El Concejo Deliberante de Córdoba tratará este jueves en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza clave para el futuro urbanístico de la ciudad.
Se trata de la propuesta enviada por el Departamento Ejecutivo, que crea un nuevo marco normativo para los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad, con el objetivo de ordenar el crecimiento, frenar la expansión desbordada y establecer reglas claras para la inversión pública y privada.
La iniciativa plantea un rediseño integral del sistema de intervención urbana. Agrupa tres grandes capítulos de instrumentos: los de planificación (planes por barrio, zona, áreas degradadas o de integración); los de concertación (como los convenios urbanísticos, ahora con nuevas exigencias, y los Polígonos de Actuación Concertada); y los de sostenibilidad (que regulan criterios ambientales y urbanos).
Busca consolidar áreas existentes, regenerar sectores con problemas, orientar la densificación y reforzar la capacidad estatal para conducir transformaciones con previsibilidad.
El miércoles pasado, el texto recibió despacho de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo, y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
La votación contó con el respaldo de Hacemos Unidos por Córdoba y del bloque de la UCR. Con esa base, el proyecto quedó listo para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa venía siendo debatida desde hace semanas, tras su presentación formal por parte del Ejecutivo. En ese proceso se realizaron exposiciones técnicas y se recibieron aportes de organizaciones sociales, vecinales, académicas y del bloque radical.
Como resultado, se introdujeron 42 modificaciones al texto original, que abarcan desde los objetivos generales hasta definiciones técnicas, condiciones normativas y procedimientos de aplicación.
En el artículo 3°, que fija los objetivos de la ordenanza, se incorporó que la dotación de instrumentos urbanísticos debe estar alineada con la Carta Orgánica Municipal.
Se reemplazó la mención de cooperación “entre sector público y privado” por “entre los distintos actores sociales”, y se sumó un nuevo objetivo que vincula la implementación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat.
Se agregó también la definición de “Planificación Urbano-Sectorial”, que abarca planes dirigidos a zonas o sectores con problemáticas comunes, y se reformuló la definición general de los instrumentos para reforzar el enfoque consensuado y sostenible.
Participación y evaluación ambiental
El artículo 10° establece que si un instrumento modifica condiciones normativas deberá ser aprobado por ordenanza, con audiencia pública previa. También fija que la autoridad de aplicación debe garantizar mecanismos de difusión y participación ciudadana.
Además, en el artículo 11° se incluyeron exigencias como la descripción cualitativa del área de intervención, un diagnóstico integral con variables sociales, patrimoniales, ambientales y de movilidad, la definición de objetivos medibles, instancias de participación y un informe de evaluación ambiental.
Nuevas condiciones para planes por zona
El proyecto contempla cinco tipos de planes: Planes Urbanos Interjurisdiccionales, Planes Integrales de Zona, Planes de Barrios, Planes de Regeneración Urbano-Ambiental (Parua) y Planes de Integración Socio-Urbana (Paisu). En todos los casos se reforzó el enfoque sectorial y se definieron escalas de actuación coherentes con las necesidades de cada sector.
En los artículos 12 al 16 se ajustaron las definiciones y objetivos para cada tipo de plan, incorporando criterios de equidad, articulación interjurisdiccional y coherencia con la estructura urbana existente.
Convenios urbanísticos bajo control
Uno de los cambios más esperados fue el que afecta a los convenios urbanísticos. El artículo 17° indica que deberán alinearse con instrumentos de planificación vigentes, ubicarse en zonas con aptitud urbanística y cumplir objetivos sostenibles e integrales.
El artículo 22° fija que la participación del municipio en la valorización no podrá ser inferior a un porcentaje del beneficio generado, con metodología clara y detallada.
Se creó un artículo específico (28°) que establece que todos los convenios deberán ser ratificados por ordenanza tras una audiencia pública. También se reguló la transferencia de convenios a terceros, que deberá informarse al Concejo.
Polígonos concertados con nuevas exigencias
Los Polígonos de Actuación Concertada (PAC) son áreas donde el municipio puede promover el desarrollo urbano a cambio de mayores aportes privados.
El proyecto regula su creación, establece condiciones mínimas para acceder a beneficios como mayor altura o densidad, y fija límites no superables.
Los artículos 36 a 43 introducen nuevos criterios técnicos, diagnósticos previos, justificación dentro de planes sectoriales, condiciones de factibilidad cloacal, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.
También se habilita a que cada PAC defina su propio plazo de vigencia y modo de integración de beneficios.
Sostenibilidad transversal
El capítulo final incorpora instrumentos de sostenibilidad que apuntan a mejorar la calidad ambiental del entorno urbano. Se incluyeron condiciones sobre diseño bioclimático, permeabilidad del suelo, captación de agua de lluvia y movilidad sostenible.
También se limitó la aplicación de estos instrumentos a zonas con red cloacal o factibilidad técnica, y se precisó que los proyectos deberán contribuir explícitamente a los objetivos definidos en la ordenanza.
Camino al recinto
El tratamiento del proyecto en el recinto se dará este jueves, con expectativas de aprobación. Desde el oficialismo destacaron que se trata de una herramienta “estratégica” para modernizar el sistema de planificación de Córdoba, que no recibía una reforma integral desde 1985. El respaldo del radicalismo terminó de consolidar la mayoría necesaria.
El debate legislativo marcará un punto de inflexión sobre cómo se proyecta el desarrollo urbano en la capital provincial: con instrumentos integrados, nuevas reglas para la concertación y mayores exigencias ambientales y participativas.
La norma, según las autoridades, busca sentar las bases para una ciudad más densa, sostenible y planificada.
