno pareció dar los fundamentos de su absolución, antes que los de su condena. Dijo que Cardozo “dio una lección de integridad en su última declaración”.
“Escuché muchas referencias en este juicio de ‘entiendo el dolor de las madres’, pero el único aporte concreto, sin importar las consecuencias que le podrían acarrear, lo dio el doctor Cardozo cuando dijo que no tenía dudas de que existieron ataques intencionales contra todos los bebés”. Incluso, Ruiz Moreno habló de que no sólo sus hijos sino toda la sociedad debería recordarlo no por estos eventos, sino por haber sido el ministro que lideró el trabajo heroico de los equipos de salud en la pandemia de Covid.
Los jueces no pueden condenar por encima de lo que pide un fiscal, pero hay una excepción, que es muy probable que se dé en este juicio: los abogados querellantes, en representación de las víctimas, pueden introducir el pedido de mayores condenas. Y es lo que casi seguro hará Carlos Nayi, abogado que representa a madres que perdieron hijos en el Neonatal que abrirá la ronda de alegatos de querellantes el próximo lunes y planteará el caso en un marco de “violencia institucional”.
Hay un antecedente cercano de una condena que salió con penas que excedían el pedido fiscal, admitiendo el de la querella particular: la prisión perpetua contra el exdirector de Defensa Civil provincial Diego Concha, para quien la fiscalía había pedido 20 años de prisión por abuso sexual calificado y terminó condenado a perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio.
La situación de quienes no estuvieron acusados
El fiscal Ruiz Moreno pidió la revisión de antecedentes por presuntos falsos testimonios de Quiroga, Figueroa y Lynch. Pero no solicitó que se sume a otros exfuncionarios ministeriales ni autoridades del hospital ni personal médico a las acusaciones por responsabilidades funcionales. Era muy esperado este tramo de su alegato por quienes alguna vez estuvieron investigados como “sospechosos no imputados” en la instrucción: la exdirectora de Maternidad e Infancia Marcela Yanover y el exdirector de Hospitales de Capital Esteban Ruffin. También generó alivio entre distintos médicos que tuvieron roles y actuaciones similares a los de otros que sí están acusados.
En particular, existía una expectativa para saber si Ruiz Moreno pediría que se investigue qué pasó en la fiscalía que recibió los dos primeros casos, el 6 y el 7 de junio, a cargo de Jorgelina Gutiez, quien era subrogada por Silvana Fernández. Y también si a pesar de que se trata de una causa que tiene pendiente su resolución de archivo, si haría alguna referencia a la reunión que tuvieron el 16 de mayo —cuando para Ruiz Moreno ya se había iniciado el ocultamiento que derivó en encubrimiento en el hospital—Escudero Salama, el fiscal Guillermo González y el director del Instituto de Medicina Forense Moisés David Dib.
En sus alegatos, Ruiz Moreno exculpó a la primera fiscalía al decir que, como se trataba de dos denuncias sin contexto, inconexas, no podía advertir la fiscalía la gravedad de la situación. Sin embargo, procedió con las medidas de resguardo de la prueba, como la realización de la autopsia y otros elementos que contribuyeron a la causa.
Sobre la reunión en Tribunales, el fiscal cargó toda la responsabilidad en Liliana Asís y Marta Gómez Flores, quienes instruyeron a Escudero Salama que hable de pinchazos y descompensaciones, pero “que eran temas sanitarios, que lo dejara bien en claro y que no se relacionan con ninguna muerte”.
¿La serie criminal involucra los 13 casos?
El momento que parte aguas en el juicio del Neonatal es la intervención de los peritos independientes Néstor Vaín, Julio Trentadúe y Luis Ferrari, quienes como consultores en el informe interdisciplinario establecen que hay absoluta certeza de ataques homicidas en cinco casos de la serie y dudas o falta de información suficiente para llegar a la misma conclusión en el resto de los eventos de descompensaciones o de muertes.
Las argumentaciones de los fiscales Ruiz Moreno y Ballestrini apuntaron a sostener la serie completa apoyándose en testimonios, pruebas documentales y otros informes que darían cuenta de un mismo contexto criminal. Para los acusadores, no hay dudas en ninguno de los casos, desde U.M. y Francisco Calderón, el 18 de marzo, a los cuatro eventos del 6 de junio, de que forman parte de una misma serie criminal, que tiene como autora a Brenda Agüero. La presencia de ella en todos los casos, los reconocimientos de madres y personal médico, los informes criminológicos y el perfilamiento psicológico fueron, en las exposiciones, los elementos que se usaron para formar la argamasa que une los casos.
La definición sobre cuáles son los hechos que se consideran parte de la serie homicida en la sentencia no sólo tiene impacto sobre la situación de Brenda Agüero, sino sobre las acusaciones a las exautoridades del hospital, el personal de salud e, incluso, los exfuncionarios. El primero de los casos en el que la pericia científica no deja dudas de que se trató de un intento de homicidio es el de J.L., del 11 de mayo, un niño recién nacido que registró valores de insulina sólo compatibles con un suicidio o un intento de homicidio. Y los bebés no se suicidan.
El agravamiento de los pedidos de condena contra las autoridades hospitalarias se centra en las evidencias que advierten que desde el 1 de mayo ya existe una hipótesis de una “mano negra”, y que en lugar de continuar los análisis de causa raíz y el involucramiento del personal en la búsqueda de respuestas, se pasa al hermetismo y el ocultamiento, según los fiscales.
