“Hay voluntad política de abordar el tema”. La frase de Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, podría ser la génesis de un cambio de la normativa vigente sobre las muertes por ahogamiento en ríos y lagos debido a los sucesivos hechos que se produjeron en los últimos meses.
Los legisladores tomaron nota del crecimiento de muertes y lesiones por ahogamientos y las dificultades que tienen los agentes de Seguridad Náutica en los operativos de prevención, y durante el receso presentaron diferentes proyectos de ley en la materia.
Incluso la última semana la recientemente conformada Comisión de Seguridad, presidida por Fernández, recibió a funcionarios provinciales para comenzar a trabajar en lo que en palabras de la legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba serían “dos bloques”: por un lado una nueva ley de Seguridad Náutica y por el otro sobre Prevención, rescate, y salvamento acuático.
Sobre estos temas dialogaron con el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner; el director de Seguridad Náutica, Adrián Berelejis; y el director de Protección Civil, Germán Barrera.
Más control a las embarcaciones
En la actualidad la norma que regula el uso y matriculación de embarcaciones tiene más de cincuenta años. La ley 5.040 del año 1968 quedó obsoleta y en la práctica la Dirección de Seguridad Náutica trabaja mediante resoluciones. “Con las situaciones que se suscitan en la navegación, los agentes necesitan una herramienta legal fuerte para actuar”, expresó Fernández.
Considerada como prioritaria por la vicepresidenta del cuerpo legislativo, su proyecto de ley que tomó como base una propuesta de la exlegisladora Laura Villalba, tiene por objetivo una normativa de avanzada en el control de la actividad náutica para disminuir los riesgos de accidentes por conductas negligentes o evasivas.
El proyecto de ley sujeto a modificaciones establece la habilitación de sitios para el ingreso y egreso diferenciado de las embarcaciones, funciones específicas de la Policía, habilitaciones temporarias y por única vez, la validez o no de las licencias de otras jurisdicciones, el uso de los salvavidas, la prohibición de la navegación en espejos de agua privados, entre otros puntos.
Berelejis sostuvo la importancia de actualizar la normativa con una legislación completa. “En el 68 no teníamos ni las actividades, ni las escalas, ni las conductas sociales actuales que incluyen el consumo de alcohol o sustancias dentro de las embarcaciones”, puntualizó. Y agregó: “Es importante aprovechar la oportunidad para una solución general y no intentos puntuales”.
Guardavidas como agentes de seguridad
El otro proyecto de ley que finalmente se discutiría en los próximos meses en la Legislatura es sobre un ordenamiento y control en la prevención, rescate, y salvamento acuático.
Córdoba sancionó en 2001 la ley 8.939 que regula la actividad de los guardavidas pero nunca fue reglamentada. La norma es meramente enunciativa y en la práctica su alcance es limitado.
La legisladora radical Ariela Szpanin se mostró optimista con el avance del proyecto de su autoría en la Comisión de Seguridad y la posibilidad de trabajar en conjunto con las otras fuerzas políticas. “Es una urgencia y una necesidad esta regulación, y también que los municipios adhieran”, sentenció.
Entre los puntos más destacables del proyecto, se promueve la creación del Observatorio Provincial de Guardavidas (OPG), presidido por el Ministerio de Seguridad, con representantes del Ministerio de Salud, Agencia Córdoba Deportes, Ministerio de Educación, Agencia Córdoba Turismo, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y Secretaría de Gestión del Riesgo Climático y Catástrofe.
El OPG debe desarrollar un Plan de Prevención, Seguridad, Salvamento y Rescate Acuático y su revisión anual, formular denuncias por incumplimiento de la ley, diagramar campañas de concientización ciudadana, llevar un registro de accidentes en el ambiente acuático entre otras obligaciones.
Además se impulsa la creación del Registro de Guardavidas de la Provincia de Córdoba, un control sobre la formación y requisitos para el ejercicio de la profesión y establecer responsabilidades de organismos públicos y titulares de instalaciones privadas.
Por último se advierte que los prestadores de servicios turísticos deberán contar con la aprobación de sus respectivos programas de seguridad un mes antes del inicio de las actividades.
“Un punto sensible es la autonomía de los municipios en la contratación de guardavidas. Hay que estudiarlo jurídicamente”, expresó Fernández. Sin embargo, consideró necesario avanzar en una tarea coordinada con las localidades turísticas que ofrezca una infraestructura segura para residentes y turistas.
“Si vas a habilitar un balneario y explotar comercialmente el lugar tenés que tener bañistas sí o sí”, argumentó.
Compromiso de tratamiento
Schreiner, quien además de su función pública tiene una destacada trayectoria como bombero voluntario, instó a los legisladores a trabajar en conjunto. “Queremos trabajar en el antes, incrementar las campañas de prevención, hacerlas mucho más fuertes”.
Además destacó la importancia de un sistema ordenado que delimite la responsabilidad de cada persona que interviene en los operativos de seguridad.
“Estamos dispuestos a no dejar pasar los meses, es el momento para hacer los cambios necesarios”, argumentó Fernández.
La intención del oficialismo es que las leyes salgan por consenso y con el respaldo del Ejecutivo provincial. “Si vemos que se puede hacer conjuntamente lo vamos a hacer. Hay voluntad política, se trata de seguridad pública, no podemos dejar todo a la libertad individual”, finalizó Fernández.
