Un traumatólogo del Hospital Nacional de Clínicas que fue sobreseído junto con otro médico, por una estafa inexistente con una prótesis de un paciente, demandó a su empleador por $ 40 millones por los supuestos daños y perjuicios acarreados.
Rodolfo César Calfin, especialista en traumatología y ortopedia, demandó al nosocomio por supuestos daños moral y emergente a raíz de la investigación interna en la que el abogado instructor de la Dirección de Sumarios de la Universidad Nacional de Córdoba, Nicolás Andrés Pérez Giraudo, aconsejó tanto su cesantía como la del otro médico interviniente, Marcelo Toconas.
La demanda quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado ya remitió la demanda a la Nación, que aún no la respondió.
El sumario y la causa penal
La investigación administrativa en la UNC –casa de estudios de la que depende el hospital– comenzó cuando el hijo del paciente de 83 años, que requería una cirugía de artroplastia total de cadera izquierda, solicitó al hospital el reintegro de los $ 400 mil que había pagado de forma particular por una prótesis importada.
Explicó que adquirió la prótesis de procedencia italiana porque Calfin y Toconas le dijeron que la prótesis asignada por el Pami a su padre jubilado había sido colocada en otro paciente.
Siempre según su versión, dijo que los médicos le manifestaron que debía comprar aquella prótesis de forma particular y le recomendaron dos ortopedias para hacerlo, ya que eso permitiría “acelerar los tiempos” de la cirugía y reducir los dolores.
El hombre, en presencia del asesor legal del hospital, reiteró sus dichos y exhibió el presupuesto del implante que había abonado.
El entonces director general del Clínicas, Alberto José Pons, se comunicó con el quirófano para saber lo sucedido, y la encargada del área de Instrumentación Quirúrgica negó los dichos del denunciante y dijo que al paciente se le había colocado la prótesis provista por la firma nacional Prisma (pedida por Pami).
El hospital confirmó que en la historia clínica y en la foja quirúrgica se encontraban las copias de los stickers de la prótesis nacional, y que Calfin había firmado el certificado del implante.
En la historia clínica también figuraba una nota en la que Calfin hizo firmar al hijo del paciente una conformidad de no solicitar el reintegro del monto de la prótesis importada, según consta en la causa a la que accedió La Voz.
Pons notificó de la presunta irregularidad al entonces decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Rogelio Pizzi, y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC. En paralelo con el sumario interno, la UNC presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal N° 1 para que se investigara la eventual comisión de un delito.
El fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, a cargo temporalmente de la Fiscalía N° 1, de Enrique Senestrari, imputó a los médicos por presunta defraudación. Ambos negaron los hechos.
Hairabedian planteó que habían engañado al hijo del paciente, por lo cual el hombre abonó una prótesis importada cuando al padre le habían implantado la nacional. La hipótesis del fiscal era que se habían apoderado del implante foráneo y que, incluso, no había sido localizado durante los allanamientos.
En consecuencia, pidió al juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, que dictara sus procesamientos. Sin embargo, el magistrado dictó la falta de mérito para los médicos y ordenó que la investigación se profundizara.
Dijo que había dudas sobre si efectivamente habían incurrido en un delito, ya que en el libro de registro de cirugías constaban cinco stickers de productos: dos de Prima, dos de la empresa Gruppo Bioimpianti SRL y uno de la compañía Tecres SpA (estas últimas dos, de origen italiano).
Es decir, que de la foja quirúrgica del paciente surgía que los cinco elementos mencionados habían sido utilizados en la cirugía. El juez valoró el descargo de Toconas cuando explicó que los implantes de cadera tienen dos componentes –uno femoral y otro acetabular– y que la prótesis importada era sólo la parte acetabular. De esta forma, resaltó que al paciente le implantaron tanto el componente importado como el nacional.
El médico también puntualizó que durante el acto quirúrgico participaron los técnicos asistentes de las empresas de las dos prótesis y que cada una contenía los stickers (colocados en la foja quirúrgica, el libro de cirugía, el certificado de implante y la certificación de trazabilidad).
Toconas destacó que la utilización de las prótesis es “intransferible”, debido a que existe un trámite para la entrega y la colocación en un paciente, lo que lo vuelve “exclusiva”. De este modo, indicó que era imposible que la prótesis asignada al paciente hubiera sido utilizada en otro.
El fiscal Senestrari pidió al juez sobreseer a los médicos, al considerar que no había delito. Fundó su decisión en que, de acuerdo con los registros del hospital, se utilizaron las dos prótesis, lo que además se pudo comprobar en las imágenes posquirúrgicas.
También citó el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que por el tipo de afección del paciente se podían “compatibilizar” los componentes femular y acetabular, práctica “usual” por los “costos o por faltantes”.
Finalmente, el juez sobreseyó a Calfin y a Toconas en 2024.
Demanda contra el Clínicas
Una vez cerrado el proceso penal, Calfin demandó al Clínicas por $ 40 millones por presuntos daños y perjuicios. “La acusación –un hecho falso e inexistente– me trajo innumerables trastornos anímicos (…) como consecuencia del infundado e injustificado comportamiento evidenciado por los representantes legales del hospital”, dijo, con patrocinio de los abogados Diego Bobatto y Marcelo Guitman.
Adujo haber visto afectada su reputación, con las “nefastas consecuencias” en su entorno profesional, familiar y social, al tener que explicar que no había cometido ningún delito.
Además, dijo que no puede reponerse aún de haber sido “humillado” por la denuncia y por la trascendencia del caso, lo que afectó sus actividades sociales y de recreación.
Calfin sostuvo que para llegar a la verdad, hubiera sido “suficiente” con consultar a los asistentes técnicos de las empresas de prótesis que intervinieron, para tener un “conocimiento más acabado” del asunto.
“Pero nada de ello se hizo; se actuó de manera salvaje, desconsiderada, alocadamente, en pos de hacer valer ‘su verdad’”, agregó. “Se advierte con evidente claridad que todos los estamentos administrativos del Estado fallaron de manera grosera y burda. Nadie tuvo la suficiente inteligencia ni el conocimiento de investigar el hecho imputado con seriedad profesional. Todo fue ‘a las apuradas’, sin medir las nefastas consecuencias que dicha denuncia podría acarrear”, dijo.
En duros términos atacó el sumario interno en el que se aconsejó la cesantía de él y de Toconas con argumentos “absolutamente arbitrarios, desprovistos de todo bagaje probatorio, con clara interpretación viciosa” y con “análisis parcializados, antojadizos y caprichosos”.
Según consta en la investigación de la UNC, el sumariante dedujo que la prótesis importada fue retirada por el técnico de la firma para luego revenderla a otro paciente, por lo que daba por “acreditada” la “maniobra” entre los médicos y el técnico.
Calfin cuestionó que ni siquiera fue citado en sede administrativa para defenderse de las presuntas dádivas, beneficios o ventajas de esa supuesta relación.
